El periodista cubano José Luis Tan Estrada, actualmente en el exilio, remitió una misiva a la universidad donde cursa estudios Gabriela Fernández Álvarez, presentadora del espacio televisivo ‘Con Filo’, programa conocido por su línea oficialista y sus reiterados ataques contra disidentes, periodistas independientes y activistas de derechos humanos en Cuba. Tan Estrada ha aclarado expresamente que su intención no es solicitar que se impida a Fernández Álvarez continuar sus estudios, sino llamar la atención de la institución académica sobre el papel que esta figura desempeña en la maquinaria propagandística del régimen de La Habana.
La iniciativa de Tan Estrada se inscribe en una práctica cada vez más frecuente entre periodistas y activistas cubanos en el exilio: la de señalar públicamente ante instituciones internacionales, académicas y gubernamentales las actividades de figuras que, desde posiciones de poder mediático en la isla, han participado en campañas de descrédito, hostigamiento y criminalización de ciudadanos críticos. La carta, cuya difusión ha generado debate en redes sociales y medios de la diáspora, busca poner en conocimiento de la comunidad académica el perfil y la trayectoria de una estudiante que en Cuba ejerce como vocera de un programa con un historial documentado de agresiones verbales contra opositores.
‘Con Filo’ es uno de los espacios más visibles dentro del aparato mediático controlado por el gobierno cubano. Emitido por el canal Cubavisión y producido bajo la órbita del Instituto Cubano de Radio y Televisión (ICRT), el programa se ha distinguido por su tono beligerante y su función de herramienta de propaganda política. A lo largo de sus emisiones, sus presentadores y colaboradores han identificado reiteradamente a periodistas independientes, artistas, activistas y ciudadanos comunes como «mercenarios», «contrarrevolucionarios» o «agentes del enemigo», etiquetas que en el contexto cubano han precedido con frecuencia detenciones arbitrarias, procesos judiciales sin garantías y actos de repudio.
El papel de los medios oficialistas en la represión
La acción de Tan Estrada adquiere relevancia en el marco de una preocupación más amplia sobre el rol que los medios de comunicación estatales desempeñan en el sistema represivo de la dictadura cubana. Diversas organizaciones internacionales de derechos humanos, entre ellas Human Rights Watch, Amnesty International y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), han documentado cómo la televisión, la radio y la prensa oficialistas en Cuba funcionan como instrumentos de difamación sistemática contra quienes disienten del régimen. Estas campañas de descrédito, que a menudo incluyen la exposición de datos personales, domicilios y números de identidad, han sido señaladas como parte de una estrategia de hostigamiento que el Estado despliega para aislar, silenciar y eventualmente criminalizar a los críticos.
En este contexto, figuras como Gabriela Fernández Álvarez no son vistas simplemente como presentadoras de un programa de opinión, sino como engranajes de un aparato de comunicación que el régimen utiliza para legitimar la represión. Los periodistas exiliados que han sufrido en primera persona las consecuencias de estas campañas —desde la pérdida de empleo y el acoso familiar hasta el exilio forzado— consideran que es deber ético señalar ante la comunidad internacional la naturaleza de estas actividades, especialmente cuando las personas involucradas acceden a espacios académicos, profesionales o institucionales en el extranjero.
Tan Estrada, quien tuvo que abandonar Cuba debido a la persecución política y las limitaciones impuestas a su ejercicio profesional, ha sido enfático al subrayar que su carta no constituye un llamado a la censura ni a la negación de oportunidades educativas. Su argumento, según ha explicado, se basa en el derecho de las instituciones académicas a contar con información completa sobre el perfil de sus estudiantes, especialmente cuando estos han participado en actividades públicas que podrían entrajar responsabilidades éticas o de derechos humanos. La distinción es relevante: no se trata de impedir el acceso a la educación, sino de promover la transparencia y el debate sobre la responsabilidad individual en el marco de sistemas autoritarios.
El exilio cubano y sus estrategias de denuncia
La carta dirigida por Tan Estrado se produce en un momento de creciente activismo por parte de la diáspora cubana. En los últimos años, la comunidad exiliada ha desarrollado múltiples estrategias para visibilizar la realidad de la isla más allá de sus fronteras, incluyendo la presentación de denuncias ante tribunales internacionales, la solicitud de sanciones a funcionarios del régimen implicados en violaciones de derechos humanos, y la exigencia de rendición de cuentas a figuras del aparato propagandístico que intentan abrirse camino en instituciones extranjeras. Esta dinámica responde, en parte, a la imposibilidad de obtener justicia dentro de Cuba, donde el sistema judicial está subordinado al poder político y no existe independencia para investigar o sancionar abusos cometidos desde el Estado.
El caso de ‘Con Filo’ y de sus presentadoras no es aislado. Otros programas y espacios mediáticos oficialistas, como ‘Mesa Redonda’, ‘Buenos Días’ y las diversas cuentas de redes sociales alineadas con el gobierno, han sido señalados por su papel en la construcción de narrativas que justifican la represión. Durante las protestas del 11 de julio de 2021, los medios estatales desempeñaron un papel central en la desinformación, minimizando la magnitud de las movilizaciones, criminalizando a los manifestantes y legitimando la respuesta represiva de las fuerzas de seguridad. Más de tres años después, cientos de personas procesadas en relación con aquellas protestas permanecen en prisión, mientras que los presentadores y comentaristas que justificaron públicamente esa represión continúan en sus cargos sin consecuencia alguna.
Responsabilidad individual y debate ético
La iniciativa de Tan Estrada plantea una cuestión de profundas implicaciones éticas: ¿hasta qué punto las personas que participan voluntariamente en aparatos de propaganda de un régimen autoritario deben rendir cuentas de sus acciones, incluso cuando estas se desarrollan en el marco de funciones aparentemente «profesionales»? El debate no es exclusivo de Cuba. En procesos de transición democrática en otros países —desde la Alemania postnazi hasta las naciones del bloque soviético tras la caída del Muro de Berlín— la cuestión de la responsabilidad individual de quienes colaboraron con sistemas represivos, incluso desde posiciones no directamente vinculadas a la violencia física, ha sido objeto de extensos análisis jurídicos, históricos y morales.
En el caso cubano, este debate se complica por la persistencia del régimen y por la ausencia de cualquier mecanismo interno de rendición de cuentas. Quienes han participado en la difamación de ciudadanos, en la justificación de detenciones arbitrarias o en la legitimación de procesos judiciales viciados no enfrentan actualmente consecuencia legal alguna dentro de la isla. Es esta imposibilidad la que ha llevado a muchos exiliados a buscar vías alternativas, incluyendo la denuncia ante instituciones extranjeras, como única forma de señalar que la impunidad, si bien puede ser la norma dentro de Cuba, no tiene por qué extenderse a los espacios internacionales donde estas figuras aspiran a formarse, trabajar o establecerse.
La respuesta de la universidad receptora de la carta, así como la reacción de la comunidad académica y de la opinión pública del país donde se encuentra la institución, será un elemento a observar en los próximos días. Lo que sí resulta evidente es que la acción de Tan Estrada forma parte de una tendencia creciente: la diáspora cubana ya no se conforma con denunciar la represión desde la distancia, sino que comienza a exigir que las consecuencias de las acciones de quienes sirven al régimen —incluso desde los estudios de televisión— no queden confinadas a la isla. La transparencia, sostienen, es el primer paso hacia la justicia, y la educación, si bien es un derecho universal, no debe ser un refugio donde se borren antecedentes públicos de participación en campañas de hostigamiento contra ciudadanos indefensos.
