La dictadura cubana ha desatado una nueva ola de indignación tras solicitar una pena de ocho años de prisión contra dos pastores de la Iglesia Asambleas de Dios en la Isla de la Juventud. Los líderes religiosos enfrentan cargos de desacato y desobediencia tras protestar en un tribunal militar por la negativa de las autoridades a reconocer las pruebas médicas que acreditan la incapacidad psiquiátrica de su hijo para cumplir el Servicio Militar Activo (SMA), de carácter obligatorio en la isla desde la década de 1960.
Luis Guillermo Borjas Navarro y su esposa, Roxana Rojas Betancourt, fueron arrestados tras intervenir en la vista judicial celebrada contra su hijo, Kevin Lay Laureido Rojas. El joven había sido reclutado de manera forzosa por las autoridades de la isla, pese a presentar diagnósticos de trastornos psiquiátricos que lo inhabilitan para la vida castrense. Incapaz de soportar las condiciones del servicio obligatorio y el entorno militar, el joven abandonó la unidad y regresó a su hogar, donde posteriormente fue arrestado y sometido a un consejo de guerra bajo el cargo de deserción.
Durante el desarrollo del juicio, los pastores presentaron ante la fiscalía militar los informes clínicos que documentaban el estado de salud mental de su hijo. Sin embargo, el tribunal desestimó la documentación médica, ignorando los protocolos básicos de salud y obligando a los familiares a una respuesta desesperada. Ante lo que consideraron una evidente injusticia procesal, los religiosos protestaron verbalmente, advirtiendo a los fiscales que, al actuar de manera arbitraria, tendrían que enfrentarse a la justicia de Dios.
La reacción del aparato judicial militar fue inmediata y desproporcionada. Según denunció la activista Yaiset Rodríguez Fernández, quien recopiló los testimonios de fuentes cercanas al caso, la Fiscalía alegó que en el tribunal militar estaba prohibido hablar de Dios o de la justicia divina, argumentando que la única justicia válida era la impartida por ellos. Bajo este pretexto, el régimen de La Habana imputó a los pastores los delitos de desacato y desobediencia, criminalizando la fe y el legítimo derecho a la defensa familiar frente a un abuso de poder.
La represión institucional ha golpeado con dureza a la familia. Aunque la pastora Roxana Rojas Betancourt fue liberada horas después debido a que padece una afección cardíaca que se agravó por la detención, su esposo, Luis Guillermo Borjas Navarro, permanece encarcelado en condiciones de absoluta incomunicación. Las denuncias indican que a los familiares no se les permite verlo, comunicarse con él ni llevarle alimentos, una práctica habitual de la dictadura cubana para quebrar la moral de los presos y sus familias antes de los juicios. La vista legal contra el pastor está prevista para el próximo 9 de junio.
La Iglesia Asambleas de Dios de Cuba se ha visto obligada a pronunciarse ante la gravedad de los hechos. A través de un comunicado publicado en sus redes sociales oficiales, la institución religiosa confirmó la detención de sus miembros y solicitó oración, expresando de manera cautelosa su esperanza de que la situación sea «un malentendido». Esta declaración refleja el clima de autocensura y temor que impera entre las organizaciones religiosas en la isla, las cuales sufren constante vigilancia, regulación y hostigamiento por parte del ejecutivo cubano.
Contexto de represión y objeción de conciencia
Este caso no es un hecho aislado, sino que se enmarca en un creciente rechazo popular al Servicio Militar Obligatorio. La indignación ciudadana se ha agudizado en los últimos meses, especialmente tras la tragedia registrada el 7 de enero en un almacén militar en Melones, provincia de Holguín, donde nueve jóvenes reclutas perdieron la vida. El silencio oficial, la falta de transparencia en la investigación y el hermetismo en torno a este incidente evidenciaron la vulnerabilidad de los jóvenes conscriptos y la indolencia de las autoridades militares frente a la pérdida de vidas humanas.
El reclutamiento forzoso se ha convertido en una herramienta de control social por parte del gobierno cubano. Organizaciones de la sociedad civil, agrupaciones evangélicas y activistas de derechos humanos han intensificado sus demandas para que se respete el derecho a la objeción de conciencia, un derecho amparado por instrumentos internacionales que el Estado cubano ignora sistemáticamente. Exigen, además, el fin del reclutamiento de jóvenes que padecen enfermedades físicas o psicológicas, quienes son tratados como criminales por deserción cuando, en realidad, son víctimas de un sistema que ignora su dignidad y su salud.
Antecedentes y criminalización de la fe
Históricamente, la dictadura cubana ha mantenido una política de subordinación y control absoluto sobre las manifestaciones religiosas. A través de la Oficina de Atención a los Asuntos Religiosos del Comité Central del Partido Comunista, el régimen monitorea, regula y sanciona las actividades de las iglesias. Cualquier pronunciamiento que cuestione la autoridad del Estado o que invoque principios morales superiores a la ideología oficial es rápidamente catalogado como contrarrevolucionario, lo que expone a los líderes religiosos a persecución, decomiso de propiedades, multas y encarcelamiento.
La utilización del delito de «desacato» es una táctica recurrente en el arsenal represivo del régimen de La Habana. Esta figura jurídica, ampliamente condenada por organismos internacionales de derechos humanos por violar la libertad de expresión, permite criminalizar cualquier crítica o muestra de disconformidad hacia los funcionarios públicos o las instituciones del Estado. En el caso de los pastores de la Isla de la Juventud, el desacato se ha utilizado para silenciar una protesta legítima frente a un abuso de poder militar, demostrando que la justicia en Cuba opera como un apéndice del aparato represivo sin independencia alguna.
Crisis estructural y desgaste demográfico
La crisis estructural que atraviesa la isla ha provocado un éxodo masivo sin precedentes, despojando al país de su juventud. Ante la escasez de voluntarios para el Servicio Militar, las autoridades han incrementado las redadas y el reclutamiento forzoso en zonas rurales y urbanas, recurriendo a la intimidación policial para mantener las filas de las Fuerzas Armadas. La economía colapsada, la inflación galopante, el desabastecimiento crónico y la falta de libertades han generado un rechazo generalizado hacia las instituciones militares, vistas por la población como guardianes de un modelo político fracasado y no como defensores de la soberanía nacional.
La petición de ocho años de prisión contra Luis Guillermo Borjas Navarro y su esposa representa un duro golpe a la ya mermada libertad de culto y expresión en Cuba. La comunidad internacional y las organizaciones defensoras de los derechos humanos deberán mantener la vigilancia sobre el juicio del próximo 9 de junio, ya que el resultado de este proceso sentará un peligroso precedente sobre la criminalización de la fe y la impunidad con la que los tribunales militares operan en la isla. Mientras tanto, la sociedad civil cubana continúa exigiendo el cese de la represión institucional y el respeto irrestricto a los derechos fundamentales de sus ciudadanos.
