La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba incluyó en su listado de represores a cuatro funcionarios de la Unión de Jóvenes Comunistas y el Partido Comunista en Camagüey, señalados de liderar los actos de repudio contra el jefe de misión de Estados Unidos, Mike Hammer. La organización responsabiliza a la dictadura cubana de orquestar estas agresiones, las cuales suponen una grave violación de las convenciones diplomáticas internacionales.
Los identificados son Yoel Santiesteban López y Yolanda Molina Castillo, dirigentes de la UJC, así como Elsy Consuelo Tamayo López, del Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba (PCC), y Dayanny Francés Ferrera, también de la UJC. Según el informe de la organización, estos individuos participaron activamente en el hostigamiento sufrido por el diplomático estadounidense el 31 de enero frente al hotel Santa María, en medio de uno de los recurrentes apagones que azotan a la isla.
Durante el incidente, documentado gracias a la colaboración de activistas locales y el periodista exiliado José Luis Tan Estrada, Hammer fue rodeado por simpatizantes que profirieron insultos y consignas como \»terrorista\» o \»fuera de Camagüey\». El comunicado añade que Francés Ferrera grabó la retirada del diplomático el 1 de febrero, lanzando improperios contra la comitiva por no abandonar la zona a pie. La Fundación adelantó que otros cuatro funcionarios y militantes del PCC serán incorporados a este registro en los próximos días.
Violación de la Convención de Viena y crisis institucional
Estos episodios de violencia política no son hechos aislados, sino una táctica recurrente de la dictadura cubana para intimidar a figuras internacionales y disidentes. El uso de actos de repudio, amparado por las autoridades de la isla, refleja la profundidad de la crisis institucional y la falta de libertades que atraviesa el país. En este contexto de deterioro social y colapso de los servicios públicos, el gobierno cubano recurre a la movilización de sus bases políticas para desviar la atención de las verdaderas causas de la crisis nacional.
La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba ha subrayado que el accionar del régimen constituye un incumplimiento directo de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, que obliga al Estado receptor a proteger la dignidad e integridad de los acreditados. Ante la impunidad actual, la organización advirtió que estos registros servirán como evidencia para futuros procesos de justicia transicional, instando a los implicados a abstenerse de participar en nuevas acciones represivas que podrían acarrearles consecuencias legales en una Cuba democrática.
