Una minúscula pero simbólica importación de cemento desde Estados Unidos a Cuba, valorada en menos de 6.000 dólares, ha destapado un intrincado esquema de privilegios, evasión de sanciones y desvío de fondos de cooperación internacional que beneficia directamente a la familia del exmandatario Raúl Castro y a la élite del régimen de La Habana. La operación, que elude las restricciones del embargo mediante licencias otorgadas a empresas de paquetería, contrasta de manera obscena con el colapso de la industria cementera nacional y la imposibilidad de los cubanos comunes para acceder a materiales de construcción básicos.
Según los datos publicados por el Observatorio de la Complejidad Económica (OEC), para agosto de 2023 Estados Unidos se había consolidado como el sexto país con mayor volumen de exportaciones hacia la isla, con un pago total de 366 millones de dólares. Aunque el grueso de esta cifra corresponde a carnes de aves y cerdo, leche en polvo, café y automóviles, destaca una importación específica de cemento por un valor de 5.870 dólares. Esta cifra, que representa apenas unas 35 toneladas métricas, es insignificante en términos macroeconómicos si se compara con las miles de toneladas que el gobierno cubano adquiere anualmente de Panamá, Canadá, España o Turquía, pero resulta reveladora del modus operandi de la nomenklatura.
La trazabilidad de esta carga demuestra que, a pesar del discurso oficial que culpa al embargo estadounidense por el colapso de la infraestructura nacional, sí existe un flujo de materiales de construcción provenientes de suelo americano destinados a obras de la élite. Fuentes consultadas en el sector logístico confirmaron que la calidad del cemento producido en EE.UU. es superior, y que su importación se facilita al ampararse bajo la categoría de «paquetería» en lugar de carga convencional, un vacío legal explotado hábilmente por el régimen de La Habana.
La ruta logística: Apacargo y el monopolio militar
El transporte de estas toneladas de cemento no se realiza a través de canales convencionales, sino mediante Apacargo Express, una empresa de envíos a Cuba establecida en Miami y fundada en Panamá en 2010 por el cubanoamericano Eduardo Aparicio. Esta entidad, registrada también a nombre de su esposa, Belkis Fenibersi, goza de un tratamiento excepcional por parte de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros de EE.UU. (OFAC), habiendo obtenido en abril de 2023 una segunda licencia para el envío de tractores, camiones, remolques y equipos agrícolas. Esta peculiaridad le permite a la compañía posicionar cargas en puertos cubanos con una celeridad inusual.
El éxito operativo de Apacargo radica en sus conexiones directas con las empresas estatales que monopolizan el comercio exterior en la isla. La propia empresa se promociona como el primer exportador de equipos médicos para Medicuba, operando sin intermediarios de terceros países gracias a sus vínculos con Transcargo, Aerovaradero y Aerogaviota, todas pertenecientes a la corporación militar GAESA, así como con la Agencia Aduanal y Transitaria Palco, adscrita al Consejo de Estado. Esta simbiosis entre el capital privado en el exilio y el aparato militar dictatorial facilita el tránsito de mercancías selectas hacia los centros de poder.
Antecedentes: El Centro Fidel Castro y el desvío actual
El uso de Apacargo para importar cemento de alta calidad desde Estados Unidos no es un hecho aislado de 2023. Un funcionario de la Oficina del Historiador de La Habana, bajo condición de anonimato, confirmó que a mediados de 2019 se recurrió a esta misma vía para importar cemento especial y otros materiales destinados a la restauración de la casona en El Vedado que hoy ocupa el Centro Fidel Castro. La operación, amparada en la figura del difunto Eusebio Leal y en «grupos de amigos», evidenció tempranamente cómo la dictadura cubana instrumentaliza agencias de envíos para evadir las restricciones económicas y abastecer sus proyectos ideológicos y patrimoniales.
Sin embargo, el destino del cemento importado en 2023 difiere del proyecto anterior. Investigaciones lograron determinar que esta carga arribó a la Terminal de Contenedores de la Zona Especial de Desarrollo del Mariel (ZED) y, aunque la Oficina del Historiador figuraba como intermediaria, el material estaba vinculado a obras ejecutadas por miembros de la familia del dictador. Los fondos provenían de los Proyectos de Desarrollo Local (PDL), un esquema que hasta 2024 fue financiado por la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación en Cuba.
Lo que comenzó como una iniciativa de cooperación internacional para el desarrollo comunitario en los municipios de Playa, Plaza de la Revolución y Habana Vieja, terminó desviándose de manera fraudulenta. El cemento estadounidense se utilizó en la reparación de locales para «empresas privadas» afines al régimen y, lo más alarmante, en la construcción, reparación y ampliación de al menos dos viviendas en el exclusivo reparto Siboney. Una de estas propiedades coincide con la residencia ocupada por la nieta de Raúl Castro, evidenciando cómo la cooperación internacional es saqueada para enriquecer y garantizar el confort de la familia del exgobernante.
Contexto: El colapso cementero y la crisis habitacional
Este escándalo de corrupción y privilegios cobra una dimensión aún más grave al contextualizarse en la profunda crisis estructural que sufre Cuba. Mientras la familia Castro y la cúpula militar importan cemento de lujo desde Estados Unidos, la producción nacional del material se desploma. Las cifras oficiales indican que la producción cementera en la isla ha caído por debajo de las 250.000 toneladas anuales. Esta cantidad representa menos de la mitad de lo que se producía en 1959 y ni siquiera alcanza el 40% de los niveles registrados a principios de la década de 1990, durante la crisis del Período Especial.
El abandono de la industria nacional por parte del ejecutivo cubano ha provocado un deterioro acelerado del parque inmobiliario e infraestructural del país. El déficit habitacional supera las 800.000 viviendas, y los derrumbes de edificios en La Habana y otras provincias se han vuelto una tragedia cotidiana. Para el ciudadano común, adquirir una bolsa de cemento en el mercado formal es una quimera; el material solo está disponible en el mercado informal, a precios exorbitantes impagables con el salario medio estatal, y proviene en su mayoría del robo sistemático de los inventarios estatales.
La dictadura cubana ha desmantelado las capacidades productivas de la isla, priorizando el control político sobre el desarrollo económico. La falta de mantenimiento en fábricas de cemento como las de Mariel o Siguaney, la falta de incentivos a los trabajadores y la centralización burocrática han llevado a que un país rico en materias primas tenga que importar el material básico para sostener sus edificaciones. En este escenario de escasez generalizada, las élites del régimen se blindan, creando una economía paralela de lujo financiada con remesas, fondos de cooperación y negocios opacos con empresarios en el exilio.
Implicaciones y respuesta institucional
La revelación de este esquema pone en entredicho la seriedad de los proyectos de cooperación internacional en Cuba. Organismos como la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación, así como otras entidades europeas y latinoamericanas, deben ejercer un escrutinio riguroso sobre el destino final de los fondos entregados al gobierno cubano. La historia reciente demuestra que la ausencia de auditorías independientes permite que los recursos destinados al desarrollo local terminen financiando la opulencia de la cúpula castrense y la familia gobernante.
Asimismo, este caso expone las contradicciones del discurso oficial respecto al embargo. Las autoridades de la isla utilizan las sanciones económicas como justificación universal para todos los males del país, pero a la vez toleran y promueven redes de importación desde territorio estadounidense cuando se trata de satisfacer las necesidades de la clase política. Esta hipocresía institucionalizada profundiza la brecha de descontento social en una población que sufre apagones diarios, inflación galopante y la imposibilidad de reparar sus hogares precarios.
El futuro de la industria de la construcción en Cuba depende de una apertura económica real y de la rendición de cuentas, elementos incompatibles con la naturaleza del actual sistema autoritario. Mientras persista el monopolio de GAESA sobre el comercio exterior y la impunidad de la familia Castro continúe siendo la norma, los recursos de la isla seguirán siendo desviados hacia Siboney y otras fortalezas de la élite, dejando al resto de la nación sumida en el escombro material y moral. La comunidad internacional y los actores económicos involucrados, como Apacargo, deben ser cuestionados por su rol en la sostenibilidad de un sistema que privilegia a los opresores en detrimento de los oprimidos.
