El gobierno de Jamaica ha emitido permisos de trabajo individuales a más de 50 enfermeros cubanos que formaban parte de la Brigada Médica en la isla caribeña, consolidando la transición hacia un modelo de contratación directa que margina al régimen de La Habana. Esta decisión se suma a los más de 40 profesionales que ya habían decidido no regresar a Cuba, elevando a más de 90 el número de sanitarios con contratos independientes tras la ruptura del convenio bilateral.
El ministro de Salud y Bienestar de Jamaica, Christopher Tufton, confirmó a medios locales que el nuevo grupo ha solicitado y obtenido los permisos correspondientes para reincorporarse al sistema público de salud. Con esta incorporación, Jamaica busca mitigar su escasez de personal sanitario, al tiempo que abandona un esquema de cooperación que resultaba lesivo para los derechos laborales de los profesionales extranjeros. La ruptura del acuerdo bilateral en marzo evidenció prácticas irregulares por parte de las autoridades de la isla, quienes retenían los pasaportes de los médicos y captaban los salarios en dólares, dejando a los trabajadores solo con pagos por horas extras.
Demoras y asimetrías en el proceso de regularización
A pesar del ofrecimiento abierto de Kingston para vincular a los interesados mediante contratos individuales, el trámite ha enfrentado obstáculos burocráticos. Trabajadoras consultadas bajo anonimato señalaron que existe una marcada diferencia entre quienes se quedaron inicialmente en Jamaica y aquellos que regresaron a Cuba para luego aceptar la invitación. Mientras los primeros ya cuentan con residencia y empleo garantizado, los segundos enfrentan demoras de hasta ocho semanas para la emisión de los permisos y deben someterse al derecho de admisión discrecional de cada hospital.
El desmoronamiento de un modelo de control estatal
La cancelación del programa de cooperación médica por parte de Jamaica responde a la incompatibilidad del modelo cubano con la legislación laboral local y los convenios internacionales del trabajo. La dictadura cubana ha sostenido durante décadas un sistema de exportación de servicios médicos que ha sido catalogado por organismos internacionales como una forma de trata laboral, al privar a los profesionales de su libertad de movimiento y de la justa retribución por su trabajo. La decisión jamaicana de contratar de forma directa representa un duro golpe a esta fuente de ingresos que el régimen de La Habana utiliza para paliar la profunda crisis económica que sufre la isla.
El éxodo de profesionales de la salud y la renuencia de terceros países a participar en esquemas de intermediación estatal subrayan el aislamiento institucional del ejecutivo cubano. A medida que más naciones optan por la contratación directa y respetuosa de los derechos laborales, la dictadura pierde una de sus principales fuentes de captación de divisas. Para la ciudadanía cubana, este colapso del programa médico internacional no solo evidencia la insostenibilidad del modelo económico impuesto, sino que agrava el desabastecimiento interno y la precariedad de un sistema de salud nacional que ha sido despojado de su capital humano más valioso.
