El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) analiza implementar una nueva regulación que prohibiría a la mayoría de los solicitantes de asilo, incluidos miles de cubanos, obtener permisos de trabajo mientras sus casos migratorios se resuelven. La propuesta, que alteraría una política vigente desde hace tres décadas, busca eliminar supuestos incentivos para el abuso del sistema, pero amenaza con dejar en una profunda vulnerabilidad económica a quienes huyen de la persecución política y la crisis estructural de la isla.
Según informaron a CBS News funcionarios del DHS bajo condición de anonimato, la medida en fase de deliberación suspendería indefinidamente el acceso a la autorización laboral para los asilados. Actualmente, la ley permite a los migrantes solicitar un permiso de trabajo 150 días después de iniciar su trámite de asilo, recibiéndolo 30 días más tarde si su caso permanece sin resolución. Esta política ha sido una tabla de salvavidas para cientos de miles de personas que, al llegar a territorio estadounidense, necesitan insertarse en el mercado laboral para sobrevivir y enviar ayuda a sus familiares en sus países de origen.
La nueva normativa condicionaría la entrega de permisos a que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (USCIS) resuelva todos los casos de asilo en un promedio de 180 días. Sin embargo, esta exigencia choca frontalmente con la realidad burocrática del sistema. Una auditoría federal reveló el año pasado que más del 77% de las solicitudes ante USCIS llevaban más de 180 días sin respuesta, y casi el 40% permanecían estancadas después de dos años. Además, aunque se lograra esta meta, los solicitantes tendrían que esperar un año completo, en lugar de seis meses, para poder acceder a un permiso laboral.
El Departamento de Seguridad Nacional ha evitado pronunciarse abiertamente sobre el proceso, pero en declaraciones a la prensa señaló que la administración anterior «destruyó la integridad del sistema de asilo» y que actualmente se exploran todas las opciones para proteger la seguridad nacional y mitigar el fraude. Para el ejecutivo estadounidense, la iniciativa busca cortar de raíz los incentivos que, a su juicio, llevan a muchos migrantes a utilizar la figura del asilo simplemente para obtener empleo legal en el país.
Endurecimiento migratorio y colapso del sistema
Esta propuesta se inscribe en una ofensiva más amplia de endurecimiento del sistema migratorio durante el segundo mandato de Donald Trump. Desde su retorno a la Casa Blanca, el presidente ha dotado a los agentes fronterizos de facultades para ejecutar deportaciones sumarias, apelando a una declaración de «invasión» migratoria. Organizaciones proinmigrantes han impugnado estas órdenes de emergencia, argumentando que violan las leyes estadounidenses e internacionales sobre el derecho al asilo. Si se implementa, la restricción de permisos de trabajo afectaría tanto a quienes tienen casos pendientes ante USCIS como a aquellos que enfrentan procesos de deportación en los tribunales migratorios supervisados por el Departamento de Justicia.
El asilo en Estados Unidos está diseñado para proteger a extranjeros que demuestran persecución por motivos de nacionalidad, raza, religión, opiniones políticas o pertenencia a un grupo social. En la última década, las solicitudes se han disparado, con USCIS gestionando actualmente alrededor de 1,5 millones de peticiones, mientras los tribunales migratorios procesan otros 2 millones de casos. Defensores de los derechos de los migrantes advierten que cortar el acceso al trabajo no solo perjudicará a los solicitantes, sino también a la economía estadounidense. Como señala Conchita Cruz, codirectora ejecutiva del Asylum Seeker Advocacy Project, estos migrantes desempeñan roles cruciales, desde médicos hasta personal de limpieza en hospitales.
Antecedentes de una política restrictiva
La iniciativa no es inédita. Durante su primer mandato en 2020, la administración Trump ya había emitido una normativa similar que buscaba alargar el período de espera y elevar los requisitos para obtener permisos laborales. Aunque aquellas medidas enfrentaron batallas legales, reflejan una línea ideológica constante: disuadir la migración irregular limitando las comodidades o beneficios legales una vez que los migrantes están dentro del país. La diferencia ahora radica en la escala del problema, con un sistema migratorio al borde del colapso por el volumen de solicitudes acumuladas y la lentitud de los tribunales.
Impacto directo sobre la diáspora cubana
Para la comunidad cubana en Estados Unidos, esta posible regulación representa una amenaza inminente. En los últimos años, el éxodo masivo desde la isla ha colocado a Cuba como uno de los principales países de origen de migrantes llegando a territorio estadounidense, ya sea a través de la frontera sur o mediante rutas marítimas. Los cubanos que solicitan asilo argumentan, en su gran mayoría, persecución política, represión y violaciones sistemáticas de derechos humanos por parte de la dictadura cubana. La imposibilidad de trabajar legalmente durante un año o más dejaría a miles de compatriotas en un limbo económico, dependiendo de la caridad o de trabajos informales para subsistir.
Esta situación adquiere una gravedad aún mayor si se considera que el régimen de La Habana ha transferido la responsabilidad de la supervivencia de la población a la diáspora. Las remesas enviadas por los migrantes cubanos se han convertido en el principal sostén de miles de familias en la isla, frente a una economía fracturada por la inflación galopante, el desabastecimiento crónico de alimentos y medicinas, y el colapso total del sistema eléctrico. Un bloqueo a los permisos de trabajo en EE.UU. no solo pauperizaría a los recién llegados, sino que estrangularía el flujo de ayuda hacia sus familiares en Cuba, agravando la crisis humanitaria interna que el gobierno cubano se niega a reconocer y resolver.
El contexto del que huyen los solicitantes de asilo cubanos no puede obviarse. Tras las protestas históricas del 11 de julio de 2021, la dictadura cubana endureció su maquinaria represiva, implementando encarcelamientos arbitrarios, juicios sumarios y un hostigamiento constante a la sociedad civil. La falta de libertades fundamentales y la imposibilidad de prosperar en un sistema económico de corte estatista han empujado a profesionales, obreros y jóvenes a abandonar el país. Al negarles la posibilidad de trabajar en el país que los acoge temporalmente, la política migratoria estadounidense corre el riesgo de castigar a las víctimas de la represión, dejándolas sin medios para integrarse mientras sus casos se evalúan.
Consecuencias a futuro y la balanza de la política migratoria
El debate sobre los permisos de trabajo para asilados se da en un momento crucial para la política migratoria de Estados Unidos. Mientras el gobierno de Trump busca disuadir la llegada de nuevos contingentes mediante medidas punitivas, la realidad demográfica y económica del país sigue requiriendo fuerza laboral. Para los cubanos, la medida se traduce en un escenario de incertidumbre jurídica y penuria económica. A futuro, la implementación de esta norma podría forzar a muchos asilados a abandonar sus procesos y optar por rutas irregulares de empleo, exponiéndolos a la explotación laboral, o bien, aumentar la presión sobre organizaciones no gubernamentales y gobiernos locales para atender una población creciente sin ingresos. La comunidad internacional y las organizaciones de derechos humanos tendrán en sus manos el reto de monitorear cómo estas políticas afectan a quienes huyen de regímenes autoritarios como el cubano, en busca de la libertad y la dignidad que les fueron negadas en su tierra.
