El régimen de La Habana reaccionó con dureza a la imputación formal del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra Raúl Castro y otros altos mandos por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate en 1996. A través de declaraciones oficiales, el ejecutivo cubano intentó desestimar el proceso legal calificándolo de maniobra política y reivindicando la acción militar como \»legítima defensa\».
Miguel Díaz-Canel utilizó su cuenta en la red social X para arremeter contra la justicia estadounidense, tildando la acusación de \»acción política, sin ningún basamento jurídico\». El mandatario defendió la actuación de las fuerzas armadas de la isla el 24 de febrero de 1996, argumentando que el ataque se produjo tras \»sucesivas y peligrosas violaciones\» del espacio aéreo. Asimismo, sostuvo que el proceso busca justificar una supuesta agresión militar contra el país y acusó a Washington de manipular los hechos históricos.
Horas más tarde, el periódico oficial Granma publicó una declaración atribuida al llamado \»Gobierno revolucionario\», donde las autoridades de la isla aseguraron que Estados Unidos \»carece de legitimidad y jurisdicción\» para llevar adelante la causa penal. El texto oficialista repitió la narrativa de que el derribo de las aeronaves civiles fue un acto amparado por la Carta de las Naciones Unidas y el Convenio de Chicago, acusando a la administración estadounidense de complicidad por no impedir las operaciones de la organización desde su territorio.
Blindaje interno y desvío de la crisis
Esta férrea defensa de Raúl Castro, considerado uno de los principales arquitectos del aparato represivo en la isla, enmarca el rechazo de la dictadura cubana a cualquier escrutinio internacional sobre sus violaciones a los derechos humanos y crímenes de Estado. El intento de desviar la atención hacia un supuesto \»imperialismo\» estadounidense es una táctica recurrente del régimen de La Habana para cohesionar a su base frente a la profunda crisis económica, la hiperinflación, el masivo exodo migratorio y el colapso de los servicios básicos que sufre la población.
La respuesta del gobierno cubano anticipa un nuevo capítulo de tensión diplomática con Estados Unidos. Mientras la justicia estadounidense avanza en la imputación de responsables históricos, la dirigencia en la isla se aferra a su retórica tradicional para blindar a sus figuras clave, lo que limita cualquier posibilidad de acercamiento bilateral y consolida el aislamiento institucional del régimen frente a la comunidad internacional.
