Los hermanos Amanda Beatriz y Abel Alejandro Andrés Navarro, integrantes del proyecto juvenil Fuera de la Caja, fueron sometidos a un prolongado interrogatorio en una unidad policial del municipio Diez de Octubre, en La Habana. La acción, que constituye una nueva muestra de represión estatal, tuvo como objetivo principal frustrar su participación en un acto conmemorativo organizado por la Embajada de Estados Unidos.
Los jóvenes acudieron a la estación de la calle Aguilera tras recibir una citación bajo el pretexto de una \»entrevista\». Sin embargo, el procedimiento se extendió por varias horas, manteniéndolos en un estado de incertidumbre deliberado. Abel permaneció retenido unas diez horas y media, mientras que Amanda estuvo cerca de ocho horas y media. Según relataron los hermanos, Abel fue separado de su hermana y encerrado en un espacio bajo llave al que las autoridades denominaron \»clasificatorio\», una táctica que el activista denunció como un método de presión psicológica para incrementar la angustia durante la retención.
Durante el interrogatorio, los oficiales —que omitieron identificarse en todo momento— leyeron a los jóvenes diversos artículos del Código Penal. Las autoridades de la isla les advirtieron que podrían ser procesados por sus publicaciones, mencionando acusaciones como difamación, incitación a delinquir y denigración de figuras históricas del oficialismo. La citación culminó con la imposición de una advertencia oficial basada en el artículo 270 del Código Penal, obligándolos a firmar un documento y amenazándolos con llevarlos ante un tribunal en futuras ocasiones si persisten en su labor cívica.
Hostigamiento sistemático contra la disidencia juvenil
El objetivo inmediato de la dictadura cubana era evitar que los activistas asistieran a un evento diplomático programado para esa misma tarde. No obstante, el incidente refleja un patrón más amplio de amedrentamiento contra la sociedad civil independiente. Proyectos como Fuera de la Caja, fundado a inicios de 2026 por cuatro jóvenes en la capital, operan en un entorno donde la disidencia es criminalizada y la libertad de expresión está constantemente coartada por el aparato de seguridad del Estado.
El padre de los jóvenes, Amílcar Aníbal Andrés Navarro, calificó el suceso como un abuso y un acto de intimidación, rechazando cualquier intento de minimizar la gravedad de la retención. En sus declaraciones, abogó por la convivencia pacífica en un marco democrático, subrayando que la diversidad de pensamiento no debe ser motivo de persecución. Este nuevo episodio de acoso policial evidencia la persistente vulnerabilidad de los activistas en la isla y la negativa del régimen de La Habana a permitir la apertura de espacios cívicos que escapen a su control ideológico.
