La profunda crisis económica que atraviesa la isla ha empujado a los sectores más leales al régimen de La Habana a depender de las remesas enviadas desde el exterior, incluso desde la comunidad exiliada en Miami. El caso de Mireya, una jubilada de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y militante del Partido Comunista de más de 80 años, ilustra la contradicción de una vieja guardia que, ante la falta de servicios básicos como el gas, recurre a plataformas en dólares para subsistir, mientras continúa justificando el modelo político que ha provocado el deterioro estructural del país.
La escasez de combustible y el colapso de la distribución doméstica han llevado a las autoridades de la isla a implementar un sistema paralelo de ventas en divisa. Plataformas virtuales como Supermarket 23 y Katapulk permiten a los familiares en el exterior comprar una balita de gas por 29 dólares para su entrega en Cuba. Mireya, a pesar de considerar a su hijo, residente en Miami, un «traidor a la revolución» por haber emigrado, no dudó en solicitarle que sufragara este gasto. Para ella, es una obligación familiar mantenerla frente a las vicisitudes diarias, que incluyen cocinar en hornillas eléctricas durante los constantes apagones o iluminarse con lámparas recargables cuando el sistema eléctrico nacional falla.
Sin embargo, esta dependencia del mercado en dólares está generando fracturas incluso entre los sectores más ortodoxos. Recientemente, Mireya sostuvo un fuerte altercado con una vecina, a quien consideraba una «compañera revolucionaria», tras justificar la venta de gas en divisas. La amiga, enfurecida por la situación, calificó la medida como un abuso del gobierno cubano, acusándolo de explotar a los familiares en el extranjero mientras niega el producto a la población local. El incidente refleja cómo la miseria material está erosionando la cohesión ideológica de las bases del régimen, generando resentimiento social incluso entre quienes históricamente apoyaron al sistema.
Aunque le cuesta cada vez más encontrar argumentos, Mireya se mantiene inquebrantable en su defensa del sistema, reconociendo a regañadientes que «esta ya no es la revolución de Fidel». Su justificación se apoya en la retórica oficial del bloqueo y en los supuestos «errores de unos cuantos», deslindando la responsabilidad del modelo de su fracaso real. Su activismo se limita a denunciar lo que considera «lo mal hecho»: vecinos que acumulan basura, baches sin reparar, precios agrícolas elevados o el transporte de mercancías en el transporte público. Asimismo, muestra un encono particular contra los negocios privados, amenazando con denunciar a los propietarios que no utilicen el sistema de pago Transfermóvil para exigir el cierre de sus locales, replicando el control estatal sobre la emergente iniciativa privada.
El lastre del dogmatismo en la base del régimen
Mireya representa a los miles de fidelistas de la vieja guardia que, pese a sobrevivir con pensiones miserablemente devaluadas por la inflación, se niegan a reconocer el fracaso del modelo. Este sector, aleccionado por el discurso del difunto Fidel Castro, se mantiene en posiciones más ortodoxas que las propias cúpulas del poder. Su dogmatismo y sus prejuicios anticapitalistas los llevan a rechazar las desigualdades del capitalismo de compadres instaurado por el tardocastrismo, convirtiéndose en un lastre para la narrativa de continuidad que intenta proyectar el ejecutivo cubano.
Aunque evitan las críticas frontales que puedan acarrearles represalias, estos militantes históricos seleccionan a unos pocos funcionarios a los que consideran competentes, como la viceprimera ministra Inés María Chapman, el primer ministro Manuel Marrero o el ministro de Energía y Minas, Eduardo Rodríguez Dávila. Por el contrario, muestran condescendencia e incluso burla velada hacia el presidente Miguel Díaz-Canel, especialmente tras episodios considerados ridículos en actos públicos, como el agitar de una banderita de papel durante un desfile en el Malecón que pasó casi inadvertido para la escasa multitud presente.
El desconcierto de esta vieja guardia también alcanza a la nueva generación de la élite gobernante. Consumidores acérrimos de la versión oficial del Noticiero de la Televisión Cubana y el periódico Granma, se muestran incómodos cuando las redes sociales exponen informaciones que los medios estatales omiten o manipulan. Les genera profunda preocupación que sea un nieto de Raúl Castro, Sandro Castro, quien asuma roles de representación diplomática, y no ocultan su rechazo hacia las ridiculeces y privilegios de figuras como Lis Cuesta, Aleida Guevara y Mariela Castro, rompiendo el mito de la austeridad que durante décadas defendieron denodadamente.
El colapso sistémico y la dependencia del exilio
La realidad que vive este sector fiel al régimen es inseparable del colapso estructural que sufre la isla. La economía cubana atraviesa una de sus peores crisis en décadas, agravada por el fracaso de la llamada Tarea Ordenamiento, que liquidó el poder adquisitivo de la moneda nacional. La hiperinflación ha devaluado los salarios y pensiones a niveles de subsistencia extrema, acompañada por un desabastecimiento crónico de productos de primera necesidad y un sistema eléctrico al borde del colapso total. En este contexto, la dependencia de las remesas, que según estimaciones de organismos internacionales superan los miles de millones de dólares anuales, se ha convertido en la principal tabla de salvavidas de la población, incluidos aquellos que teóricamente defienden la autarquía socialista.
La incapacidad de las autoridades de la isla para ofrecer soluciones reales ha desencadenado un éxodo migratorio sin precedentes, vaciando al país de su fuerza laboral y productiva. Desde la crisis de 2021, cientos de miles de cubanos han abandonado el país rumbo a Estados Unidos y otras naciones. Ante el creciente descontento social, la respuesta del régimen de La Habana ha sido la represión sistemática, la criminalización de la protesta y el endurecimiento del control social, evidenciado tras las manifestaciones del 11 de julio de 2021. La dictadura cubana ha optado por blindar el poder mediante la violencia estatal y la censura, antes que implementar reformas estructurales que permitan la recuperación económica, dejando a la ciudadanía en una encrucijada de miseria y falta de libertades.
Antecedentes de una fractura ideológica
La contradicción de depender del mercado en dólares mientras se condena al capitalismo no es nueva en Cuba. Desde la crisis de los años noventa, conocida como Período Especial, el gobierno cubano implementó medidas de supervivencia que abrieron brechas en el modelo igualitario, como la dolarización de la economía y la apertura al turismo internacional. Sin embargo, la actual crisis supera en impacto a la de los noventa, ya que el Estado ha perdido prácticamente la capacidad de garantizar la canasta básica y ha delegado la subsistencia de los cubanos a la solidaridad familiar desde el extranjero. Esto ha profundizado la dependencia del exilio, creando una paradoja donde el sistema sobrevive gracias a los recursos enviados por aquellos a quienes el régime considera enemigos ideológicos.
El futuro inmediato no ofrece perspectivas de mejoría para la ciudadanía. Las promesas oficiales de prosperidad para el año 2050 son recibidas con escepticismo incluso por los militantes más veteranos, quienes se resignan a la llamada «resistencia creativa», un eufemismo del gobierno para enmascarar la supervivencia en la precariedad más absoluta. Mientras la dictadura mantenga su negativa a abrir espacios democráticos y a desmantelar el control estatal sobre la economía, la dependencia de las remesas continuará siendo el principal soporte de un sistema en franco retroceso. La comunidad internacional observa con preocupación cómo un país que alguna vez se jactó de su independencia subsiste hoy gracias a la caridad de sus emigrantes. La paradoja del fidelismo contemporáneo es, en definitiva, el testimonio más elocuente del agotamiento definitivo del modelo impuesto en la isla.
