Una investigación basada en registros aduanales y datos del Observatorio de Complejidad Económica (OEC) revela que un cargamento de cemento de origen estadounidense, introducido en la isla en 2023, fue destinado a obras de remodelación vinculadas a la familia del dictador Raúl Castro. El caso expone cómo el régimen de La Habana utiliza fondos de cooperación internacional y empresas intermediarias para garantizar acceso a materiales de lujo para su cúpula, mientras la población enfrenta un severo déficit de vivienda y el colapso de la industria de la construcción.
Según las cifras publicadas por el OEC, hasta agosto de 2023 los Estados Unidos se había posicionado como el sexto mayor exportador hacia Cuba, con pagos que superaron los 366 millones de dólares, principalmente en pollo, carne de cerdo, leche en polvo, café y automóviles. Sin embargo, entre una amplia gama de mercancías menores, destaca una entrada inusual: una importación de cemento por un valor cercano a los 6.000 dólares. Aunque esta cifra representa apenas unas 35 toneladas métricas, un volumen casi insignificante comparado con las miles de toneladas que el gobierno cubano adquiere anualmente de Panamá, Canadá, España o Turquía, su origen y destino final levantan serias interrogantes sobre el manejo de los recursos en la isla.
Fuentes vinculadas a la Zona Especial de Desarrollo del Mariel (ZED) y al Terminal de Contenedores confirmaron que dos cargamentos de cemento estadounidense, cada uno en un contenedor de 20 pies, arribaron a Cuba entre el 12 y el 24 de febrero de 2023. La mercancía permaneció en la terminal hasta el 10 de marzo, cuando fue liberada por la Aduana General de la República. Los destinatarios registrados fueron Antonio D. Chang, de la empresa Constructora Puerto Carena, perteneciente a la Oficina del Historiador de La Habana, y María de la Caridad Sánchez, de la Empresa Provincial de Construcciones, bajo el Ministerio de la Construcción.
El desvío de fondos y el beneficio de la élite
Aunque la Oficina del Historiador fungió como intermediaria o receptora oficial, la investigación revela que el cemento importado desde Estados Unidos no estuvo relacionado con la restauración del patrimonio histórico, sino con proyectos de reparación y construcción llevados a cabo por miembros de la familia del dictador. Según fuentes involucradas en el manejo del cargamento, la obra se financió a través de los denominados Proyectos de Desarrollo Local (PDL), los cuales estuvieron respaldados financieramente hasta 2024 por la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación en Cuba.
Lisa Titolo at her business, Gaia Mercado, specifically during a party night called «Precurdeo»
El cemento de origen estadounidense se utilizó en la renovación de al menos dos espacios comerciales destinados a pequeños negocios privados, enmarcados en un PDL auspiciado por los gobiernos municipales de Playa, Plaza de la Revolución y La Habana Vieja. Sin embargo, la iniciativa se expandió de manera fraudulenta para incluir la construcción, renovación y ampliación de al menos dos viviendas en el exclusivo barrio de Siboney. Una de estas residencias es ocupada por los propietarios y inquilinos de los mencionados negocios comerciales, con vínculos directos a la familia Castro.
Este no es el primer incidente en el que materiales de construcción de alta calidad provenientes del norte han sido desviados para beneficio de la cúpula gobernante. Un funcionario de la Oficina del Historiador, bajo condición de anonimato por temor a represalias laborales, confirmó que en 2019, durante la restauración de una mansión en El Vedado que hoy alberga el Centro Fidel Castro, se importó cemento especial desde Estados Unidos para garantizar la calidad de ciertos elementos constructivos. Aquella operación se ejecutó a través de la agencia de envíos Apacargo S.A., una estrategia recurrente utilizada anteriormente por el difunto Eusebio Leal para eludir las restricciones del embargo.
Las redes de importación y el control militar
Apacargo Express, propiedad del cubanoamericano Eduardo Aparicio, fue fundada en Panamá en 2010 y posteriormente establecida en Estados Unidos. La empresa cuenta con licencias de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, lo que le permite operar con menores restricciones y agilizar los envíos a puertos cubanos. Su rapidez y eficacia se basan en conexiones directas con entidades estatales como Transcargo, Aerovaradero y Aerogaviota, todas bajo el paraguas del Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA), el conglomerado militar que domina la economía cubana, así como con la Agencia de Aduanas y Carga Palco, vinculada al Consejo de Estado.
Frank Camilo Yanes, co-owner of Gaia and partner of Lisa Titolo (Photo taken from his Facebook profile)
A pesar de que en los últimos meses se han publicado anuncios de ventas mayoristas prometiendo importar contenedores de cemento estadounidense a precios bajos, los distribuidores del mercado alternativo en Cuba coinciden en que un volumen de 35 toneladas —equivalente a unas mil bolsas— no ha circulado en el comercio formal ni informal. Un vendedor de materiales de construcción identificado como Berto H. señaló que ese cemento nunca llegó a la calle, lo que confirma que su importación fue una operación exclusiva y dirigida, ajena al abastecimiento de la población.
Contexto: El colapso de la infraestructura y la doble moral del régimen
El desvío de este material de construcción ocurre en un contexto de crisis estructural profunda. La producción nacional de cemento en Cuba ha colapsado, cayendo por debajo de las 250.000 toneladas anuales. Esta cifra representa menos de la mitad de lo que se producía en 1959 y ni siquiera alcanza el 40 % de los niveles registrados a principios de la década de 1990, tras la caída del campo socialista. Las fábricas estatales operan con equipos obsoletos, falta de mantenimiento y una constante escasez de materia prima, lo que ha paralizado prácticamente la industria de la construcción civil.
Para la ciudadanía común, esta crisis se traduce en un deterioro acelerado del parque inmobiliario. Las viviendas se derrumban a diario, especialmente en ciudades como La Habana, y los ciudadanos deben recurrir a un mercado negro inflacionario para adquirir materiales de construcción de mala calidad a precios exorbitantes. Mientras el régimen de La Habana justifica la escasez citando el embargo estadounidense, la dictadura cubana demuestra que sí puede acceder a productos de alta calidad desde el norte cuando se trata de satisfacer las necesidades de la oligarquía gobernante y sus familiares.
Lisa Titolo enjoying her nightclub at Gaia Mercado. (Photo: Gaia SRL – Facebook)
La utilización de fondos de cooperación internacional, destinados teóricamente al desarrollo local y al mejoramiento de las comunidades, para financiar mansiones en barrios exclusivos como Siboney, es un ejemplo claro de la corrupción sistémica que impera en la isla. Las autoridades de la isla han institucionalizado el desvío de recursos, utilizando empresas fachada y la burocracia municipal para lavar el origen de los fondos y justificar la importación de materiales que luego terminan en propiedades privadas de la élite política y militar.
Implicaciones futuras y responsabilidad internacional
El hallazgo de esta operación plantea serias interrogantes sobre la supervisión que ejercen los organismos de cooperación internacional sobre los fondos entregados al ejecutivo cubano. La Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación, así como otras entidades donantes, deben revisar sus mecanismos de auditoría para evitar que sus recursos sigan siendo cómplices del enriquecimiento ilícito de la familia Castro y de otros altos mandos del régimen. La comunidad internacional no puede seguir ignorando cómo la ayuda destinada al pueblo cubano es desviada para sostener el lujo de quienes reprimen a esa misma población.
Para el futuro inmediato de la ciudadanía, este caso refuerza la percepción de que la recuperación económica y la solución a la crisis de vivienda y servicios públicos no llegarán desde las instituciones estatales. La dictadura cubana seguirá priorizando el bienestar de su cúpula sobre las necesidades básicas de la población, profundizando la brecha de desigualdad y empujando a más cubanos hacia la migración desesperada. Mientras el cemento estadounidense se vierte en los cimientos de Siboney, los barrios populares continúan derrumbándose bajo el peso de la indiferencia y el saqueo institucional.
