La salida de la exministra de Trabajo y Seguridad Social, Marta Elena Feitó, tras sus polémicas declaraciones en la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), ha destapado una profunda crisis de imagen para el gobierno cubano. La funcionaria sugirió que los mendigos y deambulantes debían ser «llevados a sus casas» por quienes los reclaman como familiares, un comentario que generó un inusitado repudio social y obligó al presidente Miguel Díaz-Canel a intervenir para intentar mitigar el daño político frente a una población que sufre las peores carencias materiales de las últimas décadas.
El incidente ocurrió durante una sesión de la ANPP, donde Feitó exhibió una desconexión absoluta con la realidad social de la isla. Su intervención, calificada por amplios sectores de la ciudadanía como deplorable y faltada de empatía, reforzó la percepción de que la alta burocracia ignora la magnitud de la miseria que sus propias políticas han generado. Aunque en redes sociales circula la hipótesis de que su renuncia formó parte de un guion preestablecido para limpiar la imagen del mandatario, la torpeza de sus palabras refleja más bien un error genuino de una cúpula acostumbrada a la impunidad y completamente blindada de la cotidianidad del cubano promedio.
Ante la ola de indignación, el ejecutivo cubano se vio obligado a comparecer. Díaz-Canel intentó posicionarse como una figura protectora de los vulnerables, rechazando públicamente las afirmaciones de su ya exministra. Sin embargo, este intento de distanciamiento resulta insostenible ante un historial de gestión que ha multiplicado la pobreza extrema. La dictadura cubana, bajo su mandato, ha profundizado el colapso económico y ha respondido al descontento social con represión, censura y violencia estatal, como quedó trágicamente evidenciado durante las protestas masivas del 11 de julio de 2021, donde la prioridad fue el silenciamiento armado antes que el diálogo.
La realidad de los deambulantes e indigentes en las calles de La Habana y otras provincias no es una casualidad ni el resultado de la falta de apoyo familiar, sino la consecuencia directa de medidas implementadas por el régimen de La Habana. La llamada «Tarea Ordenamiento», la dolarización asimétrica de la economía, la bancarización forzada y la constante emisión de dinero inorgánico han destruido el poder adquisitivo de los salarios y las pensiones. Los cubanos que hoy sobreviven en la indigencia son los despojados de un sistema que los expulsó tras fallar en garantizarles lo más básico para su subsistencia.
El cinismo institucional alcanzó nuevas cotas cuando se discutió la responsabilidad sobre estos ciudadanos en situación de calle. Mientras las autoridades de la isla admiten no contar con infraestructura social para albergar a los miles de desamparados, el sector turístico estatal mantiene una vasta red de hoteles vacíos por la falta de visitantes. Recursos administrados por cadenas internacionales como Meliá o Iberostar, teóricamente destinados a la recaudación nacional, permanecen ociosos. Mientras tanto, los legítimos dueños de esos bienes —el pueblo cubano— duermen en portales y parques, ignorados por una maquinaria estatal que prioriza la fachada internacional sobre el bienestar interno.
El escándalo de Feitó también ha dejado al descubierto las profundas contradicciones y la hipocresía de la élite gobernante. En medio de la polémica, trascendió públicamente que su hijo, Alejandro Fernández Feitó, ingresó a Estados Unidos en 2024 mediante el programa de parole humanitario y hoy busca acogerse a la Ley de Ajuste Cubano. Este recurso migratorio está diseñado históricamente para proteger a los perseguidos por la dictadura castrista, lo que evidencia un grado de descaro mayúsculo: altos dirigentes que sostienen un discurso antiimperialista y de lealtad revolucionaria utilizan las grietas del sistema para asegurar el futuro de sus propias familias en el extranjero, huyendo del mismo modelo que imponen al resto de la nación.
Más allá de la destitución de una funcionaria, el episodio ha puesto el foco en los sectores más vulnerables que el sistema ha dejado completamente atrás. Los jubilados cuyas pensiones no alcanzan para un día de comida, los veteranos de misiones internacionales en Angola y Etiopía que viven en la indigencia, y los pacientes hospitalizados sin medicamentos ni insumos básicos son rostros diarios de una crisis humanitaria profunda. A ellos se suman tragedias evitables que conmocionan a la sociedad, como el reciente derrumbe que sepultó a la niña Alejandra, de siete años, y a sus padres, o los pacientes psiquiátricos y neonatales fallecidos por negligencias institucionales y desnutrición en instalaciones de salud pública del Estado.
Un colapso estructural que criminaliza la miseria
El caso de Marta Elena Feitó no es un hecho aislado, sino el síntoma de una enfermedad sistémica. La incapacidad de la exministra para definir la pobreza sin recurrir a eufemismos demuestra que el gobierno cubano ha perdido el control de la narrativa oficial. La inflación galopante, que ha devaluado el peso cubano a niveles históricos frente al dólar, ha empujado a amplios segmentos de la población a la mendicidad. Un país que otrora presumía de un sistema de seguridad social robusto hoy asiste al colapso de los comedores del Sistema de Atención a la Familia, los cuales no dan abasto para ofrecer un plato de comida a la creciente demanda de ciudadanos con hambre estructural.
La criminalización de la pobreza es la respuesta natural de un régimen autoritario frente a un problema que no puede resolver. En lugar de reconocer el fracaso del modelo económico centralizado y planificado, las autoridades de la isla prefieren culpar a las víctimas o a sus familias, desentendiéndose de la responsabilidad constitucional de garantizar la dignidad plena de los ciudadanos. La falta de libertades civiles y políticas impide que la sociedad civil organice respuestas efectivas y autónomas a esta emergencia social, dejando a la población a merced de la ineficiencia burocrática y la represión.
El parlamento como caja de resonancia del poder
Para entender la magnitud del desliz de Feitó, es necesario observar el rol de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Históricamente, este órgano ha funcionado como un mero validador de las decisiones tomadas por la cúpula del Partido Comunista de Cuba, careciendo de facultades reales de fiscalización o debate crítico. La ausencia de una voz disidente dentro del hemiciclo que cuestionara en vivo y en directo las declaraciones de la ministra ratifica la naturaleza acrítica del parlamento. Una institución que se dice heredera del pensamiento humanista de José Martí, pero que aplaude políticas que hunden a los «pobres de la tierra» en la desesperación, carece de legitimidad moral para representar a la nación.
Implicaciones y futuro a corto plazo
La renuncia de la exministra no resolverá la crisis de pobreza que azota a Cuba, ni mejorará sustancialmente la deteriorada imagen de Díaz-Canel. El daño político está hecho y la memoria de los cubanos, nublada por las privaciones pero lúcida ante el cinismo institucional, no olvidará fácilmente este episodio. La comunidad internacional y las organizaciones defensoras de los derechos humanos deben prestar atención a cómo el régimen de La Habana continúa vulnerando los derechos económicos y sociales de su población, mientras sus élites utilizan sus privilegios para evadir las consecuencias de su propio gobierno.
De cara al futuro, es previsible que la dictadura cubana intente implementar medidas cosméticas y de orden público para ocultar la indigencia en las zonas turísticas y céntricas del país, profundizando el asistencialismo coercitivo en lugar de abordar las causas estructurales del hambre. Sin embargo, mientras no se adopten reformas económicas de fondo que permitan la libre empresa, la democratización política y el cese de la represión, el éxodo migratorio incesante continuará y el número de cubanos abandonados a su suerte en las calles seguirá en aumento. La pregunta persistente para el ejecutivo cubano es hasta cuándo podrá sostener esta fachada antes de que la presión social vuelva a estallar irremediablemente.
