La población cubana se ve obligada a procesar diariamente un volumen extraordinario de datos técnicos sobre el Sistema Electroenergético Nacional (SEN), horarios de cortes eléctricos, bombeo de agua y distribución de alimentos, una sobrecarga cognitiva que especialistas vinculan con el deterioro progresivo de la salud mental en la isla. Mientras el régimen de La Habana inunda a los ciudadanos con tecnicismos sobre megavatios y circuitos averiados, se niega a transparentar información crucial sobre el uso de los recursos públicos y el costo real del aparato gubernamental.
En ninguna otra ciudad del mundo —ya sea Miami, Santo Domingo, Manila o Brazzaville— los habitantes necesitan memorizar la capacidad de generación eléctrica de su país, el nombre de las termoeléctricas en mantenimiento o el itinerario de los escasos ómnibus que circulan por una urbe de más de dos millones de personas. Sin embargo, en Cuba, más del noventa por ciento de la población sigue con atención casi obsesiva este tipo de información, no por una vocación cultural o curiosidad intelectual, sino porque la supervivencia cotidiana exige sincronizar la vida con datos que en cualquier otro contexto serían intrascendentes.
Esta subordinación de la existencia humana a las variables del colapso infraestructural ha transformado la rutina de millones de cubanos. Para realizar las actividades más básicas —cocinar, bañarse, dormir, trabajar o compartir tiempo en familia— los ciudadanos deben procesar previamente un aluvión de información sobre bloques afectados, circuitos de emergencia, horarios de apagones que rara vez se cumplen, demanda eléctrica, días de bombeo de agua potable, tickets para adquirir alimentos básicos y hasta la tasa de cambio del dólar en el mercado informal de divisas. Es una carga mental permanente que no da tregua.
El agotamiento cognitivo como forma de control
La frase «nos están volviendo locos» se ha vuelto recurrente en las conversaciones cotidianas, las quejas en redes sociales y los lamentos de quienes sospechan que su propia capacidad de razonamiento se está deteriorando. Expertos en salud mental señalan que cuando el cerebro humano debe dedicar una porción significativa de su energía a procesar información traumática, redundante y de veracidad dudosa —como la que difunden los medios oficiales sobre la crisis energética—, se produce un fenómeno de embotamiento sensorial y niebla cognitiva que dificulta el pensamiento crítico y la toma de decisiones.
En este sentido, la saturación informativa no sería un efecto colateral involuntario de la crisis, sino una herramienta funcional para el gobierno cubano. Los medios de comunicación del Estado operan como un aparato de propaganda que, más que informar, desinforma mediante una materia plomiza de tecnicismos y datos parciales. Esta estrategia cumple un doble propósito: por un lado, actúa como cortina de humo para ocultar información sensible sobre el manejo de los recursos públicos; por otro, funciona como mecanismo de inmovilización social, ya que una población agotada mentalmente tiene menos capacidad de organizarse, cuestionar y demandar cambios.
La pobreza material y la sobrecarga informativa convergen así en un mismo método de control social y represión política. Un ciudadano que debe dedicar horas cada día a calcular si habrá energía suficiente para conservar los alimentos en la nevera, si el agua llegará en el horario anunciado o si conseguirá el ticket para comprar arroz, dispone de muy poco margen temporal y emocional para exigir accountability a sus gobernantes. La crisis, en sus múltiples dimensiones, se convierte en un dispositivo de domesticación.
La opacidad sobre el gasto del aparato gubernamental
Mientras las autoridades de la isla difunden con profusión datos sobre averías en transformadores, líneas de transmisión partida o la marcha del programa de instalación de parques fotovoltaicos, persisten en negar información esencial sobre el costo real del funcionamiento del Estado. No existen cifras públicas, verificables y actualizadas sobre el gasto conjunto de la dirigencia cubana en viajes internacionales, giras protocolares, dietas, remodelaciones de viviendas, eventos políticos y salarios del aparato burocrático. Ni siquiera se exige el desglose detallado: la simple cifra total es inaccesible para la ciudadanía.
Esta asimetría informativa es reveladora. El gobierno cubano exige a la población procesar hasta el último detalle técnico del colapso energético —el nombre de cada termoeléctrica averiada, la capacidad en megavatios de cada unidad, el porcentaje de déficit diario—, pero se reserva el derecho a mantener en opacidad absoluta el uso de los recursos que administra en nombre del pueblo. El triunfalismo de los discursos oficiales, desconectados de la realidad que viven los ciudadanos, sugiere que la dirigencia opera en un universo paralelo donde las privaciones no aplican.
El vacío estadístico de la ONEI
La Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI), que debería ser el repositorio confiable de los datos que permiten comprender la magnitud de la crisis, presenta lagunas significativas en sus publicaciones. Muchos de sus indicadores no están actualizados, otros se han dejado de publicar y los que sí circulan suelen carecer del nivel de desagregación necesario para un análisis riguroso. Si los datos sobre apagones, mortalidad, migración, inflación y producción agrícola fueran exhaustivos y estuvieran al día, el agobio de los cubanos no disminuiría, pero al menos podrían comprender con precisión las causas reales del descalabro.
El régimen de La Habana ha cultivado durante décadas la práctica de atribuir la crisis a factores externos —el embargo estadounidense, el «bloqueo» financiero, la pandemia de COVID-19 que el mundo ya superó— mientras elude preguntas incómodas sobre inversiones hoteleras desproporcionadas que no generan retornos visibles, malas decisiones en la asignación de recursos, incapacidades gestionales y una lista interminable de errores de política económica. La narrativa oficial convierte la anomalía en normalidad y exige a la población que acepte como natural lo que en cualquier otro país sería considerado inaceptable.
Contexto: la crisis energética dentro del colapso estructural
La situación del Sistema Electroenergético Nacional es solo una de las múltiples facetas de la crisis estructural que atraviesa Cuba. El déficit de generación eléctrica, que en numerosas jornadas ha superado los mil megavatios —cerca de la tercera parte de la demanda pico—, se inscribe en un panorama más amplio que incluye una inflación descontrolada que ha erosionado el poder adquisitivo de los salarios, un éxodo migratorio sin precedentes que ha sacado del país a cientos de miles de personas en los últimos años, un desabastecimiento crónico de alimentos y medicinas, y el colapso progresivo de los servicios de salud y educación.
Las termoeléctricas que componen el parque generador cubano, en su mayoría construidas hace décadas con tecnología soviética, operan muy por debajo de su capacidad instalada debido a la falta de mantenimiento, la ausencia de piezas de repuesto y el envejecimiento estructural. Los intentos del ejecutivo cubano de mitigar la crisis mediante la instalación de grupos electrógenos diesel, la importación de combustible flotante y la promesa de parques fotovoltaicos no han logrado revertir la tendencia de deterioro. Cada solución anunciada se diluye en plazos incumplidos y resultados invisibles.
El impacto de los apagones se extiende más allá de la incomodidad doméstica. Afectan la conservación de alimentos en un contexto de escasez extrema, interrumpen la refrigeración de medicamentos en farmacias y hospitales, impiden el funcionamiento de equipos médicos en domicilios, paralizan la actividad económica de pequeños empresarios del sector privado y dificultan el acceso a internet, que para muchos cubanos es la única vía de comunicación con familiares en el exterior y de acceso a información no controlada por el Estado. La intermitencia eléctrica es, en la práctica, una sentencia contra la productividad y el bienestar.
Salud mental en el centro del colapso
El impacto psicológico de la crisis energética sobre la población cubana ha sido poco estudiado y escasamente reconocido por las instituciones de salud del país. Sin embargo, los testimonios de profesionales de la psicología y la psiquiatría en la isla coinciden en señalar un aumento de cuadros de ansiedad, insomnio, irritabilidad, depresión y estrés crónico asociados a la incertidumbre permanente que imponen los apagones y la escasez. La sensación de no tener control sobre las condiciones mínimas de la propia existencia genera un estado de alerta sostenido que el organismo no puede sostener indefinidamente sin consecuencias.
A esto se suma el efecto de la propaganda oficial, que durante décadas ha aplicado conceptos como «colonización mental» —términos que la dirigencia utiliza para describir lo que denuncia en otros, pero que conoce bien por haberlos practicado como doctrina en las escuelas del Partido—. La población está sepultada bajo una montaña de consignas, datos técnicos inútiles y relatos triunfalistas diseñados para ocupar el espacio mental que podría destinarse al pensamiento crítico. El objetivo es claro: que no quede tiempo, capacidad ni interés para buscar la información que el poder barre bajo la alfombra.
La reclaimación de esa información oculta —el gasto real del aparato gubernamental, las cifras verdaderas de la crisis, los nombres y responsabilidades detrás de las decisiones que han conducido al país al descalabro— constituye un paso indispensable para revertir el estado de things. Mientras los cubanos sigan obligados a procesar la bazofia informativa que les ofrece el régimen sobre megavatios y circuitos averiados, sin acceso a los datos que realmente importan, el agobio mental continuará siendo una forma más de la represión silenciosa que ejerce la dictadura cubana sobre su población. La libertad informativa no es un lujo: es una condición de la salud mental colectiva y de la recuperación de la dignidad ciudadana.
