La designación del próximo mandatario cubano en 2028, tal como estipula la Constitución de 2019, ha comenzado a generar especulaciones dentro y fuera de la isla sobre quién reemplazará a Miguel Díaz-Canel, en un escenario marcado por el envejecimiento de la cúpula dirigente, la ausencia de figuras con carisma propio y una crisis estructural que amenaza la supervivencia del propio sistema.
El régimen de La Habana se enfrenta a un dilema que él mismo construyó: la Constitución aprobada en 2019 establece límites de edad para ocupar la presidencia —no menos de 35 años y no más de 60—, lo que excluye automáticamente a buena parte de los cuadros históricos y a figuras intermedias que durante años fueron groomed para la sucesión. La muerte repentina de Luis Alberto Rodríguez López-Calleja, considerado el verdadero arquitecto económico del poder tras la retirada formal de Raúl Castro, alteró profundamente los planes sucesorios y dejó un vacío difícil de llenar en el seno de la familia Castro y de la cúpula militar que controla GAESA, el conglomerado empresarial que domina la economía del país.
Entre los nombres que circulan en los corredores del poder figuran Beatriz Johnson Urrutia, actual presidenta de la Asamblea Provincial del Poder Popular de Santiago de Cuba; Roberto Morales Ojeda, secretario de Organización del Comité Central del Partido Comunista; Joel Queipo Ruiz, primer secretario del PCC en Villa Clara; y Susely Morfa, primera secretaria del PCC en La Habana. También se menciona a Oscar Pérez-Oliva Fraga, nieto de Raúl Castro y único miembro de la familia Castro que ocupa un cargo público relevante vinculado a la inversión extranjera, lo que lo coloca en una posición singular dentro del esquema sucesorio.
El peso de la Constitución y sus trampas
La Carta Magna de 2019, redactada y aprobada por el propio régimen, contempla la posibilidad de prolongar el mandato presidencial mediante un referendo, según lo establecido en el artículo 228. Esta vía, que requiere únicamente la ratificación por mayoría de los electores, resulta más viable que una modificación de los límites de edad, sobre la cual no existen procedimientos explícitos en el texto constitucional. Esta cláusula abre la puerta a que Díaz-Canel pueda perpetuarse en el cargo por cinco o diez años adicionales, una opción que algunos sectores dentro del gobierno cubano consideran más segura ante la falta de figuras con suficiente capital político.
Sin embargo, el panorama podría modificarse drásticamente antes de 2028. La posibilidad de una implosión interna del Partido Comunista o de un estallido social no puede descartarse, a pesar de que los mecanismos de represión de la dictadura cubana han demostrado seguir siendo efectivos, como evidenció el control ejercido durante el desfile del Primero de Mayo. La crisis económica que atraviesa la isla —con una inflación descontrolada, un proceso de dolarización de facto, apagones prolongados y un éxodo migratorio sin precedentes— actúa como un acelerador de tensiones que podría precipitar eventos imprevistos.
El factor Raúl Castro y el ocaso de los históricos
Raúl Castro, quien conserva el poder de la primera y última palabra en materia de designaciones y orientaciones estratégicas, se acerca a los cien años. Su fallecimiento, que podría ocurrir en cualquier momento, dejaría a la cúpula sin su árbitro último. Lo mismo ocurre con figuras como José Ramón Machado Ventura y Ramiro Valdés Menéndez, históricos que aún ejercen influencia real pero cuya edad los coloca al borde de la salida definitiva de la escena política. La desaparición de esta generación interrumpiría el delicado equilibrio de poderes informales que sostiene al régimen.
La muerte de López-Calleja en 2022 fue un golpe decisivo para los planes de Raúl Castro. El general, yerno del líder histórico, estaba llamado a ser el verdadero hombre fuerte detrás del trono, con control sobre GAESA y sobre los hilos económicos del país. Su partida obligó al régimen a replegarse hacia Díaz-Canel, una figura sin base propia de poder, elegida por descarte más que por mérito. Esa misma lógica de improvisación podría repetirse en 2028, con el agravante de que el grupo de candidatos disponibles es aún más reducido y menos preparado.
Beatriz Johnson Urrutia: la candidata de la obediencia
Entre los posibles sucesores, Beatriz Johnson Urrutia emerge como una figura con probabilidades crecientes. Su trayectoria política se ha caracterizado por una obediencia absoluta y por la ausencia de iniciativas propias, cualidades que en el ecosistema del régimen son valoradas como garantías de continuidad y control. Johnson Urrutia ha cometido errores y horrores en su gestión en Santiago de Cuba que en otras circunstancias le habrían costado el cargo, pero ha contado con la protección de Esteban Lazo, presidente de la Asamblea Nacional y del Consejo de Estado, cuya influencia la ha blindado sistemáticamente.
El hecho de que Johnson Urrutia sea mujer y afrodescendiente no es un dato menor para un régimen que buscaría capitalizar mediáticamente su designación como un gesto de inclusión, especialmente ante la comunidad internacional y las organizaciones que monitorean la situación racial y de género en la isla. La circulación reciente en redes sociales de imágenes que muestran a Lazo y Johnson Urrutia vacacionando juntos sugiere un nivel de cercanía personal y política que trasciende la mera relación institucional.
Roberto Morales Ojeda y el control de la política de cuadros
Roberto Morales Ojeda, por su parte, ocupa una posición estratégica como máximo responsable de la llamada «política de cuadros» del Partido Comunista, rol que heredó de José Ramón Machado Ventura. Desde esa posición, Morales Ojeda tiene acceso a la selección, preparación y filtración de los cuadros elegibles para ascensos, lo que le confiere un poder discrecional considerable. Sin embargo, a diferencia de otros candidatos, no ha pasado por el «fogueo» como primer secretario del PCC en provincias calientes como Villa Clara, Holguín, Santiago de Cuba o La Habana, donde tradicionalmente se prueba el desempeño de los potenciales designados.
En junio de 2028, Morales Ojeda estará a punto de cumplir 61 años, lo que lo colocaría justo en el límite de la edad máxima exigida por la Constitución. Esta circunstancia lo mantiene dentro de la ecuación, pero apenas. Su perfil burocrático y su falta de exposición en territorios complejos podrían jugar en su contra frente a candidatos con mayor exposición territorial, aunque su control sobre la maquinaria de selección de cuadros le otorga una ventaja operativa innegable.
El contexto sistémico: crisis, exodo y represión
El debate sucesorio no puede desvincularse del contexto de colapso sistémico que atraviesa Cuba. La economía cubana ha contraído de manera sostenida durante los últimos años, con una inflación que ha destruido el poder adquisitivo de los salarios, una dolarización acelerada que segmenta a la población entre quienes acceden a divisas y quienes sobreviven en pesos, y un desabastecimiento crónico que afecta productos básicos como alimentos, medicinas y combustible. Los apagones, que en algunas regiones superan las diez horas diarias, han generado protestas esporádicas que la dictadura cubana ha reprimido con detenciones arbitrarias, amenazas y persecución política.
El éxodo migratorio, que ha superado el millón de cubanos desde 2022 según datos de agencias internacionales, representa la mayor hemorragia demográfica de la isla en décadas. La salida masiva de jóvenes en edad productiva y reproductiva ha dejado a Cuba con una población envejecida y sin recambio generacional, lo que agrora aún más la ya crítica escasez de mano de obra calificada y profundiza el declive económico. Este fenómeno también afecta directamente a la cantera de cuadros políticos del régimen, que ve cómo las nuevas generaciones optan por el exilio antes que por la militancia.
La represión, mientras tanto, se ha perfeccionado. Tras las protestas del 11 de julio de 2021, las más masivas en tres décadas, la dictadura cubana endureció su aparato coercitivo con nuevas leyes penales, vigilancia digital y un sistema de intimidación que opera desde las estructuras de barrio. Organizaciones de derechos humanos han documentado cientos de presos políticos y casos de tortura, hostigamiento familiar y censorship. Este control social es lo que mantiene al régimen en pie, pero también es lo que hace impensable cualquier reforma desde dentro que pueda abrir un espacio de democratización.
La sombra del pasado: caídas y purgas
La historia reciente de la política cubana está sembrada de purgas y caídas abruptas que ilustran la naturaleza del sistema. Carlos Lage Dávila y Felipe Pérez Roque, en su momento favoritos de Fidel Castro, fueron destituidos y humillados públicamente en 2009 bajo el gobierno de Raúl Castro, quien fabricó meticulosamente su caída como parte de un proceso de consolidación de su propio poder. Más recientemente, Jorge Luis Perdomo Di-Lella, considerado un «presidenciable» en 2019, vio truncada su carrera de manera súbita. Estos antecedentes demuestran que en el régimen cubano ningún cargo es seguro y que la lealtad de hoy no garantiza la supervivencia política de mañana.
La propia trayectoria de Díaz-Canel ilustra esta dinámica. Designado en 2018 como sucesor de Raúl Castro, fue elegido no por sus méritos sino por la ausencia de alternativas mejores dentro del reducido grupo de cuadros disponibles. Su gestión ha estado marcada por la profundización de la crisis económica, la represión del 11J y una diplomática errática que ha distanciado a Cuba de aliados tradicionales sin lograr acercamientos significativos con nuevos socios. Que el régimen considere prolongar su mandato es, en cierto modo, un reconocimiento de su incapacidad para producir liderazgos de recambio.
El factor familiar: Sandro Castro y la decadencia simbólica
La presencia de figuras como Sandro Castro, nieto de Fidel Castro, en el espacio público —con su ostentoso estilo de vida y su prominencia en redes sociales— ha generado rechazo entre la población, pero también refleja el grado de descomposición del sistema de valores que el régimen dice defender. Que su nombre se mencione, incluso en tono de burla, como posible candidato ilustra la profundidad del vacío de liderazgo y la arbitrariedad con la que operan los mecanismos de designación en la cúpula cubana.
Oscar Pérez-Oliva Fraga, por contraste, representa la opción más seria dentro del linaje Castro. Su vinculación con la inversión extranjera lo coloca en una posición funcional para los intereses económicos de GAESA y del sector militar que controla el grueso de las empresas estatales. Su designación, sin embargo, implicaría un reconocimiento explícito del carácter dinástico del régimen, algo que las autoridades de la isla han intentado maquillar históricamente con la retórica del «hombre nuevo» y del mérito revolucionario.
Conclusión: la cuenta regresiva del régimen
Sea cual sea el nombre que finalmente emerja como sucesor —o si Díaz-Canel es prolongado en el cargo mediante el referendo que prevé el artículo 228—, la realidad es que el régimen cubano opera contra el reloj. La combinación de una crisis económica sin solución a la vista, una población que emigra masivamente, un aparato represivo que sostiene el sistema a fuerza de miedo, y una cúpula dirigente envejecida y sin recambio configura un escenario de fragilidad institucional sin precedentes desde los años noventa.
La comunidad internacional, mientras tanto, mantiene una posición de tibieza frente a la dictadura cubana. La Unión Europea revisa su Posición Común, Estados Unidos mantiene sanciones pero no ha logrado un cambio de comportamiento del régimen, y los aliados de Cuba —Rusia, China, Irán— ofrecen apoyo diplomático pero no los recursos económicos necesarios para revertir el colapso. En este contexto, la sucesión de 2028 no será solo un ejercicio de designación burocrática, sino una prueba definitiva de la capacidad del régimen para sobrevivir a su propia decadencia.
