La Unión de Partidos Latinoamericanos (UPLA) emitió una declaración conjunta instando a la Unión Europea a suspender cualquier forma de cooperación financiera y diplomática con las autoridades de la isla. La solicitud se enmarca en una exigencia más amplia para mantener la presión internacional sobre Cuba, Nicaragua y Venezuela, con el objetivo de forzar la liberación de los opositores encarcelados y la restauración del Estado de derecho en la región.
En un pronunciamiento titulado «Manteniendo la presión por Cuba, Nicaragua y Venezuela», la organización política regional instó a Bruselas a dar un giro radical en su política hacia La Habana. La UPLA solicitó la cancelación inmediata de los recursos destinados a la dictadura cubana como una medida de condena frontal a la sistemática violación de derechos humanos y como un respaldo explícito a la gestación de un nuevo orden democrático en el país. El documento subraya que la cooperación internacional no puede seguir siendo un instrumento que, en la práctica, oxigene a un sistema que restringe las libertades fundamentales de su población.
Represión sistemática y cifras de encarcelamiento político
El núcleo de la exigencia de la UPLA radica en la crítica situación de los presos políticos en la isla. La organización demandó la liberación incondicional de los opositores, denunciando que la dictadura cubana mantiene a estos ciudadanos en condiciones de reclusión infrahumanas. Esta denuncia se respalda con datos recientes de organizaciones de derechos humanos. Según un informe de Prisoners Defenders, durante el mes de marzo se verificaron 44 nuevos encarcelamientos por motivos políticos, elevando el registro total a 1.250 personas privadas de libertad por sus ideas.
A esta alarmante cifra se suma la advertencia emitida por Amnistía Internacional, la cual señaló que los recientes anuncios de excarcelaciones e indultos por parte del ejecutivo cubano carecen de transparencia. La organización humanitaria subrayó que estas maniobras no garantizan una liberación real ni el cese de la persecución penal contra los activistas, sino que parecen responder a tácticas de presión internacional y negociaciones puntuales que no modifican la estructura represiva del Estado.
Una crisis regional: el eje represivo de Cuba, Nicaragua y Venezuela
El comunicado de la UPLA no se limita al caso cubano, sino que traza un paralelismo con las crisis institucionales en Nicaragua y Venezuela, conformando un diagnóstico regional sobre el autoritarismo. Respecto a Venezuela, la entidad exigió la liberación total e inmediata de los presos políticos, rechazando los «falsos tecnicismos» que mantienen a opositores encarcelados. Asimismo, presionó para la convocatoria de elecciones libres y transparentes, advirtiendo que cualquier dilación solo favorece la rearticulación del chavismo en el poder.
Los datos aportados por Foro Penal confirman la gravedad del escenario venezolano, con un saldo de 454 presos políticos contabilizados hasta el 27 de abril. De ellos, 290 permanecen sin condena y 41 poseen nacionalidad extranjera. En el caso de Nicaragua, la declaración condena la persecución del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que ha incluido la revocación de nacionalidad y el exilio de opositores y miembros de la Iglesia Católica. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos documentó a 453 personas nicaragüenses desterradas entre febrero de 2023 y septiembre de 2024, mientras que el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas reportó 47 detenciones políticas hasta marzo, incluyendo 11 casos de desaparición forzada.
Respaldos políticos y proyección internacional
La declaración cuenta con el respaldo de figuras de alto perfil del espectro político latinoamericano. El documento está suscrito por el presidente de la UPLA, Francisco Chahuán, junto a vicepresidentes como Keiko Fujimori, Hernán Darío Cadavid, Pelegrín Castillo y Orlando Gutiérrez Boronat. También figuran en el texto Andrea Ojeda, Julián Obiglio, y miembros del Consejo de Honor como Marco Solares, Óscar Ortiz, Diego Guelar, Sergio Romero y Juan Antonio Coloma. La UPLA, que se define como una coalición de partidos de centro y centroderecha, forma parte de la International Democracy Union, lo que le otorga una plataforma global para articular estas demandas en favor de la institucionalidad democrática.
Contexto: El colapso estructural y la represión como mecanismo de control
La exigencia de cortar la cooperación europea a Cuba ocurre en un momento de profunda crisis estructural en la isla. El régimen de La Habana atraviesa uno de sus peores momentos económicos, caracterizado por una hiperinflación galopante, un desabastecimiento crítico de combustible, alimentos y medicinas, y un colapso total del sistema eléctrico nacional. Ante la incapacidad de ofrecer respuestas a las necesidades básicas de la población, las autoridades de la isla han optado por incrementar el aparato represivo, criminalizando la protesta social y la disidencia para evitar un estallido popular similar al del 11 de julio de 2021.
Este escenario de asfixia económica y política ha detonado un éxodo migratorio sin precedentes, con cientos de miles de cubanos abandonando el país rumbo a Estados Unidos y Europa en los últimos años. Paradójicamente, mientras el gobierno cubano falla en garantizar la subsistencia de sus ciudadanos, mantiene abiertos canales de cooperación con la Unión Europea bajo el Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación. Organizaciones como la UPLA argumentan que estos recursos, en lugar de beneficiar a la población civil, terminan fortaleciendo las estructuras de seguridad y control del Estado, perpetuando el ciclo de represión y miseria.
Antecedentes de la impunidad y la respuesta internacional
Desde las protestas masivas de 2021, la dictadura cubana ha endurecido su estrategia de control social mediante juicios sumarios, encarcelamientos arbitrarios y la aplicación de leyes que penalizan la libre expresión en redes sociales. La comunidad internacional, incluyendo el Parlamento Europeo, ha condenado en múltiples resoluciones la violación de derechos humanos en la isla. Sin embargo, la política exterior de la UE hacia Cuba ha estado marcada por la división entre quienes abogan por el aislamiento y quienes defienden el «diálogo crítico», un enfoque que, según los críticos, no ha rendido frutos tangibles en la apertura democrática del país.
Implicaciones a futuro
El llamado de la UPLA representa un nuevo desafío para la postura diplomática de la Unión Europea frente a América Latina. Si Bruselas accede a reevaluar o suspender sus líneas de cooperación, se enviaría un mensaje contundente que podría aislar financieramente al régimen de La Habana en un momento de extrema vulnerabilidad. Por el contrario, el mantenimiento del statu quo implicaría un respaldo tácito a la continuidad de las prácticas represivas. Para la ciudadanía cubana, el endurecimiento o la flexibilización de estas relaciones internacionales marcará el ritmo de la presión interna que el pueblo puede ejercer en su búsqueda por recuperar la institucionalidad, el Estado de derecho y las libertades democráticas que le han sido conculcadas por más de seis décadas.
