La actriz y locutora cubana Laritza Camacho ha interpelado públicamente la capacidad del régimen de La Habana para implementar las nuevas reformas económicas anunciadas esta semana, poniendo en palabras el escepticismo generalizado de una población que sobrevive en medio de la peor crisis estructural de las últimas décadas. Sus declaraciones resuenan en un país donde las promesas oficiales de cambio chocan de frente con la realidad de los apagones, la inflación galopante y el colapso de los servicios básicos.
A través de su perfil de Facebook, Camacho formuló una interrogante que sintetiza el sentir de amplios sectores de la isla: «¿Quién garantiza que los que han hecho todo mal, de pronto lo hagan todo bien?». Su mensaje llegó pocas horas después de que el dictador Miguel Díaz-Canel presentara ante la Asamblea Nacional del Poder Popular una supuesta nueva agenda de transformaciones económicas y sociales, destinada, según la retórica oficial, a revertir la profunda crisis que asfixia a la nación.
La artista, conocida por su participación en programas de la televisión cubana antes de asumir posturas críticas, profundizó en su cuestionamiento al señalar la desconexión histórica del poder con la realidad ciudadana. «¿Quién garantiza que quienes no han escuchado nunca, de repente se vuelvan receptivos, además de eficientes?», subrayó. La crítica toca un nervio fundamental: la ineficacia sistémica de la burocracia estatal y la nula rendición de cuentas que caracterizan al sistema de planificación centralizada en Cuba.
Camacho fue más allá de la mera evaluación de las medidas y apuntó directamente a la legitimidad de quienes pretenden liderar el proceso de reformas. Con un mensaje cargado de ironía y recurriendo al doble sentido de una expresión popular, lanzó una propuesta directa a la cúpula del poder: «No se puede ser juez y parte, así que parte». La frase, que en el lenguaje coloquial cubano invita a quien ostenta el poder de manera inamovible a apartarse, es una clara llamada a la democratización. «No se me ocurre otra idea, pero yo creo que está muy buena. Ojalá la tengan en cuenta», añadió.
Una «agenda de emergencia» frente al colapso sistémico
Las declaraciones de la comunicadora surgen en el contexto de la aprobación, por parte del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, de la denominada «agenda económica y social de emergencia». Este programa, presentado como una salvavidas, incluye decenas de medidas dirigidas a reactivar la economía y contener el deterioro acelerado de las condiciones de vida. Sin embargo, la falta de independencia de los poderes públicos en la isla hace que cualquier plan proveniente del ejecutivo cubano sea visto con justificada desconfianza.
Según la información difundida por las autoridades de la isla, el plan contempla 23 áreas estratégicas y más de un centenar de acciones. Estas abarcan sectores críticos como la agricultura, la energía, la banca, la inversión extranjera, el comercio exterior, la digitalización y el desarrollo de actores económicos no estatales. Durante la clausura del Pleno Extraordinario del Comité Central, el dictador Díaz-Canel defendió la necesidad de acelerar los cambios bajo el argumento de que «la realidad nos impone cambios urgentes y necesarios», un eufemismo para describir el fracaso del modelo impuesto.
Entre las iniciativas anunciadas figuran la posibilidad de ampliar la participación de la inversión extranjera en pequeñas y medianas empresas, revisar las actividades vetadas al sector privado, flexibilizar mecanismos de importación y exportación, y avanzar hacia un esquema de subsidios focalizados para personas vulnerables. No obstante, analistas económicos señalan que estas medidas son parches a un sistema caduco. La falta de un mercado cambiario unificado, la inseguridad jurídica y el control absoluto del Estado sobre los medios de producción hacen inviable cualquier reactivación sostenida.
El historial de fracasos y la pérdida de credibilidad
El escepticismo que refleja Laritza Camacho no es gratuito; está fundamentado en décadas de políticas erróneas y, más recientemente, en el rotundo fracaso de la llamada «Tarea Ordenamiento». Implementada en 2021, esta reforma monetaria provocó una hiperinflación no reconocida oficialmente, la devaluación del salario real y un empobrecimiento sin precedentes de la clase trabajadora. Las promesas de que los ajustes traerían estabilidad se tradujeron en un deterioro brutal del poder adquisitivo de los cubanos.
A la crisis económica se suma el colapso del Sistema Electroenergético Nacional (SEN). Los apagones prolongados, que en muchas provincias superan las 15 horas diarias, han paralizado la economía informal y formal, además de afectar la conservación de alimentos y el suministro de agua potable. La infraestructura de la isla, diseñada en plena Guerra Fría y subfinanciada durante décadas, ha llegado a un punto de quiebre que ninguna «agenda de emergencia» puede resolver a corto plazo sin una apertura democrática y ayuda externa masiva.
Este escenario de desabastecimiento y penurias ha desencadenado un éxodo migratorio sin precedentes en la historia republicana de Cuba. Cientos de miles de cubanos han abandonado el país en los últimos años, huyendo de la falta de oportunidades y de la represión. La fuga de cerebros, de fuerza laboral joven y de profesionales de la salud ha dejado un vacío demográfico difícil de revertir. Las autoridades de la isla intentan maquillar este fenómeno como una «emigración económica», pero la realidad es que el régimen ha perdido el consenso social y la confianza de sus ciudadanos.
Represión y falta de libertades: el trasfondo de las reformas
Es imposible analizar las propuestas económicas del gobierno cubano sin señalar el contexto de represión en el que se enmarcan. La dictadura ha endurecido su política penal con códigos represivos que criminalizan el disenso, la protesta pacífica y el periodismo independiente. Las cárceles de la isla albergan a cientos de presos políticos, detenidos tras las manifestaciones del 11 de julio de 2021, quienes purgan largas condenas por el delito de exigir los mismos cambios que ahora el régimen pretende vender como medida de salvatazo.
La voz de Laritza Camacho adquiere relevancia no solo por su alcance mediático, sino porque rompe el muro de silencio impuesto por el aparato de propaganda estatal. En un país donde la censura digital, el acoso a las redes sociales y las desconexiones a internet son prácticas comunes para sofocar la crítica, alzar la voz exige valentía. Su interpelación directa a la cúpula militar y civil que gobierna Cuba evidencia que el miedo está cediendo paso a la indignación ciudadana.
Las palabras de la actriz se suman a un coro creciente de voces dentro y fuera de la isla que cuestionan no solo el contenido de las medidas anunciadas, sino la propia capacidad del régimen para ejecutarlas. La historia reciente demuestra que la burocracia cubana carece de la agilidad y la transparencia necesarias para gestionar procesos de liberalización económica, prefiriendo el control político al bienestar material de la población.
Implicaciones a futuro y respuesta ciudadana
De cara al futuro, las consecuencias de este nuevo paquete de medidas dependerán menos de su diseño en el papel y más de la voluntad real del régimen para desmontar el monopolio estatal. Sin embargo, todo indica que el gobierno cubano intentará aplicar reformas económicas cosméticas mientras mantiene el control político absoluto, una fórmula que históricamente ha fracasado en la isla. La ciudadanía, agotada por la supervivencia diaria, observa la agenda con cautela, recordando que los anuncios grandilocuentes rara vez se traducen en alimentos en la mesa o electricidad en los hogares.
La comunidad internacional también juega un papel crucial en este escenario. Organismos de derechos humanos y gobiernos democráticos deben mantener la presión para que cualquier reforma en Cuba vaya acompañada de una apertura democrática, la liberación de los presos políticos y el respeto a las libertades fundamentales. Apoyar reformas económicas sin exigir contrapartes políticas sería legitimar un modelo autoritario que ha demostrado ser ineficiente y represivo.
En conclusión, la interpelación de Laritza Camacho deja una lección incómoda para el poder en Cuba: no hay reforma económica posible con los mismos actores que condujeron al país al desastre. Mientras el régimen se niegue a ser «parte» y dejar de ser «juez», cualquier agenda de emergencia estará condenada al fracaso, y el éxodo, la pobreza y la represión continuarán siendo los verdaderos rostros de la Cuba actual.
