Las autoridades de la prisión provincial de máxima severidad Kilo 8, en Camagüey, han implementado nuevas restricciones arbitrarias que impiden a los reclusos recibir alimentos básicos llevados por sus familiares durante los días de visita. La medida, denunciada desde el interior del penal, agrava aún más la precaria situación nutricional de los presos y evidencia el endurecimiento de las políticas carcelarias por parte del régimen de La Habana.
La denuncia fue dada a conocer vía telefónica por el interno José Ricardo González Alfonso, quien detalló que durante la jornada de visita del pasado 4 de abril, los guardias del centro procedieron a confiscar varios productos alimenticios que tradicionalmente eran permitidos. Entre los artículos retirados de manera unilateral se encuentran el gofio (harina de trigo tostada), el pinol (harina de maíz tostada) y un alimento en polvo conocido como «bananina», elaborado a partir de plátano secado al sol y pulverizado. Asimismo, la entrada de refresco instantáneo en polvo fue drásticamente limitada, reduciéndose de los 45 paquetes habitualmente permitidos a tan solo 15 por cada recluso.
Según el testimonio de González Alfonso, esta medida punitiva no fue un acto aislado de los guardias de turno, sino una directriz emanada desde la cúpula del penal. La orientación fue impartida por el jefe de Orden Interior, identificado como el suboficial Yulien Reyna Rivero, y ejecutada materialmente por una uniformada que responde al nombre de «Betty». Todo este operativo de decomiso se llevó a cabo con el pleno conocimiento y aquiescencia del director de la prisión, el teniente coronel Juan Miguel Sánchez Duarte, lo que demuestra la institucionalización de estas privaciones.
La situación en Kilo 8 había sido puesta en el ojo del huracán semanas antes por el preso político Alieski Calderín Acosta. A mediados de marzo, Calderín Acosta había alertado sobre una drástica y alarmante disminución en la ración alimentaria destinada a los reclusos en este centro de máximo rigor. La prohibición de recibir alimentos del exterior no es más que la culminación de una política de desnutrición sistemática que afecta a la población carcelaria, obligada a depender de un sistema estatal incapaz de garantizar su sustento.
González Alfonso, natural del municipio de Majagua en la provincia de Ciego de Ávila, tiene 42 años y antes de su encarcelamiento se desempeñaba como ayudante de albañil por cuenta propia. Se encuentra privado de libertad desde el 18 de junio de 2004, tras ser condenado a 40 años de prisión por el delito de asesinato. Para reclusos como él, que enfrentan penas prolongadas, la alimentación complementaria proporcionada por los familiares es vital para sobrevivir a las deficientes condiciones dietéticas del penal.
Por su parte, Alieski Calderín Acosta, de 37 años y residente en el municipio cabecera de Camagüey, también de profesión albañil, purge una condena de 20 años de privación de libertad desde el 7 de noviembre de 2012. Fue sentenciado por el delito de sabotaje, tras ser acusado de presuntamente arrojar un cóctel Molotov contra la tienda recaudadora de divisas (TRD) El Encanto, situada en el bulevar camagüeyano. Su caso es seguido de cerca por organizaciones internacionales de derechos humanos.
Represión y discriminación a presos políticos
La condición de preso político de Calderín Acosta ha sido un factor determinante en el trato recibido dentro del penal. A pesar de haber extinguido más de la mitad de su condena, las autoridades penitenciarias le han negado de forma sistemática la progresión al régimen de mínima severidad, un beneficio contemplado en la normativa carcelaria. La justificación esgrimida por funcionarios y agentes de la Seguridad del Estado ha sido tajante: «los contrarrevolucionarios no tienen derecho» a este beneficio. Esta declaración refleja la naturaleza vengativa de la dictadura cubana, que utiliza el sistema penal como un instrumento de escarmiento político. Calderín Acosta está incluido en el listado de presos políticos elaborado por Prisoners Defenders, agrupación internacional de defensa de los derechos humanos radicada en España.
El accionar del teniente coronel Juan Miguel Sánchez Duarte y sus subordinados en Kilo 8 ilustra la impunidad con la que operan las instituciones represivas en Cuba. Al no existir una separación de poderes ni órganos de control independiente, los directores de prisiones actúan como jueces y verdugos dentro de sus feudos. La prohibición de alimentos, la negación de beneficios procesales a presos políticos y el ensañamiento con opositores son prácticas que cuentan con el respaldo absoluto del aparato estatal y la Seguridad del Estado, configurando un panorama de violaciones sistemáticas a la dignidad humana.
Contexto sistémico y crisis penitenciaria
La crisis alimentaria en las prisiones cubanas no es un fenómeno aislado, sino un reflejo directo del colapso estructural que atraviesa la isla. El gobierno cubano ha demostrado una incapacidad manifiesta para garantizar la alimentación básica tanto de la población civil como de la reclusa. La drástica reducción de las raciones estatales en los penales obliga a las familias a cargar con el peso de la nutrición de los presos. Sin embargo, con una inflación desbordada, el desabastecimiento crónico y la devaluación del salario real, adquirir alimentos en el mercado informal para llevarlos a las prisiones se ha convertido en un calvario económico para los cubanos de a pie.
Al restringir arbitrariamente la entrada de alimentos de alta densidad calórica y larga duración, como el gofio o el pinol, las autoridades de la isla están utilizando el hambre como un arma de control y sumisión. La dictadura cubana entiende que la desnutrición debilita no solo el cuerpo, sino también la capacidad de resistencia de los reclusos. Esta política de despojo se suma a las ya deplorables condiciones de hacinamiento, falta de higiene y ausencia de atención médica adecuada que caracterizan a los centros penitenciarios del país, convirtiéndolos en verdaderos centros de tortura física y psicológica.
Es necesario recordar que el sistema penitenciario cubano experimentó un aumento significativo de su población tras las protestas del 11 de julio de 2021. Cientos de ciudadanos que exigieron cambios pacíficamente fueron enjuiciados mediante procesos sin garantías y condenados a largas penas. Este incremento poblacional ha tensionado aún más los ya colapsados recursos de los penales, exacerbando la crisis alimentaria y sanitaria. La situación en Kilo 8 es replicable en prisiones de toda la isla, como Combinado del Este en La Habana o Las Mangas en Granma, donde los relatos de hambre y enfermedad son una constante.
Implicaciones y futuro
Las recientes denuncias desde el interior de la prisión Kilo 8 deben encender las alarmas en la comunidad internacional y en las organizaciones defensoras de los derechos humanos. El uso de la privación de alimentos como mecanismo de castigo, sumado a la discriminación sistemática contra los presos políticos, constituye una violación flagrante de los tratados internacionales de los que Cuba es signataria. La persistencia de estas prácticas por parte del régimen de La Habana no solo compromete la integridad física y mental de los reclusos, sino que profundiza el aislamiento moral del Estado cubano frente a la comunidad de naciones democráticas, exigiendo una condena firme y acciones concretas para el monitoreo independiente de las cárceles en la isla.
