La hija menor del exvicepresidente Carlos Lage Dávila, destituido en 2009 por Raúl Castro, opera al menos tres establecimientos gastronómicos en La Habana con socios italianos, en medio de un escenario donde el sector privado cubano enfrenta hostigamiento sistemático y restricciones crecientes. Mientras pequeños empresarios sin conexiones políticas batallan contra la burocracia y el desabastecimiento, la familia Lage prospera en un limbo de privilegios que levanta interrogantes sobre la verdadera naturaleza de las purgas internas del régimen.
Cristina Lage Codorniú, abogada especialista en derechos de autor y propiedad intelectual, figura como titular registrada de al menos un restaurante en la capital cubana, según el listado oficial publicado por el diario Tribuna de La Habana. Se trata de «Sensacioones!», un establecimiento de parrilla ubicado en la esquina de calles 70 y 9na, en el municipio Playa, aunque registrado con la dirección de la residencia familiar. Otros dos emprendimientos —»Woow!!» (anteriormente «Waoo!»), un snackbar frente al hotel Habana Libre en la esquina de L y 25, y «Food!», un servicio de delivery con sede en calle 30, esquina 26 y 47— operan desde la propia casa familiar en Nuevo Vedado que perteneció a Iris Dávila, abuela paterna de Cristina.
Las fuentes consultadas, que pidieron anonimato por temor a represalias, señalan que detrás de estos negocios se encuentran empresarios italianos con vínculos históricos con la familia Lage. El más relevante sería Nicola Todisco, pariente de un antiguo amigo del exvicepresidente, quien durante los años noventa financió proyectos de importación de vinos, licores, quesos, carnes procesadas y cigarrillos desde Europa, destinados tanto al sector turístico como a la empresa Palco, vinculada al Consejo de Estado. Otro socio identificado es Fabrizio Liacobetti, vecino del barrio Puentes Grandes donde residía Cristina, quien llevaría además el «Bazar El Louvre» en calle O’Reilly.
Una «marca» familiar en pleno Vedado
Los tres negocios atribuidos a Cristina Lage comparten un elemento de identidad corporativa: logotipos con doble «O» que evocan ojos en gesto de asombro, coronados por un sombrero de cocinero. Este detalle de diseño, aparentemente menor, ha sido señalado por fuentes del sector gastronómico habanero como la «firma» que la hija del exvicepresidente ha adoptado para sus emprendimientos. La promoción de estos establecimientos corre a cargo de su esposo, el sommelier Orlando Alian Rodríguez Leyva, con quien contrajo matrimonio en 2017 y quien en 2014 obtuvo el primer lugar en un concurso de coctelería convocado por la revista Excelencia Gourmet.
Recientemente trascendió en redes sociales la posible apertura de un cuarto establecimiento, un restaurante llamado «Now» en la céntrica calle Obispo, en La Habana Vieja. Sin embargo, las fuentes consultadas no pudieron confirmar de manera categórica la vinculación directa de Cristina con este local, cuyo diseño gráfico no sigue la pauta visual del resto de sus negocios. No obstante, la atribución a Liacobetti y la red de conexiones italianas que rodea a la familia mantiene viva la sospecha sobre su participación.
La paradoja de los «caídos» que nunca cayeron del todo
La prosperidad de los negocios de la familia Lage resulta llamativa si se considera que Carlos Lage Dávila fue destituido en marzo de 2009 en una de las purgas más sonadas del régimen cubano, acusado de «deslealtad» y apartado bruscamente del Consejo de Estado, donde se desempeñaba como vicepresidente desde 1993. Hasta ese momento, Lage era considerado una de las figuras más influyentes del círculo íntimo de Fidel Castro, con proyección incluso como posible sucesor. Su caída, junto con la del entonces canciller Felipe Pérez Roque, fue presentada como una depuración ética, acompañada de videos de vigilancia exhibidos a militantes del Partido Comunista donde se mostraban supuestas conductas indignas.
Sin embargo, el hecho de que hoy su hija y su yerno operen negocios prósperos —dos de ellos registrados en la propia dirección familiar— plantea una pregunta incómoda: ¿cómo es posible que alguien oficialmente señalado como desleal conserve privilegios económicos de esta magnitud? La respuesta, según testimonios de exfuncionarios que también fueron purgados en 2009, pasa por comprender la lógica interna del régimen como una estructura de poder típicamente mafiosa, donde cada participante conoce su papel y la caída no necesariamente implica la exclusión total, sino una reasignación de roles dentro del «negocio familiar» que dirige el jefe máximo.
El otro hijo y sus conexiones internacionales
El silencio obediente de Carlos Lage Dávila tras su destitución podría tener una contrapartida tangible en los privilegios que disfruta su familia. Su hijo mayor, Carlos Lage Codorniú, se desempeña como consultor y analista principal del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y ha trabajado también para la Agencia Sueca de Cooperación para el Desarrollo Internacional (ASDI). Desde estas posiciones, Lage Codorniú ha gestionado fuentes de financiamiento internacional con el pretexto del apoyo al sector privado cubano, coordinando eventos sobre mecanismos de financiamiento a las mipymes, como el reseñado por la prensa oficial el 21 de agosto de 2023.
Profesor auxiliar de la Facultad de Economía de la Universidad de La Habana y experto del Banco Central de Cuba, Lage Codorniú podría haber contribuido, desde sus posiciones en organismos internacionales, a facilitar el entorno para la prosperidad de los negocios de su hermana. Esta intersección entre cooperación internacional, influencia política residual y emprendimiento privado dibuja un escenario de conflictos de interés que el régimen no parece dispuesto a fiscalizar, en contraste con el escrutinio implacable que sufren los cuentapropistas sin conexiones.
Contexto: dos pesos y dos medidas en el sector privado
El florecimiento de los negocios de los Lage contrasta de manera abrupta con la realidad que enfrentan la inmensa mayoría de los emprendedores cubanos. Desde la aprobación de las reformas para la creación de mipymes en septiembre de 2021, el sector privado ha operado en un entorno de hostilidad declarada por parte de las autoridades. Funcionarios del régimen han calificado públicamente a los empresarios como «extractores de riqueza», mientras se imponen restricciones a la importación, se bloquean cuentas bancarias, se aplican fiscalidades confiscatorias y se mantienen listas de productos prohibidos para la comercialización.
La crisis económica estructural que atraviesa Cuba —con una inflación que superó el 30% anual según estimaciones independientes, un desabastecimiento crónico de combustible y alimentos, y un colapso del sistema eléctrico que mantiene apagones prolongados— ha golpeado con especial dureza a los pequeños negocios sin acceso a divisas ni a redes de proveedores internacionales. Mientras tanto, las familias con conexiones en la cúpula del poder operan en una economía paralela donde los insumos, las licencias y los permisos fluyen con una facilidad que resulta inaccesible para el ciudadano común.
Esta dinámica no es exclusiva de los Lage. La familia Castro ha mantenido durante décadas el control de importantes negocios gastronómicos y turísticos en la isla, desde el restaurante La Barraca en el Hotel Tryp Habana Libre hasta diversas instalaciones vinculadas al holding Gaviota, administrado por las Fuerzas Armadas. Otros familiares de altos mandos militares y civiles ocupan posiciones privilegiadas en el sector inmobiliario, la importación y la distribución mayorista, conformando una oligarquía de facto que el régimen se niega a reconocer.
Antecedentes: las purgas de 2009 y sus verdaderos costos
La destitución de Carlos Lage Dávila y Felipe Pérez Roque en marzo de 2009 marcó un punto de inflexión en la transición de poder de Fidel a Raúl Castro. Los videos proyectados a los cuadros del Partido mostraban a ambos funcionarios en conversaciones interceptadas por la inteligencia cubana, donde presuntamente expresaban ambiciones de poder y críticas a la dirigencia. Las fiestas en la finca de Conrado Hernández en Arcos de Canasí fueron utilizadas como pretexto adicional, presentándolas como evidencia de conductas frívolas incompatibles con la ética revolucionaria.
Sin embargo, diversos testimonios de testigos directos sugieren que la verdadera motivación fue la consolidación del control total por parte de Raúl Castro, quien necesitaba desmontar el equipo heredado de su hermano para instalar su propia estructura de lealtades. En una carta publicada en diciembre de 2016 titulada «Un Fidel muy íntimo», Carlos Lage Codorniú dejó traslucir cierta incomprensión ante los hechos, además de describir el aburrimiento que le generaban los extensos monólogos del dictador. Por su parte, en declaraciones públicas con motivo de sus 70 años en octubre de 2021, el propio Carlos Lage Dávila se refirió a su destitución como algo que su familia anticipaba, sin asombro, sugiriendo que la purga era un desenlace foreseeable dentro de la lógica del poder.
Implicaciones y consecuencias
El caso de los negocios de los Lage ilustra con meridiana claridad la naturaleza selectiva del modelo económico cubano, donde la prosperidad no depende del talento empresarial ni del esfuerzo individual, sino de la proximidad al poder y del grado de sumisión mantenida tras las purgas internas. La dictadura cubana ha demostrado una y otra vez que castiga la disidencia abierta con cárcel, exilio o represión económica, pero recompensa el silencio cómplice de quienes cayeron pero no desertaron del pacto mafioso que sustenta el sistema.
Para la comunidad internacional, particularmente para los organismos como el PNUD y la ASDI que emplean a Carlos Lage Codorniú, este escenario debería plantear serias interrogantes sobre la transparencia y el destino real de los fondos de cooperación destinados al «sector privado» en Cuba. La coincidencia entre la gestión de financiamiento internacional por parte del hijo y la prosperidad empresarial de la hija constituye, cuando menos, un motivo de escrutinio que hasta ahora nadie ha emprendido.
El mensaje que la dictadura envía a la ciudadanía con casos como este es el de siempre: en Cuba hay dos caminos. Uno es el de la obediencia silenciosa, que puede incluir negocios rentables y privilegios, incluso después de una caída en desgracia. El otro es el de la libertad, que se paga con represión, exilio o marginación absoluta. Mientras el régimen de La Habana continúe operando bajo esta lógica, cualquier reforma económica será percibida —con justa razón— como un ejercicio de maquillaje sobre un sistema diseñado para perpetuar el control de una élite que nunca pierde del todo, ni siquiera cuando cae.
