El primer ministro del régimen de La Habana, Manuel Marrero Cruz, defendió este miércoles ante la Asamblea Nacional la decisión de la exministra de Trabajo y Seguridad Social, Marta Elena Feitó Cabrera, de abandonar su cargo tras desatar un escándalo público al negar la existencia de indigentes en la isla y tildar a las personas sin hogar de optar por un «modo de vida fácil». En un intento por controlar el daño político, el alto funcionario elogió la dimisión como un acto de «valentía», mientras el gobierno cubano intenta desvincular la creciente mendicidad del profundo colapso estructural que atraviesa el país.
Durante su intervención ante el Parlamento, Marrero Cruz reveló fragmentos de la conversación sostenida con la ahora exministra, asegurando que esta había reconocido sus errores al afirmar: «Me equivoqué, y me equivoqué en lo que nunca debí haberme equivocado. Y no me siento en condiciones de mantenerme como un cuadro al frente de un ministerio». El primer ministro calificó la actitud de Feitó Cabrera como «valiente» y aseguró que su postura fue respaldada por la totalidad de su Consejo de Dirección. La renuncia fue formalizada el martes como una «solicitud de liberación» aceptada por el Buró Político y el Consejo de Estado, quienes citaron la «falta de objetividad y sensibilidad» de la funcionaria en el abordaje de los temas sociales.
La crisis institucional estalló después de que Feitó Cabrera afirmara, en una sesión parlamentaria previa, que las personas que viven en las calles de Cuba no son indigentes reales, sino individuos «disfrazados» que han optado por participar en «actividades económicas ilegales» para evadir al fisco. Estas declaraciones suscitaron un masivo e inmediato rechazo social, exacerbado aún más cuando se hizo público que el hijo de la exministra reside en Miami, donde tramita su residencia permanente amparado por la Ley de Ajuste Cubano. La hipocresía de la alta dirigencia, que gobierna bajo un modelo socialista de fracaso económico mientras envía a sus familiares al capitalismo del norte, quedó una vez más al descubierto.
Ante la magnitud de la indignación ciudadana, el gobernante Miguel Díaz-Canel se vio obligado a intervenir para intentar apaciguar los ánimos. Aunque evitó mencionar a Feitó Cabrera por su nombre, sus palabras se entendieron como un reproche directo y una corrección de rumbo obligada. «Yo no estoy de acuerdo con algunos criterios que se dieron en la comisión sobre estas problemáticas. Y no sería honesto si no compartiera los criterios que tengo», señaló el mandatario, quien admitió la existencia de personas en situación de calle y criticó el desconocimiento de la realidad por parte de quienes las denigran desde posiciones de poder.
Quinto Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional del #PoderPopular, en su X Legislatura
Reconocimiento oficial de una crisis negada durante décadas
En su discurso conciliador, Marrero Cruz admitió la gravedad del fenómeno de la indigencia, algo que las autoridades de la isla han intentado invisibilizar históricamente por contradecir los postulados de su modelo socioeconómico. «Este asunto es un problema real, como se dijo ayer, real, existe. No podemos envolverlo en terciopelo y edulcorarlo. Es un problema que tenemos y que tenemos realmente que avanzar en soluciones», reconoció el primer ministro. A diferencia de las desafortunadas declaraciones de la exministra, Marrero subrayó que la pobreza extrema no se combate como un acto delictivo, afirmando que mientras el Estado enfrenta la droga y el delito, la indigencia «se atiende y se resuelve».
Sin embargo, el discurso autocrítico del ejecutivo cubano no se tradujo en una revisión pública de las políticas estatales que han sido denunciadas por criminalizar la pobreza. El propio Marrero Cruz defendió el procedimiento aprobado por el Consejo de Ministros para la atención a las personas con «conductas deambulantes», el cual continúa en vigor a través del Acuerdo 10.068/2025. Este marco normativo ha sido ampliamente cuestionado por ordenar la reclusión de personas sin hogar en los denominados «Centros de Protección Social», una medida paliativa que ignora las causas estructurales del fenómeno, como el desempleo masivo, el déficit habitacional crónico y el colapso absoluto del sistema de salud mental en la isla.
Según datos oficiales citados durante la sesión parlamentaria, más de 3.700 personas con «conductas deambulantes» residen actualmente en estos centros de reclusión social, de los cuales el 38% carece de un domicilio al cual regresar. Estas cifras evidencian el fracaso de las políticas gubernamentales y la incapacidad del Estado para garantizar condiciones de vida dignas. El confinamiento de estos ciudadanos en instituciones estatales, lejos de ser una solución integral, opera como un mecanismo de limpieza social, especialmente evidente en las principales ciudades turísticas donde se busca ocultar la miseria de la vista de los visitantes extranjeros.
El colapso sistémico detrás de la indigencia
El escándalo provocado por las declaraciones de la exministra ha puesto en entredicho no solo la coherencia del discurso oficial, sino también la profunda desconexión de la cúpula dirigente con la realidad cotidiana. La mendicidad en Cuba no es una elección de «vida fácil», sino una consecuencia directa del deterioro acelerado de la economía nacional. La inflación galopante, la pérdida del poder adquisitivo de los salarios y la dualidad monetaria fallida han empujado a amplios sectores de la población a la marginalidad. Un país donde el salario medio no alcanza para cubrir ni la mitad de la canasta básica de alimentos, es un país que inevitablemente genera exclusión social.
La crisis de la vivienda es otro de los pilares de este desastre estructural. Con un déficit habitacional que supera el millón de viviendas y un parque inmobiliario que se derrumba literalmente ante el paso de los huracanes y el paso del tiempo, miles de cubanos han perdido sus hogares y no tienen acceso a programas estatales de realojamiento eficaces. A esto se suma el colapso del sistema de salud pública, que carece de los recursos mínimos para atender a personas con adicciones o trastornos psiquiátricos severos, quienes terminaron abandonados a su suerte en las calles tras el cierre o deterioro de antiguos hospitales psiquiátricos.
El éxodo migratorio masivo de los últimos años, que ha visto partir a cientos de miles de cubanos, ha dejado tras de sí a una población envejecida y empobrecida, sin redes de apoyo familiar suficientes. La dictadura cubana, que ejerce un control férreo sobre la sociedad y reprime cualquier intento de organización civil independiente, es directamente responsable de este escenario. Al monopolizar los recursos y bloquear la iniciativa privada mediante un sistema burocrático asfixiante, el régimen de La Habana ha despojado a los ciudadanos de las herramientas necesarias para superar la pobreza por sí mismos.
Implicaciones y futuro de la crisis social
Históricamente, el gobierno cubano ha utilizado el concepto de «peligrosidad social» y los preceptos del Código Penal para recluir preventivamente a ciudadanos considerados marginales, una práctica que ha sido condenada reiteradamente por organismos internacionales de derechos humanos. La actual política hacia las personas sin hogar bebe de estas mismas fuentes autoritarias, priorizando el encierro y el control social sobre la rehabilitación y el apoyo económico real. La renuncia de una ministra no altera en absoluto la maquinaria represiva y burocrática que mantiene a la población sumida en la precariedad.
Marrero Cruz llamó a que «todos los cuadros» del gobierno extraigan lecciones del caso Feitó Cabrera, reiterando que la atención social es «una prioridad de la Revolución». Sin embargo, la realidad desmiente rotundamente esta afirmación. Las prioridades del Estado se centran en el mantenimiento del aparato represivo, el financiamiento de las fuerzas de seguridad y el sostén de la burocracia partidista, mientras la población civil enfrenta apagones prolongados, desabastecimiento de medicamentos y una creciente inseguridad ciudadana.
La salida de Marta Elena Feitó Cabrera funciona únicamente como un parche mediático destinado a calmar la indignación pública, pero no ofrece soluciones tangibles a los miles de cubanos que duermen en las calles o sobreviven de la caridad pública. La comunidad internacional y las organizaciones defensoras de los derechos humanos deberán mantener la vigilancia sobre cómo las autoridades de la isla implementan el Acuerdo 10.068/2025, garantizando que la reclusión de personas en situación de vulnerabilidad no se convierta en una nueva forma de encarcelamiento arbitrario. Mientras el poder en Cuba no asuma la responsabilidad de la ruina económica y permita la apertura democrática, la mendicidad seguirá siendo el espejo incómodo donde el régimen se mira a sí mismo y ve reflejado su propio fracaso.
