Más de un centenar de masones cubanos forzaron la entrada al edificio de la Gran Logia de Cuba para impedir la celebración de una sesión legislativa considerada ilegítima, organizada por Mayker Filema, ex Gran Maestro destituido por la propia institución pero respaldado por las autoridades de la isla. El incidente, que dejó forcejeos y agresiones físicas, evidencia la profunda crisis de soberanía que atraviesa la masonería en Cuba ante la intromisión del Estado.
La confrontación se produjo cuando un grupo de masones intentaba acceder a la sede institucional cantando el Himno Nacional y exigiendo su derecho a ingresar, mientras eran bloqueados por al menos cinco miembros de la fraternidad leales a Filema. Entre los agresores, Jesús Martínez Frómeta roció alcohol en el rostro de varios de sus hermanos, y Rolando Mena rasgó la camisa de Gerardo Cepero, quien encabezaba la multitud. Los testigos calificaron el suceso como una de las actitudes más antifraternales vistas en la historia de la Orden en el país.
El conflicto interno tiene raíces en la gestión de Filema, quien asumió la Gran Maestría de manera interina en agosto de 2024, tras la renuncia de Mario Urquía. Urquía había sido expulsado el año anterior tras un escándalo por el robo de 19.000 dólares en su oficina y la desaparición de otros montos considerables bajo su mandato. Durante su mandato interino, Filema implementó una persecución judicial contra cualquier masón que disintiera de su gestión y continuó los procesos de expulsión contra figuras incómodas para el poder, como el Soberano Gran Comendador José Ramón Viñas Alonso y el escritor y exprisionero político Ángel Santiesteban Prats.
La tensión alcanzó su punto álgido en marzo de 2025, cuando Filema se negó a celebrar las elecciones generales estipuladas por la legislación masónica, abandonando la sesión ante la presión de los parlamentarios. En respuesta, los masones de todo el país se organizaron y, acogiéndose a la Ley 54 de Asociaciones, se reunieron el 25 de mayo para aprobar formalmente la destitución de Filema como Gran Maestro, entregando todos los documentos oficiales al Ministerio de Justicia (MINJUS).
Mayker Filema Duarte (Captura de pantalla – Archivo de CubaNet)
Sin embargo, el régimen de La Habana ha mantenido una postura de respaldo incondicional a Filema. El MINJUS, al igual que hizo previamente con Urquía, se ha negado a reconocer la destitución, ignorando la legalidad y la voluntad soberana de la institución. A esta injerencia administrativa se suma la acción represiva directa: la dictadura cubana, a través de la Seguridad del Estado, ha citado, interrogado y amenazado a numerosos masones que buscan restaurar la legalidad de su institución.
Los masones que bloquearon el acceso al edificio el 6 de julio presentan perfiles que explican su lealtad a Filema y al poder. Entre ellos destaca Céspedes Mena, asesor administrativo designado por Filema y excolaborador de Urquía. Mena ha asegurado en círculos masónicos que es oficial de la Seguridad del Estado e incluso ha amenazado con encarcelar a los opositores a la injerencia estatal. Durante el forcejeo, testigos afirmaron que Mena llegó a amenazar con buscar una pistola que guardaba en su automóvil.
Otro actor clave en el bloqueo es Yero Ramos, actual Gran Tesorero, quien según fuentes consultadas tiene vínculos de colaboración con los órganos represivos. Ramos es propietario del complejo recreativo «La Bolera» (Sara&C), un Proyecto de Desarrollo Local (PDL) en el municipio Diez de Octubre. Estos proyectos, promovidos por el gobierno cubano, gozan de beneficios extraordinarios, pagando apenas un 1% de impuestos, una prerrogativa que contrasta con la asfixia fiscal y económica que sufre el sector privado común y la ciudadanía en general.
De izquierda a derecha; Juliannis Galano, Rolando Céspedes Mena, Mayker Filema Duarte y Juan Carlos Yero Ramos (Foto tomada del grupo de FacebookR:.L:. Hijos de Cuba)
Injerencia estatal y crisis estructural
El intento de cooptación de la Gran Logia de Cuba no es un hecho aislado, sino que se inscribe en la estrategia sistemática de la dictadura cubana para controlar, infiltrar o neutralizar cualquier espacio de sociabilidad civil que escape a la tutela directa del Estado. La masonería, con su estructura independiente y su red de solidaridad, representa un foco de autonomía que el régimen histórico ha intentado domesticar, utilizando una combinación de chantaje, privilegios económicos para líderes afines y represión policial para los disidentes.
La crisis de la masonería refleja la profunda decadencia institucional de la isla. En un país donde la inflación galopante, el desabastecimiento crónico y el colapso de los servicios básicos son la cotidianidad, el acceso a prebendas como los Proyectos de Desarrollo Local se convierte en una moneda de cambio para asegurar la lealtad de figuras como Yero Ramos o Mayker Filema, quien además está vinculado a una cooperativa agropecuaria con tierras en usufructo en Arroyo Naranjo y ha sido señalado por la práctica de la pelea de perros, una actividad ilícita en la isla.
La persecución contra figuras como Ángel Santiesteban Prats dentro de la logia demuestra cómo la Seguridad del Estado utiliza a líderes cooptados para ejecutar su agenda política de silenciamiento. Santiesteban, un escritor con un largo historial de represión y prisión política por oponerse al régimen, fue expulsado tras un juicio en la Corte Suprema de Justicia Masónica descrito por testigos como un montaje con trasfondo político. Esta instrumentalización de la justicia interna masónica es un reflejo a pequeña escala de la falta de garantías procesales y el autoritarismo que define el sistema legal nacional.
Juan Carlos Yero Ramos (Foto tomada de su perfil de Facebook)
Implicaciones y futuro de la Orden
El accionar de Mayker Filema, quien continúa firmando decretos para suspender a cientos de masones y a más de un centenar de logias que aprobaron su destitución, no tiene precedentes en la historia de la institución en Cuba. Esta política de tierra quemada, avalada por el silencio cómplice del MINJUS y la intimidación de la Seguridad del Estado, amenaza con fracturar de manera irreversible la unidad, el prestigio y el respaldo internacional de la Gran Logia de Cuba.
La comunidad masónica internacional observa con preocupación cómo las autoridades de la isla permiten que un líder destituido por sus bases mantenga el control de la institución mediante la fuerza estatal. La pasividad del gobierno cubano ante las irregularidades documentadas y su negativa a acatar la Ley de Asociaciones cuando los resultados no le son favorables, expone la fragilidad del marco legal en el país.
Para los masones cubanos, la batalla por recuperar la soberanía de su institución se ha convertido en un frente más de la resistencia civil frente al autoritarismo. La resolución de este conflicto no solo definirá el futuro de la masonería en la isla, sino que servirá como un termómetro de la capacidad de la sociedad civil para resistir la maquinaria de control del Estado. Mientras tanto, la dictadura cubana continúa demostrando que su prioridad es el monopolio del poder, incluso si para ello debe destruir centenarios símbolos de fraternidad y tradición.
