La dirigencia de la Gran Logia de Cuba celebró una inédita conferencia de prensa para denunciar la intromisión del Ministerio de Justicia (MINJUS) y el respaldo de esta institución a un dirigente destituido democráticamente, en un hecho que evidencia el control estatal sobre la sociedad civil en la isla y la falta de independencia institucional.
Durante el encuentro, celebrado en la sede de la institución y encabezado por el Gran Maestro por sustitución reglamentaria, Juan Alberto Kessel Linares, alrededor de sesenta masones respaldaron las acusaciones contra Mayker Filema. Filema, quien fuera destituido de su cargo por la Alta Cámara de la orden, se mantiene en la oficina del Gran Maestro emitiendo decretos y suspendiendo a logias y miembros, todo ello con el aval gubernamental. La presencia de medios de prensa independiente y extranjera permitió que esta disputa interna, habitualmente silenciada, trascendiera al dominio público.
Kessel Linares fue contundente al señalar a Miriam García, directora del Registro de Asociaciones del MINJUS, por entorpecer la solución institucional del conflicto y actuar con evidente complicidad hacia Filema. Según la denuncia, una comisión masónica se presentó ante el Ministerio de Justicia al día siguiente de la sesión donde se destituyó a Filema, pero ya las autoridades gubernamentales los esperaban con un dictamen favorable al dirigente depuesto. Kessel afirmó que la funcionaria, lejos de velar por el cumplimiento de la ley, ha estado apegada a los intereses de Filema, vulnerando la transparencia y la legalidad del proceso.
El origen de la disputa institucional se remonta a la sesión del 25 de mayo, cuando la Alta Cámara —el órgano legislativo de la Masonería en Cuba— acordó por unanimidad, con el voto de más del 60 por ciento de los representantes reunidos, la destitución de Mayker Filema. Sin embargo, amparado por las autoridades de la isla, Filema ha ignorado la decisión soberana de su organización, usurpando el cargo, firmando documentos oficiales como Gran Maestro y ejerciendo represalias contra aquellos que aprobaron su salida.
El peso de la Ley de Asociaciones y el control estatal
Esta crisis expone con crudeza la naturaleza de la Ley 54, conocida como Ley de Asociaciones, un instrumento jurídico que otorga al gobierno cubano la potestad de vetar o reconocer los acuerdos internos de cualquier organización de la sociedad civil. Bajo este marco legal, el MINJUS tiene la facultad de reconocer o no a un Gran Maestro, independientemente de que haya sido elegido o destituido democráticamente por sus pares. En este caso, el ejecutivo cubano hace caso omiso del reclamo de las logias y contradice la legislación masónica al seguir respaldando a Filema, lo que le permite mantenerse en el cargo.
De esta forma, el Estado cubano ejerce una potestad que no posee ninguna institución homóloga en países con sistemas democráticos: incidir directamente y de manera coactiva en los asuntos internos de asociaciones fraternales y civiles. Aunque los masones han intentado mantener sus reclamos en el ámbito estrictamente institucional, la injerencia del MINJUS, que responde a los lineamientos del aparato estatal, ha arrastrado el conflicto hacia una denuncia pública sobre la falta de libertades y autonomía en la isla.
Antecedentes de injerencia y vulneración de la autonomía
El conflicto actual no es un hecho aislado dentro de la Masonería cubana, sino que forma parte de un patrón de intromisión estatal. El año anterior, la comunidad masónica expulsó al entonces Gran Maestro Mario Urquía tras un escándalo por el presunto robo de 19.000 dólares y una serie de violaciones institucionales cometidas bajo su mandato. A pesar de la decisión de la base masónica, el MINJUS restituyó a Urquía en el cargo, obligando a los masones a recurrir a una histórica protesta frente a su oficina. Solo bajo la presión sostenida de la comunidad, Urquía se vio forzado a renunciar dos meses después, evidenciando que la voluntad gubernamental suele imponerse por encima de los estatutos internos.
Contexto sistemático: El asedio a la sociedad civil
La intromisión del Estado en la Masonería es un reflejo de la política del régimen de La Habana hacia cualquier espacio que escape a su control directo. Desde 1959, la dictadura cubana ha diseñado un aparato burocrático y represivo, con la participación activa de los órganos de la Seguridad del Estado, para neutralizar, cooptar o desmantelar las instituciones independientes. La Masonería, cuyos valores de libertad, igualdad y fraternidad entran en contradicción directa con los postulados de un sistema totalitario, ha sido históricamente objetivo de esta vigilancia y control.
Esta crisis institucional en el seno de la orden fraternal ocurre en un contexto nacional marcado por el colapso estructural del país. Mientras Cuba enfrenta una inflación descontrolada, un éxodo migratorio sin precedentes que ha vaciado ciudades y pueblos, y el deterioro acelerado de los servicios públicos básicos, las autoridades de la isla priorizan el control ideológico. El gobierno cubano destina enormes recursos a la represión política y a la censura, utilizando entes como el MINJUS para asegurar que ninguna organización, por tradicional que sea, pueda convertirse en un foco de pensamiento crítico o autonomía real.
La denuncia de los masones trasciende el ámbito de la logia y se inserta en la creciente frustración de una ciudadanía que carece de canales democráticos para exigir sus derechos. La aplicación selectiva de la ley, donde los funcionarios gubernamentales avalan la impunidad de aliados del poder mientras se persigue a quienes exigen transparencia, es una táctica habitual de la dictadura para silenciar el descontento. La crisis masónica es, en esencia, un microcosmos de la crisis nacional: una sociedad que intenta ejercer sus derechos frente a un poder que se los arrebata de manera arbitraria.
Implicaciones y resistencia cívica
Ante la interrogante sobre las acciones a seguir si el MINJUS continúa ignorando la destitución de Filema, Kessel Linares advirtió que la sesión del 25 de mayo es irrevocable. El dirigente calificó la actitud de Filema como un «golpe de Estado» y una usurpación respaldada por el poder ejecutivo. Aunque aclaró que la comunidad masónica no busca la confrontación directa, advirtió que agotarán todas las vías legales entregando documentación al MINJUS. «Si no se nos escucha, semana por semana estaremos aquí, reclamando nuestros derechos. Los masones dignos, seguiremos de frente. Nuestra última opción sería ocupar el edificio», sentenció Kessel.
Por primera vez en más de seis décadas, una asociación fraternal en la isla convoca a la prensa para exponer cómo la injerencia gubernamental corroe sus cimientos. Esta acción representa una histórica lección de civismo y democracia en un entorno autoritario. Al someterse al escarnio público y responder a las preguntas de la prensa independiente —algo que ni siquiera el presidente del país está dispuesto a hacer—, los masones cubanos rompen la inercia del miedo. Esta postura pacífica y amparada en la ley no solo reivindica la autonomía de su institución, sino que sienta un precedente peligroso para el régimen: demuestra que la sociedad civil, incluso bajo el yugo de la represión institucional, está dispuesta a reclamar los espacios que le han sido arrebatados.
