La Central Termoeléctrica (CTE) Antonio Guiteras, la principal planta generadora de electricidad de Cuba, se desconectó este viernes del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) debido a un fallo técnico, profundizando la ya crítica crisis energética que sufre la isla. La avería, originada en el Calentador de Aire Regenerativo, no tiene estimación de tiempo para su reparación, lo que amenaza con agravar los apagones prolongados que afectan a la población y que amenazan con desencadenar nuevos estallidos sociales.
El colapso de la infraestructura fue confirmado a través de las redes sociales del diario oficialista Girón, de Matanzas. Según la información emitida por directivos de la planta, el desperfecto se originó específicamente en el Calentador de Aire Regenerativo (CAR) B, donde dejó de operar el motor de corriente alterna. Ante esta contingencia, las autoridades de la isla ordenaron la paralización total de las operaciones, a la espera de que la instalación enfríe para iniciar las labores de revisión y reparación. Hasta el momento, el régimen de La Habana no ha ofrecido una estimación precisa sobre cuándo la central podría reincorporarse al sistema, dejando a la población en una incertidumbre absoluta.
Esta interrupción se suma a una interminable cadena de fallos que evidencian el deterioro estructural del sector energético nacional. A inicios del mes de mayo, la misma unidad termoeléctrica había sido desconectada del SEN bajo el argumento de un «mantenimiento impostergable» que se prolongó por cinco días, según un comunicado de la Unión Eléctrica (UNE). La reincorporación de la Antonio Guiteras ha sido efímera, demostrando la incapacidad del ejecutivo cubano para sostener la generación ante la obsolescencia de sus equipos y la falta de piezas de repuesto.
El panorama nacional es desolador. A inicios de mayo, siete de las 20 unidades termoeléctricas del país permanecían fuera de servicio por diversas averías y mantenimientos. A esto se suma la parálisis de 81 centrales de generación distribuida, en su mayoría motores, que se encuentran inoperativas debido a la escasez crónica de combustible, específicamente diésel y fuel oil. La falta de divisas para adquirir los insumos necesarios es una constante que el gobierno cubano ha gestionado a través de un modelo económico ineficiente que prioriza el control político sobre el desarrollo infraestructural.
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El SEN atraviesa una de las crisis más severas de las últimas décadas, con cifras que ilustran la magnitud del desastre. En febrero pasado, se registró un déficit eléctico histórico, dejando al 57% del territorio nacional simultáneamente sin suministro eléctrico. La situación recuerda al colapso previo al apagón total del 18 de octubre de 2024, cuando la mayoría de las provincias cubanas disponían apenas de tres horas de servicio eléctrico al día. Aunque las actuales afectaciones no han superado los niveles de la desconexión total de octubre, el sistema se mantiene al borde del colapso, afectando en la actualidad a casi el 60% del país en los picos de mayor déficit.
Las consecuencias de esta ineficiencia estatal recaen directamente sobre la ciudadanía. Los apagones prolongados, que en provincias del interior alcanzan o superan las 20 horas diarias y en La Habana oscilan entre cuatro y seis horas, paralizan la vida cotidiana. El colapso energético impide el bombeo y suministro de agua potable, arruina la ya escasa conservación de alimentos, compromete el funcionamiento de centros hospitalarios al depender de equipos de refrigeración para medicamentos y trastoca el desarrollo de las actividades escolares. La falta de respuesta institucional agrava la angustia de millones de cubanos que ven cómo su calidad de vida se deteriora aceleradamente.
Descontento social y respuesta del régimen
El desespero ha llevado a la población a las calles. La noche del 17 de mayo, residentes del reparto Hermanos Cruz, en el municipio cabecera de Pinar del Río, salieron a protestar por los cortes de luz que superaban las 20 horas continuas. La respuesta de la dictadura cubana no se hizo esperar: Yamilé Ramos Cordero, primera secretaria del Partido Comunista en la provincia, acudió a la zona no para ofrecer soluciones, sino para intentar disolver la manifestación. En un intento por justificar el inefable colapso, la funcionaria aseguró a una de las manifestantes que los apagones no concluirían hasta que el país dispusiera de petróleo, exponiendo la crudeza de la incapacidad gubernamental y la falta de un plan estratégico viable.
La protesta en Pinar del Río no es un hecho aislado, sino parte de una creciente ola de inconformidad ciudadana frente a la crisis energética. Los apagones han sido históricamente el detonante de las mayores manifestaciones antigubernamentales en la isla. La chispa de la inconformidad ya ha encendido al país en dos ocasiones memorables: el 11 de julio de 2021, cuando Cuba vivió las mayores protestas en décadas, y el 17 de marzo de 2024, cuando ciudadanos en Santiago de Cuba y otras localidades exigieron electricidad y alimentos. La dictadura ha respondido a estos reclamos con represión, censura y criminalización de la protesta social, en lugar de abordar las causas estructurales del colapso.
Una crisis estructural sin solución a la vista
El colapso del SEN es un síntoma más de la profunda crisis estructural que atraviesa la isla. La falta de mantenimiento de las termoeléctricas, la ausencia de combustibles y la obsolescencia tecnológica son el resultado de décadas de mala gestión, centralización económica y falta de inversión por parte del régimen de La Habana. Esta crisis energética se entrelaza con una inflación galopante, un desabastecimiento crónico de productos básicos y un éxodo migratorio sin precedentes, que ha vaciado al país de su fuerza laboral y productiva, afectando directamente la capacidad operativa del propio sector eléctrico.
Ante la magnitud del desastre, el gobierno cubano ha mantenido su discurso tradicional de atribuir la crisis a las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos. Sin embargo, la falta de transparencia en la administración de los recursos y la ineficiencia del modelo estatal son factores que la narrativa oficialista suele omitir. Cálculos independientes estiman que Cuba necesitaría una inversión de entre 8.000 y 10.000 millones de dólares para reflotar su sistema eléctrico, una cifra inalcanzable bajo las actuales condiciones económicas y sin reformas estructurales profundas que el ejecutivo cubano se niega a implementar para no ceder su control hegemónico.
Implicaciones a futuro
La salida de la Antonio Guiteras del SEN augura un verano especialmente crítico para los cubanos. Con el aumento de las temperaturas, la demanda energética se incrementará, exacerbando los déficits y prolongando los apagones. Si las autoridades de la isla no logran estabilizar la generación —una tarea altamente improbable dado el estado de la infraestructura y la falta de combustibles—, el descontento social podría escalar a niveles superiores. La comunidad internacional y los observadores de derechos humanos mantienen su atención sobre la isla, ante el riesgo de una nueva oleada de represión estatal frente a eventuales estallidos sociales. La crisis eléctrica no es solo un problema técnico; es la manifestación más visible del fracaso de un sistema que, tras décadas en el poder, es incapaz de garantizar el derecho básico de encender una luz.
