El exviceprimer ministro Jorge Luis Perdomo Di-Lella, destituido de forma exprés a finales de octubre de 2024 por supuestos «errores en el desempeño de sus funciones», fue visto fugazmente en la televisión oficial cubana asistiendo a un evento científico en La Habana. Su reaparición, casi siete meses después de su caída en desgracia, confirma que no enfrentó proceso penal alguno y que la élite del régimen de La Habana goza de una impunidad absoluta frente a la profunda crisis sistémica que azota a la isla.
La inesperada aparición ocurrió durante una emisión del Noticiero del Mediodía, cuando un descuido de cámara de apenas dos segundos lo captó entre el público del taller «Transformando decisiones», organizado por la Empresa de Tecnologías de la Información (ETI), adscrita a BioCubaFarma, en las instalaciones del Hotel Meliá Habana. Este evento, que sesionó entre el 20 y el 21 de mayo, marcó la primera vez que el exfuncionario se asoma al espacio público mediático desde su oscura salida del gobierno, un hecho que había generado innumerables especulaciones sobre su paradero y destino.
Aunque la imagen fue efímera y el reportaje no fue replicado en el espacio estelar de la noche ni en otras plataformas estatales, la presencia de Perdomo Di-Lella en el evento no fue la de un simple espectador accidental. Investigaciones posteriores confirman que el exviceprimer ministro, con un físico visiblemente más lleno que cuando fue separado del cargo, trabaja actualmente como asesor científico en BioCubaFarma. Su nombre figura de manera oficial como miembro del Comité Científico encargado de evaluar y seleccionar las ponencias para la quinta edición del Encuentro sobre Sistemas de Gestión para las Tecnologías de la Información y la Comunicación, SIGESTIC 2025, programado del 15 al 19 de septiembre en Varadero.
El evento al que ahora está vinculado el exfuncionario no es ajeno a la dolarización parcial y la inflación galopante que asfixian a los cubanos. Las cuotas de inscripción para el SIGESTIC 2025 oscilan entre 50.000 pesos cubanos (o 150 dólares) para estudiantes, y entre 60.000 y 65.000 pesos (o 250 y 300 dólares) para ponentes y delegados. Estas cifras resultan inalcanzables para la inmensa mayoría de la población, cuyo salario medio estatal ronda los 4.000 pesos mensuales, evidenciando una vez más la profunda desconexión de las instituciones estatales con la dramática realidad económica del país y el carácter elitista de sus espacios de debate.
Antecedentes de una caída envuelta en el secretismo institucional
Perdomo Di-Lella fue destituido a finales de octubre de 2024 en un movimiento repentino que el ejecutivo cubano justificó con la ambigua fórmula de «errores en el desempeño de sus funciones». Sin embargo, reportes de la prensa independiente habían revelado poco antes los vínculos entre su hermano, Joel Perdomo, y la empresa de envíos TuAmbia, así como las conexiones de este negocio con el Grupo Palco, un conglomerado empresarial perteneciente al Consejo de Estado que controla gran parte de la economía dolarizada de la isla.
La destitución del exviceprimer ministro vino acompañada de la desarticulación de TuAmbia, lo que en su momento sugirió un castigo ejemplar dentro de las filas del poder. No obstante, la reciente reaparición mediática de Di-Lella confirma que, bajo la dictadura cubana, las purgas internas rara vez conllevan consecuencias penales reales para la cúpula dirigente. A diferencia de los ciudadanos comunes que enfrentan severas penas de cárcel por delitos menores o por el simple ejercicio del derecho a la protesta, los altos funcionarios que caen en desgracia suelen ser reubicados en cargos de asesoría o en instituciones de segundo nivel, manteniendo sus privilegios y evitando cualquier tipo de escrutinio judicial o penal.
Este caso guarda una similitud alarmante con el del también exviceprimer ministro y ministro de Economía, Alejandro Gil, quien fue separado de su cargo tras salir a la luz su presunta conexión con una mipyme en Ciego de Ávila y el flujo de divisas hacia Miami. En ambos escenarios, la opacidad del gobierno cubano impide conocer los detalles de las investigaciones internas, dejando a la población con un manto de desinformación que la prensa oficialista se encarga de perpetuar. La impunidad de estos altos cuadros contrasta con la historia de figuras como Roberto Robaina, Carlos Lage o Felipe Pérez Roque, quienes, aunque alejados de las mieles del poder, nunca enfrentaron la justicia penal, demostrando que en la nomenclatura cubana las caídas no implican responsabilidad legal.
El contexto de impunidad en medio de la crisis estructural
La reaparición de Perdomo Di-Lella no es un hecho aislado, sino un síntoma de la podredumbre institucional que caracteriza al régimen de La Habana. Mientras la isla se hunde en una crisis económica sin precedentes, marcada por una inflación que supera el tres dígitos, apagones diarios que superan las 15 o 20 horas en diversas provincias y un éxodo migratorio histórico que ha vaciado al país de su fuerza laboral y juvenil, la élite gobernante opera bajo reglas diametralmente opuestas a las que sufre el pueblo.
La ciudadanía cubana enfrenta un desabastecimiento crónico de alimentos, medicamentos y combustible. El sistema de salud, otrora orgullo del régimen, está colapsado, y la represión social se ha incrementado de manera alarmante para acallar cualquier intento de manifestación o disidencia, con cientos de presos políticos tras las rejas. En este panorama desolador, ver a un exfuncionario destituido por presunta corrupción o incompetencia disfrutar de un nuevo rol institucional en un hotel de lujo refuerza la percepción de que las leyes en Cuba aplican únicamente para oprimir al pueblo, no para juzgar a los privilegiados de la Plaza de la Revolución.
El secretismo gubernamental sobre la gestión y los errores de los cuadros directivos es una herramienta fundamental de control político. Las autoridades de la isla utilizan la opacidad para ocultar las fracturas internas del poder, las pugnas por el control de los negocios dolarizados y la absoluta incapacidad para gestionar la crisis estructural. La breve y posiblemente accidental filtración en la televisión nacional rompió por un instante ese muro de silencio, exponiendo la continuidad de los privilegios para una casta que se considera intocable.
Implicaciones futuras y la necesidad de rendición de cuentas
La reaparición de Di-Lella, aunque intrascendente para la supervivencia cotidiana de los cubanos, tiene profundas implicaciones políticas. Envía un mensaje claro a la cúpula dirigente: la lealtad al sistema, o al menos el haber pertenecido a sus círculos íntimos, garantiza una red de seguridad que blinda contra el verdadero castigo. Para la población, es una bofetada de realidad que confirma la naturaleza de la dictadura y su doble moral, donde los discursos sobre la austeridad y el sacrificio son exclusivamente para las masas.
Ante la falta de mecanismos democráticos, de separación de poderes y de transparencia, la comunidad internacional y los observadores de derechos humanos continúan denunciando la ausencia de Estado de Derecho en Cuba. Mientras el régimen de La Habana intente proyectar hacia el exterior una imagen de control y renovación, episodios como este demuestran que las estructuras de poder se reciclan a sí mismas, manteniendo intactos sus mecanismos de impunidad. La verdadera transformación que necesita Cuba no puede provenir de los mismos rostros que han conducido al país al desastre, sino de la exigencia de rendición de cuentas y la apertura de espacios democráticos que permitan a la ciudadanía decidir su futuro sin represalias.
