La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo votó a favor de mantener abierta una solicitud que exige la suspensión del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación con Cuba. La medida obliga a la Comisión Europea a justificar su negativa a cortar los lazos institucionales ante el constante deterioro de los derechos humanos y el aumento de la represión en la isla.
La iniciativa, impulsada por el Center for a Free Cuba y la Asociación Española Cuba en Transición, exige el cumplimiento de resoluciones previas del hemiciclo europeo que advertían sobre la revisión del pacto firmado en 2017. Aunque la decisión no supone una suspensión inmediata, establece un precedente diplomático al forzar a la Comisión Europea a emitir una respuesta motivada que explique por qué ha ignorado las reiteradas solicitudes para aplicar la cláusula de Derechos Humanos contemplada en el convenio.
Durante la sesión, Matías Jove, director ejecutivo de la Asociación Española Cuba en Transición, subrayó que las autoridades de la isla han incumplido sistemáticamente sus compromisos. El activista recordó que desde 2021 el parlamento ha exigido medidas concretas ante el aumento de la violencia estatal, pero la burocracia europea ha preferido el silencio administrativo. Jove denunció que el número de presos políticos se ha multiplicado desde la entrada en vigor del acuerdo, señalando que la dictadura cubana concentra actualmente más presos de conciencia que el conjunto de toda Iberoamérica.
Incumplimiento institucional y crisis estructural
La presión internacional sobre el ejecutivo cubano se da en un contexto de profunda crisis sistémica. Más allá de la persecución política que mantiene a cientos de ciudadanos en prisión por disentir, el país atraviesa un colapso generalizado de los servicios públicos, hiperinflación y un éxodo migratorio sin precedentes. Pese a recibir cooperación internacional y recursos, la situación de vida de la población ha empeorado drásticamente, configurando lo que las organizaciones civiles han calificado como una \»emergencia social\» que el gobierno intenta contener mediante el endurecimiento policial y la censura.
Por su parte, John Suárez, del Center for a Free Cuba, alertó sobre los vínculos históricos del régimen de La Habana con la violencia armada y aliados autoritarios, argumentando que mantener el acuerdo supone un despropósito que legitima la represión interna. La decisión de la Eurocámara representa un nuevo revés para la diplomacia cubana y plantea un desafío inminente para la política exterior europea: continuar la cooperación con un Estado violador de derechos humanos o aplicar las salvaguardas democráticas que el propio pacto exige, enviando una señal contundente en defensa de la ciudadanía oprimida en la isla.
