El preso político Ediolvys Marín Mora, recluido en la prisión de máximo rigor Kilo 8 en Camagüey, denunció haber recibido amenazas directas por parte de oficiales de la Seguridad del Estado, quienes le advirtieron sobre posibles represalias contra su padre anciano si continúa exponiendo las violaciones de derechos humanos dentro del penal.
Según relató el prisionero, fue abordado en su celda por el teniente Dainer Forestal, instructor de su caso, y otro oficial identificado como Rafael. Los agentes de la dictadura cubana le advirtieron que fabricarían una nueva causa penal en su contra, que podría sumar entre uno y tres años adicionales a su condena, si persiste en reportar los abusos sistemáticos cometidos en el centro penitenciario. Durante el encuentro, el teniente Forestal intentó levantar un acta de advertencia, documento que Marín Mora se negó a firmar en rechazo a la arbitrariedad.
La intimidación escaló a un nivel de hostigamiento psicológico cuando, antes de retirarse, el oficial interrogó al recluso sobre el estado de su progenitor con las frases: \»¿Cómo está tu papá? ¿Tu papá está bien?\». Marín Mora respondió que su padre, Eddie Marín Barrios, un anciano que reside solo, no debe sufrir ningún daño. Esta táctica de presión sobre los familiares es una práctica recurrente del aparato represivo de la isla para silenciar a los activistas y opositores encarcelados, utilizando el miedo como herramienta de control.
Criminalización de la protesta social
Marín Mora, de 39 años y residente en el reparto La Gloria de Nuevitas, fue arrestado el 6 de septiembre de 2022 tras un allanamiento en su domicilio. Su detención respondió a su participación en las protestas pacíficas del 18 y 19 de agosto de ese año, surgidas como respuesta a los prolongados apagones que colapsaban la provincia de Camagüey. Tras permanecer un mes en los calabozos de la Seguridad del Estado en el reparto Garrido y más de dos años en la prisión Cerámica Roja a la espera de un juicio amañado, el régimen de La Habana lo condenó a 13 años de cárcel por los presuntos delitos de sabotaje y sedición. Su traslado a Kilo 8 se ejecutó a principios de este año.
El caso de Marín Mora ilustra el mecanismo de represión y encarcelamiento masivo que mantiene el gobierno cubano para desincentivar cualquier manifestación de descontento ciudadano frente a la crisis energética y el colapso estructural del país. Las amenazas a familiares vulnerables de presos políticos evidencian la urgencia de un escrutinio internacional más severo sobre las prácticas carcelarias en la isla. Mientras persista la impunidad de los órganos de seguridad estatal, las organizaciones defensoras de los derechos humanos deberán mantener su presión para exigir la liberación incondicional de los manifestantes que siguen pagando con su libertad el exigir derechos fundamentales.
