El vocero oficialista Michel Torres Corona ha planteado la creación de una normativa legal en Cuba que sancione a quienes minimicen el impacto del embargo estadounidense y a quienes expresen apoyo político o simbólico al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump. La propuesta, que busca tipificar estas conductas como «traición a la Patria», surge en un contexto de creciente asfixia institucional contra la disidencia, marcado recientemente por la detención de miembros del proyecto independiente El4tico.
Torres Corona, conocido por dirigir el programa televisivo «Con filo», publicó su iniciativa en su perfil de Facebook, un texto que fue posteriormente amplificado por el medio digital Cubainformación, plataforma alineada con el discurso oficial. En su exposición, el propagandista sugiere que el Estado cubano debe penalizar lo que él denomina «negacionismo del bloqueo», llegando a calificar el embargo como un «intento de genocidio en curso». Asimismo, exige que cualquier manifestación de respaldo al «trumpismo» sea equiparada a una traición a la seguridad nacional.
Para sustentar su argumentación, el autor recurre a una analogía con la legislación europea, específicamente con el Código Penal alemán que prohíbe la negación del Holocausto y la propaganda nazi. Torres Corona sostiene que, de igual manera, las autoridades de la isla deberían implementar una figura legal que castigue a quienes no reconozcan la severidad de las sanciones estadounidenses o a quienes respalden la gestión del político estadounidense, a quien tilda de representante de un «régimen imperialista» y del «neofascismo».
Aunque la propuesta aboga abiertamente por la criminalización de expresiones políticas, Torres Corona matiza que la futura ley no debería priorizar las penas de prisión. Sugiere que la privación de libertad sea un «recurso de última ratio», proponiendo en su lugar la imposición de multas económicas y medidas administrativas. No obstante, deja una excepción: la cárcel se aplicaría para los reincidentes o para aquellos que «activa y conscientemente colaboren con el enemigo», especialmente si existe un ánimo de lucro.
El vocero oficialista insta a que esta eventual normativa sea sometida a consulta popular y referendo, con el objetivo de otorgarle un manto de legitimidad democrática que, en la práctica, choca con la ausencia de un sistema de partidos plural y libertades civiles en el país. Torres Corona defiende sin rodeos el uso de la represión estatal contra las ideas, afirmando que «no hay que temerle a la palabra reprimir» y que una ley «taxativa y depurada de lagunas» sería el instrumento idóneo contra lo que él describe como «propaganda anticomunista» y cualquier intento de restaurar el capitalismo.
La publicación adquiere mayor relevancia al ilustrarse con una imagen que hace alusión directa al proyecto disidente El4tico, incluyendo una gorra con la consigna «Make Cuba Great Again» (Hacer Cuba grande de nuevo). Esta mención no es casual y se produce en medio de la reciente ola represiva orquestada por la dictadura cubana contra este colectivo, evidenciando cómo la propaganda oficial sirve de antesala o justificación ideológica para el accionar policial contra la sociedad civil.
Recientemente, se conoció que Ernesto Ricardo Medina y Kamil Zayas Pérez, jóvenes integrantes de El4tico, fueron acusados por el régimen de los delitos de «propaganda contra el orden constitucional» e «instigación a delinquir». Los activistas, que se autodefinen como un «espacio disidente dentro de Cuba», fueron detenidos en la provincia de Holguín y trasladados a la sede de Instrucción Penal de la provincia, conocida popularmente como «Todo el mundo canta», un sitio frecuentemente utilizado para el procesamiento de presos políticos.
La persecución contra estos jóvenes contó con el respaldo explícito de la cúpula del Partido Comunista en el territorio. Joel Queipo Ruiz, primer secretario del PCC en Holguín, utilizó sus redes sociales para señalar a Medina y Zayas asegurando que poseen «alma de traidores invasores». El funcionario replicó la narrativa favorita del gobierno cubano, asegurando que el proyecto audiovisual «responde a intereses imperiales», un argumento recurrente para justificar la criminalización de la libertad de prensa y expresión en el país.
Contexto de represión y criminalización de la disidencia
La propuesta de Torres Corona no es un hecho aislado, sino que se inserta en una tendencia más amplia de endurecimiento legal e institucional por parte del régimen de La Habana para acallar cualquier forma de descontento. En los últimos años, el ejecutivo cubano ha implementado normativas como el Decreto 370 y la reforma del Código Penal de 2022, herramientas que han sido criticadas por organismos internacionales de derechos humanos por facilitar la persecución de ciudadanos que se expresan en redes sociales o que disienten del discurso oficial.
Esta creciente criminalización de la opinión pública ocurre en medio de la peor crisis estructural que ha atravesado la isla en décadas. La hiperinflación, el colapso del sector electroenergético con apagones prolongados, la escasez crónica de alimentos y medicinas, y la devaluación de la moneda nacional han generado un nivel de frustración popular sin precedentes. Frente a la incapacidad de ofrecer soluciones económicas tangibles, las autoridades de la isla han optado por blindar el control político a través de la vigilancia y el castigo.
El exodo migratorio masivo, que ha llevado a cientos de miles de cubanos a abandonar el país en los últimos años, es un síntoma directo de este colapso sistémico. Sin embargo, en lugar de reconocer la responsabilidad de las políticas estatales en el fracaso del modelo, la narrativa oficial insiste en atribuir la crisis exclusivamente al embargo estadounidense. La iniciativa de tipificar el «negacionismo del bloqueo» busca, en esencia, imponer por la fuerza esta explicación unilateral, prohibiendo a los ciudadanos cuestionar la narrativa del poder.
Implicaciones y futuro de las libertades en la isla
La eventual adopción de medidas legales que penalicen el apoyo a figuras políticas extranjeras o el escepticismo sobre el impacto del embargo representaría un nuevo retroceso para los ya mermados derechos civiles en Cuba. Aunque la propuesta parte de un vocero propagandístico, el historial del gobierno cubano de convertir sugerencias afines en leyes de estado plantea un escenario preocupante para los defensores de los derechos humanos y la democracia.
Organizaciones internacionales y la comunidad democrática podrían incrementar su escrutinio sobre la isla si este tipo de normativas avanzan, calificándolas como violaciones flagrantes a la libertad de pensamiento y expresión consagradas en tratados internacionales que Cuba ha firmado. Mientras tanto, para la ciudadanía común, el mensaje del régimen de La Habana sigue siendo claro: la disidencia, incluso en sus formas más simbólicas, será tratada como un delito de lesa humanidad y enfrentada con todo el peso del aparato represivo.
