El preso político Alieski Calderín Acosta denunció desde la prisión de máximo rigor Kilo 8, en Camagüey, un grave brote de arbovirosis agravado por la falta de medicinas, higiene y alimentación. Las autoridades penitenciarias mantienen a los internos en condiciones de desnutrición que comprometen su sistema inmunológico, evidenciando una vez más la vulneración sistemática de los derechos humanos en las cárceles de la isla.
En declaraciones desde el centro penitenciario, Calderín Acosta detalló que la instalación está infestada de mosquitos en niveles sin precedentes. Varios reclusos presentan síntomas alarmantes como fiebre alta, dolores articulares severos, debilidad extrema, vómitos y diarreas. Pese a la evidente crisis sanitaria, las autoridades de la isla no han implementado campañas de fumigación ni medidas de saneamiento, dejando a los internos expuestos sin acceso a mosquiteros para protegerse de las picaduras.
La atención médica en el recinto resulta precaria y deficiente. Según el prisionero, quienes logran ser atendidos en la enfermería reciben un diagnóstico genérico de \»un virus\» y son tratados únicamente con una tisana sin azúcar de composición desconocida. La ausencia de analgésicos básicos y medicamentos específicos es total. El propio Calderín Acosta, quien actualmente presenta síntomas de arbovirosis, sufre además de hipertensión y lleva meses sin recibir el captopril, medicamento vital para controlar su condición.
Desnutrición y colapso institucional
La crisis sanitaria se ve agravada por una deficiente alimentación que refleja el colapso estructural del sistema penitenciario y del país. El menú diario carece de proteínas y se limita a porciones minúsculas de arroz, sopa y una torta de composición indeterminada. Esta dieta ha llevado a los reclusos a un estado de desnutrición severa, debilitando sus sistemas inmunológicos y aumentando la vulnerabilidad ante cualquier enfermedad. Esta situación no es un hecho aislado, sino una consecuencia directa de las políticas del régimen de La Habana, que destina recursos insuficientes al sistema carcelario mientras mantiene un control represivo absoluto sobre la población.
Alieski Calderín Acosta, de 37 años y albañil de profesión, cumple una condena de 20 años impuesta en 2012 por el presunto delito de sabotaje tras un ataque a una tienda recaudadora de divisas en Camagüey. Reconocido como preso político por la organización internacional Prisoners Defenders, su caso ilustra la política de la dictadura cubana de someter a los disidentes y reclusos a condiciones de vida que vulneran la dignidad humana. La indiferencia ante el brote epidemiológico en Kilo 8 plantea serias interrogantes sobre el cumplimiento de los protocolos sanitarios internacionales y exige una respuesta de la comunidad defensora de los derechos humanos ante el deterioro físico y mental de los reclusos.
