La relatora especial de la ONU sobre el impacto de las medidas coercitivas unilaterales, Alena Douhan, concluyó una visita oficial a la isla centrada exclusivamente en los efectos del embargo estadounidense, sin emitir críticas a las violaciones de derechos humanos, la represión política ni la mala gestión del régimen de La Habana. Su informe preliminar refuerza la narrativa oficial que atribuye el colapso del país únicamente a las sanciones externas, omitiendo la responsabilidad del Estado en el desastre económico y social.
La jurista bielorrusa visitó Cuba entre el 11 y el 21 de noviembre con el objetivo de evaluar el impacto de las sanciones unilaterales y del «sobrecumplimiento» (de-risking) por parte de bancos y empresas de terceros países. En su comparecencia en La Habana, Douhan instó a Estados Unidos a levantar un régimen de restricciones que se mantiene hace más de seis décadas, calificándolo como la política de sanciones más prolongada en las relaciones exteriores estadounidenses. La experta atribuyó a estas medidas «efectos significativos en todos los aspectos de la vida» y aseguró que han moldeado el panorama económico y social de la nación, limitando la capacidad de planificación a largo plazo tanto del gobierno como de los ciudadanos.
El diseño del mandato de Douhan limita estrictamente su enfoque a las consecuencias de las sanciones económicas. Sin embargo, la omisión de factores internos en su discurso resulta profundamente significativa. Durante su estancia, la relatora se reunió con altas figuras del gobierno cubano, como la vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Ana María Mari Machado, y la ministra de Educación, Naima Trujillo, quienes le presentaron la versión oficial sobre los efectos del embargo en áreas como la canasta familiar normada y el sistema educativo. No obstante, no precisó si mantuvo contactos con opositores, activistas de la sociedad civil ni medios de prensa independientes, en un país donde la dictadura mantiene un control férreo sobre la disidencia y penaliza cualquier intento de escrutinio independiente.
En los documentos oficiales publicados hasta el momento por la Oficina del Alto Comisionado, no aparece ninguna crítica directa a la actuación de las autoridades de la isla. Tampoco hay referencias explícitas a la falta de reformas económicas internas, a la corrupción institucionalizada ni al control militar de sectores estratégicos de la economía, factores señalados de manera constante por analistas independientes y organizaciones internacionales como causas centrales del fracaso productivo y la escasez crónica que sufre la población.
El contraste dentro del propio sistema de Naciones Unidas es evidente y preocupante. Mientras Douhan hace invisibles los abusos del Estado, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria determinó recientemente que Cuba es el país con más condenas por privación de libertad por motivos políticos e ideológicos desde 2019, con 93 casos reconocidos en apenas seis años. La relatora omitió por completo alusiones a presos políticos, detenciones arbitrarias, juicios amañados o la censura sistemática ejercida por la dictadura cubana contra quienes se atreven a exigir cambios democráticos.
Una narrativa a medida del régimen
Al priorizar las sanciones sin balancear su discurso con una evaluación de la responsabilidad estatal, el informe preliminar de la ONU refuerza la narrativa oficial. El ejecutivo cubano ha utilizado históricamente el «bloqueo» como justificación exclusiva para el colapso de su modelo económico centralizado y ineficiente. Numerosos análisis académicos y de centros de estudio coinciden en que la crisis que atraviesa la isla no se explica solo por el embargo, sino por la combinación de este con la ineficiencia productiva, la falta de libertades económicas y el monopolio estatal, factores agravados por la pandemia de COVID-19 y el colapso del turismo.
Douhan afirmó haber escuchado testimonios sobre el endurecimiento de las sanciones desde 2018, intensificadas tras la reincorporación de Cuba a la lista estadounidense de Estados patrocinadores del terrorismo en 2021. Aunque estas restricciones limitan las transacciones internacionales y el acceso a financiamiento, la falta de liquidez y el desabastecimiento también son consecuencia directa de la negativa del régimen de La Habana a liberalizar la economía, permitir la libre empresa sin injerencias burocráticas y desmantelar el control de las empresas militares (GAESA) sobre el comercio y las divisas.
Contexto de crisis sistémica y represión
La visita de la relatora tuvo lugar en medio de una crisis aguda que afecta a todos los sectores de la sociedad cubana. La escasez de alimentos, combustible, medicinas y agua potable se ha vuelto crónica, acompañada de cortes eléctricos prolongados que superan en ocasiones las doce horas diarias en varias provincias. Esta situación ha generado un clima de desesperación social que ha detonado protestas esporádicas, rápidamente sofocadas por la represión policial y la amenaza de encarcelamiento bajo figuras penales ambiguas como la «desobediencia» o el «desacato».
La inflación galopante y la depreciación del salario real han empujado a amplios sectores de la población hacia la pobreza extrema. La falta de oportunidades y el asfixiante control político han derivado en un éxodo migratorio sin precedentes hacia Estados Unidos y otras naciones del continente, vaciando ciudades enteras de su fuerza laboral joven y de profesionales. Este fenómeno ha alterado la demografía nacional, profundizando un colapso estructural que las autoridades de la isla se niegan a reconocer como producto de su propia inoperancia y rigidez ideológica.
Antecedentes y aislamiento informativo
Históricamente, el gobierno cubano ha impedido el acceso a la isla de otros relatores de Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Esta política de blindaje permite al Estado controlar la narrativa internacional, seleccionando cuidadosamente qué organismos y bajo qué condiciones pueden evaluar la situación nacional. La visita de Douhan, limitada por su mandato a las sanciones, se inserta perfectamente en esta estrategia de visibilidad selectiva, donde el régimen se muestra como víctima de un asedio externo mientras silencia el asedio interno contra las libertades ciudadanas.
La experta adelantó que presentará un informe completo ante el Consejo de Derechos Humanos en septiembre de 2026. Hasta entonces, el régimen contará con un respaldo diplomático que le permite desviar la atención sobre su gestión interna y eludir las exigencias de apertura democrática. La maquinaria propagandística del Estado ha aprovechado la comparecencia para validar su discurso ante la comunidad internacional, ignorando el sufrimiento real de una población atrapada entre el impacto de las medidas coercitivas y la intransigencia del poder.
Implicaciones y consecuencias a futuro
El desbalance del informe preliminar de la ONU representa un respaldo político a la dictadura cubana. Al eximir al Estado de su responsabilidad en la violación masiva de derechos civiles y políticos, se debilita la exigencia internacional de cambios democráticos y se normaliza la impunidad con la que opera el aparato represivo en la isla. La comunidad internacional y los organismos defensores de los derechos humanos enfrentan el reto de abordar la crisis cubana desde una perspectiva integral que condene tanto el impacto de las medidas coercitivas como la represión interna.
Para la ciudadanía, las conclusiones de esta visita significan un nuevo obstáculo en su lucha por la dignidad. Mientras la relatora se centra en el levantamiento de sanciones sin exigir contrapartidas en materia de libertades y reformas económicas, el régimen de La Habana se siente legitimado para mantener intacto el status quo. El futuro inmediato de Cuba se vislumbra como una prolongación de la actual parálisis: una economía sumergida, una sociedad empobrecida y un gobierno que continúa esgrimiendo el embargo como escudo perfecto para no rendir cuentas por el desastre que ha provocado.
