La opositora cubana Rosa María Payá fue galardonada con el Premio de Derechos Humanos de la Organización Demócrata Cristiana de América (ODCA) durante el Foro América Libre celebrado en México. En su discurso, la activista denunció el colapso estructural de la isla, la represión sostenida contra la sociedad civil y advirtió sobre el peligro de que el gobierno mexicano se convierta en el principal patrocinador del régimen de La Habana.
El reconocimiento, materializado en la escultura del Árbol de la Vida, fue entregado en mérito a su incansable activismo en la defensa de los derechos fundamentales, su compromiso con la libertad y su liderazgo en causas cívicas de alcance internacional. Desde el escenario del Foro América Libre, un espacio que congrega a líderes sociales, políticos y organizaciones defensoras de la democracia en el hemisferio, Payá dedicó el galardón a quienes dentro de la isla resisten la maquinaria represiva del Estado.
«Acepto este premio en nombre de los cubanos que hoy, desde la isla, arriesgan su vida y su libertad por la democracia; en nombre de los más de mil prisioneros políticos que sufren en las cárceles de Cuba», manifestó la activista. Su intervención puso el foco en la situación de severa vulneración de derechos humanos que mantiene a más de 1.200 personas encarceladas por motivos de conciencia, un dato que refleja la política sistemática de hostigamiento y encarcelamiento arbitrario ejecutada por la dictadura cubana contra cualquier manifestación de disidencia pacífica.
Durante su alocución, Payá estableció un paralelismo con otras luchas democráticas en la región al rendir homenaje a referentes que previamente recibieron este mismo galardón, como la dirigente venezolana María Corina Machado y el obispo nicaragüense Rolando Álvarez. La activista subrayó que la lucha contra el autoritarismo en América Latina es una batalla continental, donde la opresión de la dictadura cubana no se limita a sus fronteras, sino que «extiende sus tentáculos por todo el hemisferio», con un impacto directo en la desestabilización de países como Nicaragua y Venezuela.
La trayectoria de Rosa María Payá está indisolublemente ligada a la historia del activismo pacífico en Cuba. En 2015 fundó la iniciativa ciudadana Cuba Decide, un movimiento que propone un plebiscito vinculante para abrir las puertas a una transición democrática mediante las urnas. Su labor es continuación del legado de su padre, Oswaldo Payá, líder del Movimiento Cristiano Liberación, galardonado con el Premio Sájarov del Parlamento Europeo y nominado en dos ocasiones al Nobel de la Paz. Oswaldo Payá perdió la vida en 2012 en un incidente de tránsito que su familia y diversas organizaciones internacionales han denunciado como un asesinato político orquestado por la dictadura cubana para silenciar su liderazgo.
El peso internacional de la activista ha ido en ascenso. Recientemente, en 2025, fue elegida por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) como comisionada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para el período 2026-2029. Este nombramiento representa un respaldo institucional significativo a su labor de monitoreo y denuncia de las violaciones sistémicas que ocurren bajo el control del ejecutivo cubano, fortaleciendo la visibilidad de la crisis de derechos humanos en la isla en los foros multilaterales.
La crisis estructural y la complicidad internacional
En el corazón de su mensaje en México, Payá trazó una radiografía desoladora de la realidad cotidiana en la isla. Denunció que las familias cubanas sobreviven actualmente con apenas dos o tres horas de energía eléctrica al día, enfrentando una escasez crítica de medicamentos y viviendo en ciudades donde el agua corriente no llega desde hace más de seis meses. «El hambre es la mayor preocupación de los padres y madres cubanas en este momento», señaló, evidenciando el fracaso del modelo económico impuesto por las autoridades de la isla, que ha derivado en un colapso total de los servicios públicos básicos.
Un punto álgido de su intervención fue la crítica directa a la política exterior del gobierno mexicano frente al régimen de La Habana. Payá advirtió sobre el riesgo de que México asuma el rol de principal patrocinador de la dictadura cubana, una posición que hasta ahora ha ocupado Venezuela. Esta denuncia cobra relevancia en un contexto diplomático donde el gobierno cubano ha logrado sortear el aislamiento internacional gracias al apoyo económico y político de aliados regionales que ignoran su historial represivo a cambio de cooperación bilateral.
Específicamente, la líder opositora cuestionó los acuerdos que han facilitado la llegada de brigadas médicas cubanas a territorio mexicano, las cuales han sido señaladas por organismos internacionales como una forma de trabajo forzado y trata de personas. Payá recordó que desde 2022 el Estado mexicano ha destinado más de 100 millones de dólares al financiamiento de estas misiones. Sin embargo, la estructura de estos programas permite que el régimen cubano retenga hasta el 94 % del salario de los profesionales de la salud, dejándolos en una situación de explotación mientras las autoridades de la isla se apropian de cuantiosos ingresos en divisas.
Los profesionales de la salud cubanos en el exterior operan bajo un sistema de estricta custodia estatal, con pasaportes retenidos y severas restricciones de movilidad. Esta práctica, ampliamente documentada por la propia CIDH y otras entidades defensoras de los derechos humanos, constituye una violación flagrante a los convenios internacionales sobre trabajo forzado, permitiendo al régimen de La Habana lucrarse con la privación de libertad de sus ciudadanos.
Contexto de la crisis sistémica en la isla
La denuncia de Payá sobre las condiciones de vida en Cuba se enmarca en una crisis sistémica que se ha profundizado de manera acelerada en los últimos años. La economía cubana atraviesa una hiperinflación galopante, una profunda escasez de combustibles y la paralización de sectores productivos clave, lo que ha provocado el mayor éxodo migratorio de la historia del país hacia Estados Unidos y otras naciones del continente. El colapso del sistema eléctrico nacional, caracterizado por apagones prolongados, no solo afecta la calidad de vida, sino que también impacta de manera directa el ya deteriorado sistema de salud pública y la producción de alimentos.
La imposibilidad de acceder a divisas, sumada a la incapacidad estructural del sector estatal para garantizar la canasta básica, ha empujado a millones de personas a la indigencia o a la dependencia absoluta de las remesas enviadas desde el exilio. Este modelo de subsistencia evidencia la bancarrota del sistema centralizado, que prioriza el control político sobre el bienestar social, transfiriendo el costo del fracaso gubernamental directamente a la población civil.
A esta debacle económica se suma una escalada de la represión política sin precedentes desde las protestas del 11 de julio de 2021. La dictadura cubana ha consolidado un aparato de control social a través de la vigilancia digital, los allanamientos, las detenciones arbitrarias y la aplicación de figuras jurídicas ambiguas para criminalizar el activismo. Las cortes cubanas, carentes de independencia, actúan como un instrumento más del aparato represivo, celebrando juicios sumarios donde la presunción de inocencia es inexistente. Abogados defensores enfrentan presiones y despidos si se atreven a representar a ciudadanos acusados por delitos de opinión, consolidando un escenario de indefensión total para la sociedad civil.
Implicaciones futuras y llamado a la solidaridad democrática
Ante este panorama, Rosa María Payá realizó un llamado urgente a la comunidad internacional y a los asistentes al Foro América Libre para que denuncien la ilegitimidad del régimen y apoyen sin reservas un cambio de sistema en la isla. «La victoria de la democracia en Cuba será una victoria para todo el continente, un paso esencial para la paz, la prosperidad y la justicia en nuestras naciones, y es posible. Muchos nos dejamos la vida en ello», enfatizó, subrayando que la estabilidad democrática de América Latina está intrínsecamente condicionada al fin del autoritarismo en Cuba.
La activista cerró su participación evocando la memoria de su padre, asesinado hace trece años por exigir pacíficamente aperturas democráticas. Con la frase «La noche no será eterna», Payá envió un mensaje de resistencia que fue recibido con una ovación por los asistentes al foro. Su discurso reafirma que, pese a la severidad de la represión y el colapso material que asfixia a la ciudadanía, el sector democrático cubano continúa buscando articulación internacional para presionar por una transición que devuelva los derechos políticos y civiles a millones de cubanos atrapados bajo el autoritarismo.
