La Habana.- Al cumplirse seis décadas de la instauración de las Unidades Militares de Ayuda a la Producción (UMAP), la historia de Cuba vuelve a confrontar uno de sus capítulos más oscuros. En 1965, el régimen de La Habana instrumentó un sistema de campos de trabajo forzado en los llanos de Camagüey, enviando a unos 25 000 hombres, de entre 18 y 40 años, a someterse a un proceso de «reeducación» que consistió en trabajos extenuantes, trato carcelario y vejaciones sistemáticas bajo la justificación de erradicar la disidencia ideológica, estética y sexual.
Aquellos recintos, rodeados de alambradas de púas y custodiados por guardias armados, funcionaron como verdaderos campos de concentración. A la entrada de los campamentos, letreros con la inscripción «El trabajo os hará hombres» recordaban a los métodos utilizados en regímenes totalitarios del siglo XX. La dictadura cubana, en su afán por homogenizar la sociedad bajo el paraguas del socialismo de Estado, diseñó un aparato represivo para segregar a todo aquel que se desviara de la moralina oficial y los estándares de conducta impuestos desde el poder.
Entre los reclutados a la fuerza figuran nombres que posteriormente marcaron la cultura nacional e incluso la jerarquía eclesiástica de la isla. Pasaron por aquellos campamentos el cantautor Pablo Milanés —quien entonces tenía 21 años—, los escritores José Mario Rodríguez y Félix Luis Viera, el dramaturgo Arturo Suárez del Villar, el pintor Norberto Palaux y Jaime Ortega, quien décadas después se convertiría en cardenal y arzobispo de La Habana cuando aún era un joven seminarista. La diversidad de los perfiles recluidos evidencia que la persecución no se limitó a un solo grupo, sino que abarcó a cualquier individuo considerado «incompatible» con el modelo socialista.
Las UMAP, inspiradas en los campos de rehabilitación chinos (los laogai) y con ecos del Gulag soviético, fueron el resultado de la fascinación de la cúpula dirigente por el maoísmo. Aunque la autoría directa de la idea ha sido debatida entre figuras como Ernesto Guevara, Raúl Castro y el entonces ministro del Interior Ramiro Valdés, la responsabilidad última recae en Fidel Castro. Años antes de la creación de los campamentos, el propio líder máximo había comenzado a amenazar públicamente a quienes tildaba de «elvispreslianos», «enfermitos», «blandengues» y «afeminados», sentando las bases para la persecución institucional.
La homofobia se consolidó rápidamente como una política de Estado. En abril de 1965, la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) emitió un comunicado proclamando: «¡Fuera los homosexuales y los contrarrevolucionarios de nuestros planteles!». Pocos días después, el periódico El Mundo publicó un artículo del escritor Samuel Feijoo titulado «Revolución y vicios», donde se justificaba la purga afirmando que la literatura y el arte revolucionario no podían ser representados por «sodomitas», promoviendo una supuesta «higiene social revolucionaria» que exigía la erradicación de la influencia homosexual en la cultura.
La maquinaria de delación estatal fue clave para el llenado de los campamentos. A través de listas elaboradas por comités militares, el Ministerio del Interior y los informes de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), miles de jóvenes fueron arrestados y transportados en trenes, hacinados como ganado, hacia Camagüey. Raúl Castro, entonces ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, justificó la medida señalando que se trataba de jóvenes que habían «tomado una senda equivocada» y que las UMAP servían para «ayudarlos a encontrar un camino acertado».
Las consecuencias de este experimento social fueron devastadoras. Se registraron decenas de suicidios dentro de los campamentos y miles de los jóvenes que sobrevivieron quedaron con severos traumas psicológicos de por vida debido al maltrato físico y la tortura psicológica. Las UMAP operaron hasta finales de 1967, cuando el escándalo internacional obligó al gobierno cubano a clausurarlas. Intelectuales de izquierda que hasta entonces habían apoyado a la revolución, como Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Susan Sontag, Mario Vargas Llosa y Juan Goytisolo, alzaron sus voces en protesta por las violaciones a los derechos humanos, generando una crisis de imagen que el régimen no pudo ignorar.
Contexto Sistémico y Continuidad Represiva
Sin embargo, el cierre de las UMAP no significó el fin de la intolerancia ni del aparato represivo. La dictadura cubana continuó con las redadas policiales contra jóvenes de pelo largo y seguidores de la música rock bajo la cruzada contra el «diversionismo ideológico». La homofobia de Estado alcanzó un nuevo clímax en 1971 con la llamada «parametración», implementada tras el Congreso de Educación y Cultura, que resultó en la purga de homosexuales, creyentes y disidentes de las instituciones educativas y culturales. Este patrón de control social totalitario es el mismo que, con distintas variantes, ha mantenido a la isla en una crisis estructural prolongada, forzando al exilio a millones de cubanos en busca de libertad y oportunidades.
En las últimas décadas, las autoridades de la isla han intentado posar ante la comunidad internacional como un gobierno inclusivo. La directora del Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX), Mariela Castro, ha liderado una campaña para minimizar los rigores de las UMAP, comparándolos con las habituales «escuelas al campo», y ha negado la implicación directa de su padre, Raúl Castro, y de su tío Fidel en la creación de estos centros de trabajo forzado. Aunque ha reconocido la existencia de homofobia, la ha justificado argumentando que era la norma global antes de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) desclasificara la homosexualidad como enfermedad en la década de 1980.
No obstante, este intento de reescritura histórica choca con la realidad de las políticas de la época. Mientras que en otras latitudes los homosexuales pudieron enfrentar tratamientos médicos cuestionables, la dictadura cubana optó por el confinamiento en campos de trabajo forzado, una medida que solo encuentra paralelismos históricos en la Alemania nazi. Además, la supuesta defensa de los derechos LGBTIQ+ que promueve el CENESEX contrasta con la política exterior del ejecutivo cubano, el cual mantiene estrechos lazos de solidaridad con regímenes teocráticos y grupos fundamentalistas en Medio Oriente, conocidos por su violenta persecución contra las mujeres y la comunidad homosexual.
El sexagésimo aniversario de las UMAP no es solo un recordatorio de un horror pasado, sino una radiografía de la naturaleza de un sistema que no rinde cuentas por sus abusos. La falta de justicia histórica para las víctimas de los campos de concentración en Camagüey es un reflejo de la actual falta de libertades y de institucionalidad democrática en Cuba. Mientras el régimen de La Habana continúe negando su responsabilidad en estos crímenes de lesa humanidad, la reconciliación nacional y la verdadera justicia social seguirán siendo asignaturas pendientes para el país.
