Sangre y negligencia: la dictadura falló otra vez a una mujer en Campechuela y el saldo son dos muertos y cuatro huérfanos

La inoperancia y el desprecio institucionalizado por la vida de las mujeres vuelven a teñir de luto a Cuba. En la comunidad de Gua, en Cienaguilla, municipio de Campechuela en la provincia de Granma, un doble y brutal asesinato ha sacudido la conciencia de una nación ya demasiado acostumbrada al dolor, la impunidad y el abandono. Darmis Ismarai «Gulli» Figueredo Rodríguez, de 38 años, y su pareja, un hombre de 43, fueron cruelmente asesinados por el expareja de ella, un individuo que ya había sido denunciado con anterioridad por violencia de género sin que el gobierno cubano moviera un solo dedo para proteger a las víctimas. El resultado de esta cadena de omisiones y complicidades estatales es una tragedia irrevocable: cuatro menores de edad quedaron huérfanos en lo que va de un año que apenas comienza, pero que ya chorrea sangre de feminicidios que el régimen se empeña en invisibilizar.

Los hechos ocurrieron en la noche, dentro de la vivienda familiar de las víctimas, convirtiendo el supuesto espacio de seguridad y refugio en el escenario de una ejecución. Según reportes difundidos en redes sociales por organizaciones feministas cubanas, el presunto agresor sería el expareja de Darmis, quien, al no encontrar ningún tipo de valladar legal o policial que lo detuviera, actuó con la prepotencia y la saña que le otorgó la absoluta certeza de la impunidad. Este no es un caso aislado de violencia interpersonal; es la consecuencia directa de un sistema que ignora sistemáticamente las denuncias de las mujeres, minimizando el riesgo de muerte hasta que el crimen ya se ha consumado.

La indignación crece en la comunidad local y en las plataformas digitales porque este crimen era predecible y, sobre todo, prevenible. Darmis había hecho lo que supuestamente debía hacer: acudir a las autoridades, denunciar la violencia, exponer a su agresor. Sin embargo, la respuesta de la dictadura fue el silencio, la inacción y el desprecio. Las fuerzas del orden y el aparato judicial, engrosados por una burocracia ineficaz y misógina, permitieron que el victimario siguiera libre, acechando a su presa hasta ejecutar su macabro plan. La sangre de Darmis y de su pareja está, indiscutiblemente, en las manos de quienes tienen el deber constitucional de proteger a los ciudadanos y deciden mirar hacia otro lado.

El Observatorio de Género Alas Tensas (OGAT) y la plataforma independiente Yo Sí Te Creo en Cuba (YSTCC) han sido, una vez más, las únicas voces que han levantado la denuncia para exigir justicia y visibilizar la tragedia. A través de fuentes comunitarias y medios locales, estas organizaciones confirmaron los hechos y reiteraron su llamado a las autoridades para que implementen políticas y mecanismos eficaces de prevención de la violencia de género. Pero ¿cómo se puede pedir a un régimen totalitario que implemente políticas de protección cuando su propia supervivencia se basa en el control, el miedo y la represión de su población?

Las cifras que manejan estas organizaciones independientes son escalofriantes y desmienten el relato oficial de una supuesta «igualdad» de género. En apenas los primeros compases del año, ya se han registrado dos feminicidios, un intento de feminicidio y un asesinato de hombre por motivos de género. Asimismo, se mantienen bajo investigación decenas de posibles feminicidios, intentos y asesinatos vinculados a violencia de género ocurridos en el periodo anterior. Estas estadísticas, recogidas a pulso por activistas que arriesgan su libertad para documentar la realidad, contrastan con el hermetismo y la manipulación informativa del gobierno cubano, que se niega a reconocer siquiera la existencia del feminicidio como figura penal.

El costo humano de esta negligencia institucionalizada no puede medirse solo en vidas perdidas, sino en los destinos rotos de quienes sobreviven a las víctimas. Cuatro niños y adolescentes, dos hijos de cada una de las personas asesinadas, se enfrentan ahora a un futuro de orfandad, marcados por un trauma que el Estado no se ocupará de atender. La dictadura no solo les arrebató a sus padres en un acto de sangre, sino que les condenó a crecer en un país donde sus derechos fundamentales, incluido el derecho a la vida y a tener una familia, son violados impunemente todos los días.

Mientras tanto, la maquinaria propagandística del régimen sigue gastando millones de pesos en campañas huecas sobre el «empoderamiento de la mujer» y en mantener una Federación de Mujeres Cubanas (FMC) que hace tiempo dejó de representar los intereses de las cubanas para convertirse en un apéndice inoperante del partido único. La FMC guarda un silencio cómplice ante cada feminicidio, demostrando que su única función es aplaudir las directrices del poder, no proteger a las mujeres que son golpeadas, acosadas y asesinadas en las calles y en sus propias casas.

El contexto sistémico: la violencia de género como consecuencia del abandono estatal

Para entender la magnitud de la tragedia de Campechuela es necesario analizar el contexto sistémico que la propicia. La dictadura ha construido un aparato legal y judicial que victimiza secundariamente a las mujeres que se atreven a denunciar. Cuando una cubana acude a una unidad de la PNR para reportar violencia doméstica, suele enfrentarse al machismo estructural de los agentes, que minimizan el abuso tachándolo de «problema de pareja» o «choteo». La falta de órdenes de alejamiento reales, la inexistencia de casas de refugio para víctimas y la lentitud burocrática son herramientas que el agresor utiliza a su favor, sabiendo que el sistema no lo frenará.

El gobierno cubano ha sido reticente a tipificar el feminicidio en el Código Penal, argumentando engañosamente que las leyes existentes son suficientes. Esta negativa no es un detalle jurídico, sino una declaración de principios: reconocer el feminicidio implicaría reconocer que en Cuba existe una violencia estructural y machista que el «socialismo» no ha podido erradicar. Al invisibilizar el crimen, el régimen pretende lavarse las manos, pero la sangre de Darmis Ismarai Figueredo Rodríguez demuestra que la omisión también es una forma de asesinato.

La crisis económica y social que atraviesa la isla, agudizada por la ineficiencia del modelo totalitario, también es un factor detonante que el Estado ignora. El hacinamiento, la escasez, el estrés constante y la falta de expectativas crean un caldo de cultivo para la violencia, que se descarga frecuentemente sobre las mujeres. Sin embargo, la dictadura no asume responsabilidad alguna, lanzando a la población al abismo de la autogestión y la supervivencia, mientras los recursos estatales se destinan a reprimir disidentes y mantener el aparato de seguridad que sostiene el poder absoluto.

Antecedentes: una década de sangre silenciada y estadísticas ocultas

Los antecedentes de este doble crimen se escriben con la tinta de cientos de mujeres asesinadas en los últimos años en Cuba. A lo largo del tiempo, plataformas como Yo Sí Te Creo en Cuba y Alas Tensas han documentado un aumento alarmante de los feminicidios, una tendencia que va en aumento mientras las autoridades miran hacia otro lado. En el periodo anterior, las cifras escalonaron a decenas de féminas brutalmente asesinadas, superando los registros históricos, y la actual temporada amenaza con ser igual o más letal si no se detiene la inercia de impunidad que ampara a los victimarios.

Hay un patrón recurrente en muchos de estos casos: la víctima había denunciado previamente a su agresor. Este patrón revela una falla letal en el sistema de justicia de la isla. El gobierno cubano no solo falla en prevenir, sino que falla en castigar de manera ejemplar a los violentadores, enviando un mensaje a la sociedad de que la violencia contra la mujer no tiene consecuencias graves. Casos como el de la maestra asesinada en Santiago de Cuba, o las múltiples mujeres desaparecidas y luego halladas sin vida en zonas rurales y urbanas, son la prueba irrefutable de que la vida de una mujer en Cuba vale menos que la imagen internacional del régimen.

La represión contra las propias activistas que intentan visibilizar este drama es otro antecedente clave. Las feministas que exigen al Estado que reconozca el feminicidio y actúen frente a la violencia de género son acosadas, amenazadas, detenidas y criminalizadas por la dictadura. Al Estado le molesta más la denuncia del crimen que el crimen mismo, porque la denuncia rompe el falso paraíso de igualdad que intenta vender al mundo. Esta cacería de brujas contra el activismo de derechos humanos deja a las víctimas en total desamparo, sabiendo que si hablan, no solo no serán protegidas, sino que podrán ser señaladas como «contrarrevolucionarias».

El cierre: justicia denegada y una sociedad que resiste

El doble asesinato en Campechuela debe ser un punto de quiebre, aunque sabemos que la dictadura carece de la empatía y la voluntad política para generar cambios reales. No basta con que el gobierno cubano emita un comunicado de prensa o que los tribunales condenen al asesino una vez que el daño ya está hecho y los menores ya son huérfanos. Se necesita una profunda reforma institucional que ponga en el centro la protección de la vida, pero esto es una utopía mientras el poder absoluto esté concentrado en manos de una élite militar y política que desprecia a su pueblo.

Desde ReporteCubaYa, exigimos justicia para Darmis Ismarai «Gulli» Figueredo Rodríguez y para su pareja. Exigimos que se haga visible el rostro y el nombre de las víctimas, que se rompa el silencio cómplice de los medios oficiales y que se desmantelen las estructuras de impunidad que permiten que los agresores actúen a sus anchas. La memoria de estas víctimas no puede ser borrada por la maquinaria de propaganda del régimen.

La sociedad civil cubana, a pesar del terror y la represión, continúa alzando la voz. Las organizaciones feministas son el faro en medio de la oscuridad impuesta por la dictadura. A ellas les debemos el registro de esta tragedia, el nombre de los caídos y la esperanza de que, algún día, la justicia prevalezca sobre el olvido y la negligencia. Mientras exista una sola mujer en peligro en Cuba, la lucha contra la indolencia del gobierno cubano no cesará, porque la vida de cada cubana vale más que todas las mentiras del totalitarismo.