Las autoridades del condado de Miami-Dade retiraron la licencia comercial a la empresa Vanguard Energy tras conocerse un contrato para arrendar instalaciones de la Unión Cuba-Petróleo (CUPET), entidad recién sancionada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. La medida prohíbe que el territorio floridano sirva de base para operaciones que contravengan la ley federal o beneficien al régimen de La Habana.
El recaudador de impuestos de Miami-Dade, Dariel Fernández, anunció la revocación del Recibo de Impuesto Comercial Local de la firma con sede en Coral Gables. La decisión coincide con la inclusión de CUPET en la \»Lista de nacionales especialmente designados y personas bloqueadas\» (SDN) por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). Fernández enfatizó que cualquier compañía que opere en el condado debe acatar estrictamente las sanciones federales, las leyes estatales y las disposiciones locales, cerrando el paso a iniciativas que financien a la dictadura cubana.
El conflicto se originó tras revelarse que Vanguard Energy suscribió en mayo un acuerdo con una agencia importadora de la isla para utilizar tanques de almacenamiento de CUPET. El plan de la empresa, liderada por Matthew Klann, contemplaba el envío mensual o bimensual de más de 250.000 barriles de diésel y gasolina regular de 87 octanos. Aunque la compañía alegó que el combustible estaba destinado exclusivamente al sector privado, organizaciones humanitarias y religiosas, el Departamento de Estado negó que la firma contara con la autorización federal necesaria para ejecutar dicha transacción.
Contexto de crisis energética y evasión de sanciones
La operación de Vanguard Energy buscaba sustituir un anterior y costoso sistema de transporte en contenedores ISO, aparentando mantener el control total del combustible y los pagos fuera del sistema bancario de la isla para evitar desvíos hacia el gobierno cubano. Sin embargo, este tipo de acuerdos choca directamente con el cerco impuesto sobre las empresas estatales sancionadas. La dependencia de infraestructura controlada por el régimen subraya la profunda crisis estructural de abastecimiento que sufre la isla, donde la escasez crónica de combustible paraliza la economía y agrava el colapso de los servicios públicos, afectando severamente a la ciudadanía.
La revocación de esta licencia envía un mensaje contundente a la comunidad empresarial sobre el riesgo de intentar sortear las restricciones económicas impuestas a las entidades del Estado cubano. En el futuro, cualquier intento de canalizar recursos energéticos hacia la isla mediante infraestructura estatal enfrentará un escrutinio riguroso, limitando las opciones de abastecimiento para el incipiente sector privado y manteniendo la presión sobre las estructuras económicas que sostienen a la dictadura cubana.
