La cadena hotelera española Meliá Hotels International ha acelerado su retirada de la isla en medio de la profunda crisis económica que atraviesa el país, registrando pérdidas financieras que ascienden a casi 80 millones de euros. Su partida marca el cierre de una etapa de tres décadas caracterizada por la explotación laboral, la exclusión social y la complicidad empresarial con un modelo político que priorizó el control y el beneficio extranjero sobre el bienestar de la población nacional.
El diario financiero español El Economista detalló recientemente que la salida de Meliá de Cuba supuso un elevado costo para la corporación. Tras abandonar la gestión de más de 30 hoteles —lo que en su momento la consolidó como la mayor cadena hotelera extranjera presente en la isla—, la compañía reportó pérdidas de 79,4 millones de euros, equivalentes a aproximadamente 92,3 millones de dólares. Esta retirada se produce en un escenario diametralmente opuesto al que encontró la empresa a su llegada en la década de 1990, cuando el gobierno cubano abrió las puertas al capital foráneo para mitigar el colapso económico tras la caída de la Unión Soviética.
El desembarco de Meliá en Cuba durante el llamado Período Especial respondió a una lógica de supervivencia del régimen de La Habana, que ofreció condiciones preferenciales y un estricto control social a cambio de inyección de divisas. Sin embargo, este modelo de desarrollo turístico trajo consigo la institucionalización de un apartheid económico que marginó a la población local. Durante más de dos décadas, los ciudadanos cubanos tuvieron vedado el acceso a las instalaciones turísticas de lujo, convirtiéndose en espectadores de un mundo de privilegios reservado exclusivamente para extranjeros que llegaban con la moneda del \»enemigo\» a disfrutar de servicios inalcanzables para los nacionales.
Varadero se convirtió en el epítome de esta segregación. Mientras las vallas a la entrada del balneario proclamaban que \»todo lo que se recaudaba era para el pueblo\», la realidad mostraba que ser cubano en ese territorio era sinónimo de exclusión. Los nacionales no solo no podían hospedarse, sino que ni siquiera tenían permiso para franquear las puertas de un hotel para utilizar un baño o disfrutar de sus playas. Esta política de discriminación, decretada por el ejecutivo cubano, fue validada y ejecutada por cadenas hoteleras como Meliá, que operaron durante años bajo un paraguas de impunidad empresarial.
El modelo de explotación laboral y la complicidad corporativa
Más allá de la discriminación al consumidor, la presencia de Meliá en Cuba se sustentó en un sistema de explotación laboral que ha sido señalado en reiteradas ocasiones por organismos internacionales de derechos humanos. La cadena aceptó los términos impuestos por las autoridades de la isla, mediante los cuales el Estado, a través de empresas estatales de empleo, recibía el pago de los salarios en moneda extranjera, mientras que los trabajadores percibían una fracción insignificante en moneda nacional, complementada eventualmente con propinas y estímulos en divisas.
Para los directivos de la empresa, el argumento legal era suficiente: actuaban conforme a las leyes cubanas. No obstante, en un sistema donde lo legal rara vez coincide con lo justo, esta postura significó un enriquecimiento a costa del empobrecimiento de miles de trabajadores calificados. El personal hotelero se veía obligado a sobrevivir en un contexto de escasez e inflación, dependiendo de propinas y de actividades informales dentro de los propios establecimientos para completar un salario indigno.
Las condiciones laborales en estos enclaves turísticos estuvieron marcadas por la ausencia total de derechos sindicales. Cualquier intento de reclamo salarial o de mejora en las condiciones de trabajo era sofocado con la expulsión inmediata, avalada por el sindicato oficialista, que en Cuba opera como un apéndice del poder para garantizar la disciplina y proteger los intereses del Estado, no los del trabajador. En este clima de abuso, numerosas vejaciones e injusticias quedaron en silencio por miedo a perder el \»privilegio\» de laborar en un sector que operaba con divisas.
Contexto: El colapso del modelo turístico y la crisis estructural
La retirada de Meliá no es un hecho aislado, sino un síntoma del acelerado deterioro de la economía cubana y del fracaso de su modelo turístico. La isla atraviesa su peor crisis en décadas, con una inflación descontrolada, un colapso generalizado de los servicios públicos y una severa escasez de alimentos y combustible. El sector turístico, que durante años fue presentado por el gobierno cubano como el motor de la economía, ha perdido competitividad frente a otros destinos del Caribe debido a la falta de inversión en infraestructuras, los apagones constantes y la disminución de la calidad en los servicios.
El exodo migratorio masivo de los últimos años ha privado además al sector hotelero de su fuerza laboral más calificada. Miles de jóvenes profesionales han abandonado la isla huyendo de la falta de oportunidades y la represión política, dejando a las instalaciones turísticas con personal insuficiente o mal entrenado. A esto se suman las sanciones internacionales y las restricciones financieras que han dificultado el envío de remesas y la operación de empresas extranjeras en el país, aislando aún más a la economía nacional.
Hacer negocios en este entorno se ha vuelto insostenible. Las empresas que durante años se beneficiaron de la mano de obra barata y de la ausencia de competencia sindical ahora enfrentan una realidad donde ni siquiera pueden garantizar la operación básica de sus instalaciones debido a los déficits energéticos y la desorganización estatal. La salida de corporaciones europeas refleja el agotamiento de un modelo que pretendía mantener un oasis para turistas en medio del desierto económico nacional.
Antecedentes y responsabilidad ética frente a la dictadura
La historia de la inversión extranjera en Cuba desde los años noventa está plagada de conchabanzas con el poder. Las corporaciones que llegaron a la isla lo hicieron sabiendo que operaban en un sistema totalitario donde no existía separación de poderes ni libertad de prensa. La normativa de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos establece la responsabilidad de evitar beneficiarse de abusos, pero en la práctica, el mundo empresarial ha priorizado los márgenes de ganancia sobre la ética.
Financiar y validar con presencia corporativa a una dictadura contribuye directamente a su sostenibilidad. Los ingresos generados por el turismo y otras inversiones extranjeras han permitido al régimen financiar su aparato represivo, mantener el control sobre la población y sofocar cualquier intento de disidencia. La violenta represión ejercida contra las protestas del 11 de julio de 2021 es un claro ejemplo de cómo el Estado cubano utiliza sus recursos para mantenerse en el poder, recursos que en parte provienen de los negocios internacionales que operan en la isla.
Ahora, tras treinta años, Meliá se marcha de un país con la economía colapsada y la paciencia popular al límite. Su salida representa el fracaso de una política de apertura selectiva que enriqueció a la cúpula militar y a las corporaciones extranjeras, mientras empobrecía a la ciudadanía. El futuro de Cuba dependerá de la instauración de un estado de derecho, donde la inversión extranjera se someta a estándares éticos reales y donde los recursos de la isla se utilicen para el desarrollo nacional y no para el sostenimiento de un sistema autoritario. Cuando ese momento llegue, la memoria histórica recordará cuáles compañías cerraron los ojos ante la injusticia y contribuyeron a prolongar el sufrimiento del pueblo cubano.
