Vecinos de El Fanguito enfrentan multas y amenazas tras protestar por apagones selectivos y colapso de servicios en La Habana

Residentes del vulnerable barrio habanero de El Fanguito se han visto obligados a tomar las calles en reiteradas ocasiones para exigir el restablecimiento del servicio eléctrico, enfrentando como respuesta citaciones policiales y multas de 7.000 pesos impuestas por las autoridades de la isla. La última movilización, que incluyó el corte de la céntrica avenida 23 del Vedado, evidencia no solo la profunda crisis de los servicios básicos en Cuba, sino también la desigualdad en la distribución de recursos y la intolerancia de la dictadura cubana ante las demandas ciudadanas más elementales.

La tensión en el municipio capitalino de Plaza de la Revolución alcanzó un nuevo punto de quiebre durante la noche del miércoles, cuando un grupo compuesto fundamentalmente por mujeres, niños y ancianos bloqueó una de las principales arterias viales de la ciudad. La medida de protesta fue la respuesta desesperada tras permanecer más de 48 horas consecutivas sin suministro eléctrico, una situación que imposibilita la cocción de alimentos, la conservación de productos perecederos y el bombeo de agua hacia las viviendas. Esta es la tercera vez en apenas dos meses que los habitantes de esta zona se movilizan para reclamar sus derechos mínimos.

Sin embargo, la respuesta institucional del gobierno cubano no ha sido la solución de la problemática, sino la persecución y el castigo económico. Varias de las mujeres que participaron en la protesta han sido localizadas posteriormente por las fuerzas del orden, citadas una a una y sancionadas con multas de 7.000 pesos, una cifra exorbitante en el contexto de la actual economía cubana. Una de las manifestantes, bajo condición de estricto anonimato y mediante una grabación de audio por temor a represalias, confirmó que las advertencias se han intensificado y les han comunicado que podrían adoptarse nuevas medidas represivas si vuelven a salir a la calle.

Desigualdad eléctrica y presuntos privilegios gubernamentales

El detonante de la indignación popular en El Fanguito trasciende los habituales apagones derivados del colapso del Sistema Electroenergético Nacional (SEN). Según el testimonio de la residente, desde hace aproximadamente dos o tres meses los vecinos han constatado de manera sistemática cómo un vehículo llega a la zona y procede a desconectar su sector para redirigir el suministro eléctrico hacia un grupo específico de viviendas cercanas. \»Entonces, aparece en el circuito como que tenemos luz, pero a nosotros nos desconectan y nos dejan 24, 40, 50 horas sin luz\», denunció la mujer.

“No quisiéramos protestar, pero nos obligan”: manifestante de La Habana denuncia citaciones y multas

La entrevistada ubicó el área supuestamente beneficiada entre la calle 32 y Pasaje A, asegurando que comprende 19 viviendas. Entre los inmuebles que conservarían el servicio de manera privilegiada, la manifestante señaló una casa que identificó como perteneciente al ministro de Salud Pública, así como un campo de tiro. Aunque la propiedad de estos inmuebles no ha podido verificarse de manera independiente, la percepción de un sistema de privilegios institucionalizado es un factor que alimenta profundamente el descontento social en la isla.

Ante esta situación, los vecinos han acopiado pruebas y entregado a las autoridades videos, fotografías y las matrículas de los vehículos presuntamente implicados en las desconexiones arbitrarias. No obstante, la respuesta burocrática ha sido la inacción. \»Según el compañero de la Seguridad [del Estado] se está estudiando, se está investigando, pero llevamos dos meses esperando a que investiguen y no lo hacen\», declaró la manifestante, exponiendo la parálisis o complicidad de los órganos encargados de garantizar el orden y la justicia.

Autocensura por miedo a la represión estatal

El clima de miedo que impera en Cuba ha forzado a los residentes de El Fanguito a limitar estrictamente el alcance de sus demandas, circunscribiéndolas a los servicios básicos y evitando cualquier pronunciamiento político que pueda desatar la furia del aparato represivo. La mujer explicó que los vecinos no corean consignas contra el gobierno por el terror a ser desaparecidos o encarcelados bajo cargos falsos. \»Nosotros no estamos diciendo ni abajo, ni arriba, ni nada más, porque entonces sí ya nos desaparecen. Queremos que nos pongan la luz como todo el mundo\», dijo con angustia.

Mujer atropellada durante protesta en La Habana

Esta autocensura forzada refleja la eficacia del terrorismo de Estado aplicado por la dictadura tras las manifestaciones del 11 de julio de 2021. Los ciudadanos saben que cualquier reclamo que cuestione el modelo político o la figura del poder resulta en prisión preventiva, allanamientos y condenas ejemplares. Por ello, la manifestante insistió en que los residentes no reclaman quedar excluidos de los cortes eléctricos que afectan a toda la nación, sino que el servicio sea distribuido con equidad y sin privilegios para la élite gobernante o sus allegados.

El impacto de los apagones en la economía familiar es devastador. La entrevistada relató que numerosos residentes son pensionados cuyos ingresos mensuales resultan irrisorios para adquirir alternativas como el carbón o el gas para cocinar. Además, la inestabilidad eléctrica ha asestado un golpe mortal a los cuentapropistas. \»Yo tengo un negocio en el que llevo 10 años y ahora no puedo vender. Porque no hay luz, no se puede\», afirmó, ilustrando cómo la crisis energética aniquila los escasos espacios de economía privada que sobreviven en el país.

Contexto Sistémico: El fracaso del modelo y la criminalización de la protesta

Las protestas en El Fanguito no son un hecho aislado, sino el síntoma de una crisis estructural que asfixia a Cuba. El Sistema Electroenergético Nacional (SEN) se encuentra en un estado de colapso terminal debido a décadas de falta de mantenimiento, envejecimiento de las termoeléctricas y dependencia de combustibles importados que el régimen de La Habana no logra financiar. Los apagones prolongados, que en muchas provincias superan las 12 horas diarias, han destruido la calidad de vida de la población, generando estrés térmico, enfermedades gastrointestiales por descomposición de alimentos y un colapso del suministro de agua potable, que depende de motobombas eléctricas.

A esta crisis de infraestructura se suma la crisis económica galopante. Una multa de 7.000 pesos representa una brutal sanción económica en un país donde la pensión media de un jubilado ronda los 1.500 pesos mensuales y el salario estatal no cubre ni la mitad de la canasta básica de alimentos. El ejecutivo cubano utiliza estas multas no como un instrumento de regulación cívica, sino como un arma de disuasión económica para quebrar a las familias que osen protestar, sumiéndolas en la indigencia como castigo por exigir sus derechos.

La respuesta oficial ante la protesta del miércoles siguió el guion habitual de la propaganda estatal. Al lugar acudió Roilán Rodríguez Barbán, primer secretario del Partido Comunista de Cuba (PCC) en el municipio Plaza de la Revolución, quien intentó convencer a los residentes de abandonar la vía atribuyendo la crisis energética al embargo estadounidense, el eterno comodín del gobierno para justificar su propia ineficiencia y falta de gestión. Solo tras la presión de la protesta, un trabajador restableció el servicio eléctrico, lo que provocó gritos de celebración efímera entre los participantes.

Antecedentes y perspectivas a futuro

El barrio de El Fanguito, históricamente marginado y estigmatizado, ha sido escenario de reivindicaciones constantes en medio del deterioro nacional. Durante una protesta anterior, los residentes soportaron ocho días consecutivos sin acceso al agua antes de que las autoridades enviaran una pipa para abastecer la zona. Esta dinámica de \»protestar para sobrevivir\» se replica en distintos puntos de la geografía nacional, donde la ciudadanía ha comprendido que las soluciones estatales solo llegan cuando el descontento amenaza con escalar o generar repudios internacionales.

La manifestante concluyó su testimonio con una afirmación que resume la tragedia cubana actual: \»No quisiéramos hacerlo, pero es que nos obligan\». Esta frase encapsula la sensación de millions de cubanos que ven cómo sus vidas se derrumban por la inacción del poder y cómo, al mismo tiempo, se les prohíbe manifestarse. La reconexión temporal de la electricidad no resuelve el problema de fondo, ni detiene el descontento acumulado por el robo de energía en favor de supuestos funcionarios.

De cara al futuro, la situación augura un escenario de creciente conflictividad social. Mientras el régimen de La Habana mantenga su política de negación de la crisis, represión de las demandas cívicas y privilegio para la élite militar y política, es inevitable que estallen nuevas protestas. La comunidad internacional y las organizaciones de derechos humanos deben mantener la atención sobre estos casos, donde el Estado cubano no solo falla en garantizar el bienestar mínimo de su población, sino que penaliza con ruina económica y amenazas a quienes se atreven a levantar la voz para exigir dignidad.