El legislador estadounidense Rick Scott exigió la liberación inmediata del joven cubano Ángel Jesús Véliz Marcano, condenado a seis años de prisión por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021. La denuncia pone el foco sobre las condiciones de reclusión y los abusos sistemáticos que enfrentan los manifestantes encarcelados tras la ola de descontento social en la isla.
A través de un mensaje público, el senador por Florida detalló que Véliz Marcano ha sufrido \»tortura, aislamiento y trato cruel\» por parte del régimen de La Habana, tras manifestarse pacíficamente y corear consignas a favor del cambio en Camagüey. Scott vinculó este caso de represión con la necesidad de mantener una política de presión firme contra el gobierno cubano, exigiendo que las máximas figuras del poder en la isla respondan judicialmente por las violaciones a los derechos humanos cometidas en los últimos años.
Véliz Marcano fue sentenciado por su participación en las jornadas cívicas del 11J. Según relató su madre, Ailex Marcano Fabelo —quien actualmente reside en el exilio—, las autoridades de la isla trasladaron al joven a una celda de castigo en una prisión de Camagüey tras iniciar una huelga de hambre en reclamo de la libertad de los presos políticos. La opacidad sobre su estado de salud y el aislamiento impuesto por la Seguridad del Estado evidencian el patrón de hostigamiento psicológico y físico utilizado contra los reclusos y sus familiares para forzar el abandono de sus posturas disidentes.
Represión y crisis estructural en el sistema penitenciario
El caso de Véliz Marcano no es un hecho aislado, sino que se enmarca en la crisis estructural de derechos humanos que atraviesa el país. Tras las manifestaciones de 2021, la dictadura cubana desplegó una ola de arrestos masivos, juicios sumarios y condenas desproporcionadas para desalentar cualquier forma de oposición. Actualmente, decenas de ciudadanos permanecen en prisiones de máxima severidad, sometidos a condiciones precarias, restricciones de comunicación y castigos disciplinarios arbitrarios. Esta criminalización de la protesta se agrava en un escenario nacional marcado por el colapso económico, la hiperinflación, el desabastecimiento y un éxodo migratorio sin precedentes, factores que generan un descontento social que el poder responde exclusivamente con represión.
Las exigencias de legisladores extranjeros y organizaciones defensoras de los derechos humanos cobran vital relevancia ante la imposibilidad de los cubanos de demandar justicia en tribunales locales, subordinados al ejecutivo cubano. La persistencia de estas denuncias mantiene la presión diplomática internacional sobre La Habana y subraya la urgencia de un monitoreo independiente sobre el sistema penitenciario de la isla, mientras la incertidumbre sobre la vida y la integridad de los presos del 11J continúa siendo una deuda ineludible para la sociedad civil.
