El fiscal general interino de Estados Unidos, Todd Blanche, aseguró que el Departamento de Justicia hará todo lo posible para llevar al exgobernante cubano Raúl Castro a territorio estadounidense para enfrentar los cargos por el derribo de dos avionetas civiles en 1996, un ataque perpetrado por la dictadura cubana que costó la vida a cuatro personas.
En declaraciones recientes, Blanche enfatizó que la acusación federal presentada por un gran jurado en Miami no es un gesto meramente simbólico ni un espectáculo mediático, sino un proceso judicial con el objetivo de que el acusado comparezca ante un tribunal. El funcionario indicó que el mecanismo habitual para lograr la comparecencia de imputados que se encuentran fuera de Estados Unidos es la extradición y la cooperación con socios internacionales, una vía que el ejecutivo estadounidense está dispuesto a explotar al máximo en este caso. Blanche confirmó además que existe una orden de arresto contra el exmandatario y que se espera que se presente \»por voluntad propia o de otra manera\».
La acusación, desclasificada el pasado 20 de mayo y presentada el 23 de abril, imputa a Castro y a otros cinco acusados —Lorenzo Alberto Pérez-Pérez, Emilio José Palacio Blanco, José Fidel Gual Barzaga, Raúl Simanca Cárdenas y Luis Raúl González-Pardo Rodríguez— por conspiración para asesinar a nacionales estadounidenses, destrucción de aeronaves y cuatro cargos de asesinato. El caso se remonta al 24 de febrero de 1996, cuando cazas militares cubanos derribaron dos aeronaves Cessna desarmadas de la organización Hermanos al Rescate en el estrecho de Florida, asesinando a Carlos Costa, Armando Alejandre Jr., Mario de la Peña y Pablo Morales.
Impunidad y represión bajo el régimen de La Habana
El documento judicial sostiene que los militares actuaron bajo una cadena de mando supervisada directamente por Raúl Castro, quien entonces se desempeñaba como ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR). Este episodio es un ejemplo emblemático de la violencia de Estado y la política de exterminio contra la disidencia que ha mantenido la dictadura cubana a lo largo de las décadas, utilizando su aparato de inteligencia para infiltrar y reprimir a los opositores, incluso fuera de sus fronteras. La impunidad con la que el régimen de La Habana ha operado en el ámbito internacional ha sido una constante que ahora el sistema judicial estadounidense busca desafiar.
De ser declarados culpables, los acusados podrían enfrentar pena de muerte o cadena perpetua. Ante el anuncio, las autoridades de la isla rechazaron la acusación calificándola de \»canalla\» y argumentando una supuesta falta de jurisdicción de Washington. Sin embargo, la orden de arresto emitida contra el exgobernante limita severamente su movilidad internacional y representa un duro golpe diplomático y legal al legado de la cúpula militar que aún detenta el poder en Cuba. La determinación del Departamento de Justicia envía un mensaje claro sobre las consecuencias a futuro para los responsables de violaciones a los derechos humanos y actos de terrorismo de Estado, aislando aún más al gobierno cubano en el escenario global.
