Cinco años después de la promulgación del Decreto-Ley 31 de Bienestar Animal, la normativa brilla por su ineficacia en las calles de Cuba. En Holguín, residentes denuncian que la falta de recursos, el desabastecimiento y la inoperancia de las autoridades locales han convertido una ley que prometía protección en un mero documento sin impacto real, dejando a miles de animales a merced del maltrato y el abandono.
La imagen de un equino desplomado en una céntrica vía de Holguín por agotamiento y desnutrición ilustra el rotundo fracaso de esta política. Testigos presenciales relatan cómo la sobreexplotación y la falta de alimentación adecuada continúan siendo la norma para los animales de tiro. Esta escena no es un suceso aislado, sino el reflejo cotidiano de una legislación que, aunque sobre el papel reconoce a los animales como seres merecedores de protección y prohíbe prácticas crueles, choca con la dura realidad de una isla en profunda crisis.
Los habitantes de la ciudad oriental confirman que la promesa del gobierno cubano se ha quedado en letra muerta. Ciudadanos como Manuel Gómez y Maribel León coinciden en que la falta de inspección y seguimiento anulan cualquier avance teórico. \»El papel aguanta todo. Si no hay control de verdad, la ley se queda en promesa\», señala Gómez, mientras que León lamenta que las denuncias ciudadanas se pierden en la burocracia o reciben respuestas tardías por parte de funcionarios carentes de recursos y formación para actuar.
Impunidad y desidia institucional ante el maltrato
La inacción estatal también permite que prácticas prohibidas y socialmente arraigadas operen con total normalidad. Peleas de perros a la vista pública y vallas de gallos que se llenan de apostadores son parte del paisaje cotidiano. Yailín Cardoso, vecina del reparto Luz, relata cómo sus quejas formales por el abandono de un can en su barrio han sido ignoradas por las instituciones. Por su parte, Óscar Pérez critica que la justificación de la tradición siga permitiendo el sufrimiento animal bajo la mirada indolente de las autoridades de la isla.
Este colapso en la aplicación de la ley de bienestar animal es inseparable de la crisis estructural que atraviesa el país. La escasez crónica de alimentos, medicamentos y la inexistencia de refugios adecuados agravan la situación, empujando a la población y a los animales a un estado de supervivencia. El régimen de La Habana promulgó un decreto que no puede respaldar con infraestructura ni con voluntad política real, demostrando una vez más su incapacidad para gestionar políticas públicas efectivas.
Activistas como Raquel Larrinaga, del grupo Pasos, reconocen el valor histórico del decreto, pero advierten que sin acción estatal el retroceso es inevitable. Mientras la dictadura cubana mantenga sus prioridades enfocadas en el control social y la represión por encima del bienestar ciudadano y ambiental, legislaciones como esta seguirán siendo una fachada. El futuro de la fauna en Cuba depende no solo de la educación, sino de un cambio profundo en las estructuras de poder que permita exigir y hacer cumplir los derechos mínimos de protección.
