La organización no gubernamental Cubalex presentará este martes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) un exhaustivo informe que documenta al menos 215 acciones de militarización de la sociedad civil en Cuba. El reporte evidencia cómo el régimen de La Habana ha desplegado un aparato represivo para someter a una población sumida en una profunda crisis estructural, utilizando la fuerza castrense como principal herramienta de administración pública y control social.
La audiencia, programada en el marco del 196º Período de Sesiones de la CIDH en Washington, lleva por título \»Cuba: Impactos de la militarización\». Durante el encuentro, los especialistas de Cubalex expondrán ante los comisionados un padrón de violaciones que se intensificó notablemente después de que el Consejo de Defensa Nacional aprobara en enero \»planes y medidas para el paso al estado de guerra\», una figura jurídica y política que las autoridades de la isla han utilizado para justificar el despliegue de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior en calles, barrios e instituciones.
Entre las prácticas más graves que la dictadura cubana ha implementado en los últimos meses figura la ocupación policial y militar de barrios tras las protestas espontáneas provocadas por los apagones. El informe detalla cómo el gobierno cubano ha recurrido al procesamiento de civiles ante tribunales militares, una violación flagrante del debido proceso, así como a las amenazas de muerte contra personas privadas de libertad por motivos políticos. A esto se suman severas restricciones de movilidad que impiden a los ciudadanos trasladarse de una provincia a otra, limitando el derecho a la libre circulación a supuestos motivos de salud, trámites consulares o fallecimientos familiares.
La represión administrativa y económica también ha sido una pieza clave de esta estrategia. Cubalex documentó el congelamiento de cuentas bancarias y bienes mediante resoluciones administrativas arbitrarias, ejecutadas sin notificación previa ni la apertura de un proceso penal. El caso del creador de contenido Eddy Ceballos es emblemático: fue enviado a juicio ante un tribunal militar por el único delito de grabar un video satírico en una instalación castrense abandonada, lo que demuestra la criminalización de la libertad de expresión bajo el amparo de la jurisdicción militar.
El adoctrinamiento y la preparación para la guerra en las aulas
La penetración militar en la vida civil ha alcanzado al sector educativo. El expediente presentado por Cubalex menciona la incorporación obligatoria de ejercicios militares, prácticas de tiro y planes de evacuación en escuelas y universidades, bajo el pretexto de la \»preparación para la guerra\». El pasado 27 de marzo, la Agencia Cubana de Noticias (ACN), medio oficial del ejecutivo cubano, informó que profesores y alumnos de instituciones de Educación Superior de Camagüey participarían en el \»Bastión Estudiantil Universitario 2026\».
Mientras los medios de propaganda estatal presentaron esta jornada como una reafirmación del apoyo a la Revolución, Cubalex sostiene que en distintos centros la participación fue obligatoria y estuvo vinculada a presiones académicas. Este extremo, lógicamente, no aparece reconocido en las publicaciones oficiales, pero refleja cómo el régimen utiliza el sistema educativo para normalizar la presencia militar desde edades tempranas, asegurando un control ideológico y disciplinario absoluto.
Datos que desmienten la narrativa oficial de seguridad ciudadana
El sistema de monitoreo de Cubalex arroja cifras alarmantes sobre la evolución de este fenómeno. La organización contabilizó 10 acciones de militarización en febrero, 42 en abril, 54 en junio y 39 durante las primeras tres semanas de julio. Estos datos, advierte la ONG, constituyen únicamente hechos verificados de manera independiente, por lo que la cifra real representa un subregistro significativo de la represión cotidiana.
El análisis de Cubalex relaciona directamente el crecimiento de estos operativos con los períodos de mayor descontento social. Sus registros contabilizaron 234 protestas en marzo, 66 en abril, 109 en mayo y 254 en junio. Sin embargo, la presencia militar no disminuyó al descender las manifestaciones, sino que se mantuvo en niveles cada vez más altos después de cada pico de movilización. Además, el informe sostiene que los reportes de inseguridad aumentaron un 109% entre enero y abril, pese al incremento de las fuerzas estatales, y que las denuncias de torturas y desapariciones forzadas se mantuvieron durante los siete meses analizados. Para la organización, estas tendencias contradicen la justificación de protección ciudadana y demuestran que el despliegue militar ha reforzado las capacidades represivas del Ministerio del Interior.
Contexto: La militarización como gestión de la crisis estructural
Para comprender la magnitud de este informe, es indispensable vincularlo con la profunda crisis estructural que asola a la isla. La economía cubana atraviesa un colapso sistémico manifestado en una inflación galopante, un desabastecimiento crónico de alimentos y medicinas, el deterioro total del sistema eléctrico nacional y un éxodo migratorio sin precedentes. Ante la incapacidad del gobierno cubano para ofrecer respuestas civiles y económicas, el régimen ha optado por la militarización como modelo de administración de la crisis.
En un informe previo titulado \»El estado de guerra no declarado\», Cubalex ya advertía que los consejos de defensa provinciales y municipales han asumido funciones que corresponden a las administraciones civiles, tomando decisiones sobre transporte, combustible, distribución de recursos y orden público. Esta \»excepcionalidad de facto\» se aplica sin la proclamación formal de un estado de emergencia, sin límites temporales y sin controles judiciales efectivos. Como concluyó la organización, \»la seguridad del régimen ha suplantado a la seguridad humana, priorizando el sostenimiento del aparato represivo sobre la atención a la crisis humanitaria que padecen sus ciudadanos\».
El reporte cita ejemplos concretos de cómo la dictadura cubana administra la protesta social con mano militar. Se documentó el despliegue de tropas especiales en Morón, Ciego de Ávila, tras las protestas del 3 de marzo; los operativos de camiones y patrullas conocidos como \»el combo\» o \»el convoy\» durante los apagones en barrios de La Habana; y el acuartelamiento de personal del Ministerio del Interior en cárceles de Santiago de Cuba, Las Tunas y Guantánamo, lo que provocó la suspensión de visitas, permisos y traslados de reclusos. La militarización ha dejado de funcionar como preparación ante una amenaza exterior para convertirse en el principal mecanismo de represión interna.
Antecedentes y la jurisdicción de la CIDH sobre Cuba
La audiencia en Washington se enmarca en una larga historia de escrutinio internacional. Aunque Cuba no se reincorporó a la Organización de Estados Americanos (OEA) después de que en 2009 quedara sin efecto la resolución que había excluido a su Gobierno en 1962, la CIDH mantiene que conserva competencia para examinar la situación de derechos humanos en la Isla. La Comisión ha reiterado que aquella decisión de los años sesenta apartó al Gobierno cubano, no al Estado, y que Cuba continúa siendo jurídicamente responsable ante el organismo respecto a los derechos reconocidos en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.
Implicaciones a futuro y respuesta internacional
La presentación de este dossier ante la CIDH representa un paso crucial para visibilizar la deriva autoritaria de las autoridades de la isla. Las consecuencias de esta militarización forzada son devastadoras para el tejido social cubano: la institucionalización de la violencia estatal cierra cualquier espacio para el diálogo o la disidencia pacífica, criminalizando la pobreza y la desesperación. A futuro, la persistencia de este modelo no hará más que profundizar el colapso social y económico, incentivando la radicalización del exilio y exigiendo una respuesta más firme por parte de la comunidad internacional.
El reto para los organismos multilaterales será traducir estos informes en acciones concretas de exigencia. Mientras la dictadura cubana continúe secuestrando las instituciones del Estado para garantizar su supervivencia a costa del bienestar de la población, los reportes como el de Cubalex se erigen como el único instrumento de verdad y memoria histórica frente a la impunidad. La comunidad democrática global deberá evaluar si la normalización diplomática es sostenible frente a un régimen que admite públicamente su transición hacia un estado de guerra contra su propio pueblo.
