En el marco de la 56ª Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), celebrada en Ciudad de Panamá, activistas y representantes de organismos internacionales exigieron mecanismos de verdad, justicia y reparación para las víctimas de las graves violaciones de derechos humanos perpetradas por los regímenes autoritarios de Cuba, Nicaragua y Venezuela. El diálogo, organizado por el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, puso sobre la mesa la urgencia de diseñar estrategias de transición democrática que eviten la impunidad de los verdugos y garanticen la no repetición de los abusos estatales.
El evento, titulado «Horizontes de Libertad: Una conversación sobre la justicia transicional en Cuba, Nicaragua y Venezuela», sirvió como un espacio de reflexión paralelo a las deliberaciones oficiales de la OEA. La cita reunió a figuras clave en la defensa de los derechos humanos en el hemisferio, entre ellos Edgar Stuardo Ralón Orellana, presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y relator para Cuba; la activista cubana Carolina Barrero, presidenta de la organización Ciudadanía y Libertad; Claudia Pineda, de la Asociación de Defensa Jurídica por Nicaragua; y Diana González, psicóloga del Área Psicosocial de COFAVIC por Venezuela. La moderación estuvo a cargo de Carlos Quesada, director ejecutivo de Raza e Igualdad.
Durante el encuentro, Ralón Orellana fue contundente al condenar la actuación de los regímenes autoritarios de la región. El relator de la CIDH subrayó que cualquier proceso de justicia transicional en Cuba debe contar forzosamente con la participación activa de la sociedad civil, la cual ha sido sistemáticamente silenciada, perseguida y descabezada por el poder. La inclusión de las víctimas en la construcción de las políticas de Estado es, según el experto, el único camino viable para alcanzar una paz real y no una mera estabilización forzada por la represión institucional.
Por su parte, Carolina Barrero enfocó su intervención en la necesidad imperiosa de trabajar por la memoria histórica como herramienta de resistencia. La activista advirtió que reconstruir el relato de las violencias registradas en la isla es fundamental para hacer frente a la criminalización de la disidencia, una táctica habitual del gobierno cubano para neutralizar a sus críticos. Barrero aprovechó para emitir una dura advertencia sobre los modelos de transición, tomando como ejemplo el caso venezolano, donde aseguró que «no hubo justicia», sino «una redistribución entre las élites que lograron sobrevivir al cambio de administradores en una negociación de impunidad vestida en algunos casos de reconciliación».
La advertencia de Barrero resuena con fuerza en un momento donde la dictadura cubana muestra una intransigencia absoluta frente a cualquier apertura democrática. A diferencia de procesos negociados que han dejado en la impunidad crímenes de lesa humanidad, los panelistas coincidieron en que la verdad y la justicia son los pilares innegociables sobre los cuales se debe cimentar cualquier transición democrática en los tres países, tal como afirmó Claudia Pineda en representación de Nicaragua, quien sostuvo que estos elementos son la base para revertir el autoritarismo.
En el caso venezolano, Diana González abordó las excarcelaciones registradas en el último año, pero matizó este hecho con la cruda realidad que viven los ciudadanos. Organizaciones de derechos humanos han documentado que estas liberaciones no significan un cese de la hostilidad estatal, sino que la represión persiste y las víctimas continúan sin garantías para ejercer sus derechos civiles y políticos. El régimen de Nicolás Maduro, al igual que el de La Habana, utiliza la liberación de presos como moneda de cambio internacional, mientras mantiene intacto el aparato de vigilancia y amedrentamiento social.
La celebración de este foro coincidió con una declaración emitida por la Secretaría General de la OEA, que manifestó su profunda preocupación por la situación de los presos políticos en Cuba, Nicaragua y Venezuela. El ente interamericano remarcó un principio fundamental: «En las Américas no hay lugar para la persecución política ni para el encarcelamiento basado en opiniones o en la disidencia». Este pronunciamiento contrasta de manera evidente con la narrativa oficial del ejecutivo cubano, que suele catalogar a los opositores encarcelados como «mercenarios» o «delincuentes comunes» para justificar su encierro en cárceles de máxima severidad.
Un panorama regional de crisis institucional y represión
El Informe anual 2025 de la CIDH, presentado recientemente, incluyó a Cuba, Nicaragua y Venezuela en el capítulo reservado para situaciones que requieren especial atención por su gravedad y urgencia. Respecto a la isla, el órgano de la OEA señaló la inexistencia de una democracia representativa y la total falta de independencia judicial. Además, documentó graves vulneraciones a la libertad de expresión y a la integridad personal, elementos que configuran un escenario de violaciones sistemáticas de los derechos fundamentales amparadas por la impunidad.
La evaluación de la CIDH sobre Nicaragua destacó la profundización de la crisis de derechos humanos bajo el mandato de Daniel Ortega, el cierre total de los espacios cívicos y la concentración absoluta del poder en el Ejecutivo. Por su parte, el análisis sobre Venezuela advirtió una grave afectación a la democracia y los derechos humanos, caracterizada por la opacidad electoral, la represión estatal y una severa crisis institucional que ha dejado a la población sin canales legítimos de participación política. Estos tres casos, aunque con particularidades, comparten una constante: la utilización del aparato estatal para aniquilar la disidencia.
La crisis estructural de Cuba y la deuda con sus ciudadanos
El debate sobre la justicia transicional no puede desligarse de la profunda crisis estructural que atraviesa Cuba. La isla enfrenta una situación de colapso multifactorial que se manifiesta en una hiperinflación galopante, un desabastecimiento crónico de bienes de primera necesidad y un deterioro absoluto de los servicios públicos, incluyendo la salud y la energía. Este escenario económico, producto de la ineficiencia del modelo centralizado y agravado por la falta de libertades, ha sido el catalizador del mayor éxodo migratorio en la historia reciente del país, con cientos de miles de cubanos huyendo hacia Estados Unidos y otras naciones latinoamericanas en busca de supervivencia.
Frente a este colapso, la respuesta de las autoridades de la isla no ha sido la implementación de reformas estructurales o la apertura de espacios de diálogo, sino la intensificación de la represión. La criminalización de la protesta social, que se hizo evidente tras las manifestaciones del 11 de julio de 2021, continúa siendo la política de Estado predilecta para mantener el control. La dictadura cubana ha consolidado un sistema de vigilancia, detenciones arbitrarias y condenas sumarias que buscan desarticular cualquier brote de disidencia, dejando a la ciudadanía en un estado de indefensión total frente al poder.
En este contexto, la discusión sobre la reparación a las víctimas adquiere una dimensión urgente. La impunidad histórica de la que ha gozado el régimen de La Habana ha permitido que las violaciones de derechos humanos se perpetúen en el tiempo, pasando de una generación a otra sin rendición de cuentas. La falta de un Estado de derecho independiente impide que los ciudadanos puedan exigir justicia por abusos cometidos por funcionarios, fuerzas del orden o el aparato judicial mismo, el cual se encuentra subordinado a los dictados del Partido Comunista.
Los retos de la transición y la mirada internacional
El evento en Ciudad de Panamá se desarrolló en el marco de una asamblea que lleva por lema «América unida en el bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá», bajo el tema «Multilateralismo firme en defensa de la democracia, la seguridad hemisférica y la estabilidad en los Estados Miembros». Sin embargo, el debate dejó claro que el futuro de Cuba, y por extensión de Nicaragua y Venezuela, dependerá de la capacidad de las sociedades civiles para articular demandas de justicia transicional que no se queden en el mero cambio de figuras en el poder.
La comunidad internacional, representada en foros como la OEA, juega un papel crucial en el acompañamiento a estos procesos, presionando para que se respeten los derechos fundamentales y documentando los abusos para que no queden en el olvido. Las implicaciones políticas de estos debates son profundas: un eventual proceso de apertura o transición en la isla requerirá el diseño de mecanismos rigurosos de verdad y reparación que sanen el tejido social fracturado por décadas de autoritarismo. Evitar que la impunidad se vista de reconciliación, como advirtió la activista Carolina Barrero, será el mayor desafío para garantizar que las violaciones de derechos humanos documentadas durante tantos años de dictadura no vuelvan a repetirse en el futuro de la nación cubana.
