La aguda crisis de distribución de combustibles y el colapso de los servicios básicos en Cuba han provocado escenas de desesperación en Santa Clara, donde cientos de familias pernoctaron en las calles en busca de gas licuado de petróleo (GLP) vendido a 30 dólares por una mipyme. Ante el caos generado, las autoridades de la isla y la empresa privada modificaron el sistema de venta, delegando la distribución a centros laborales estatales, una modalidad que excluye a amplios sectores de la población y evidencia la incapacidad del gobierno cubano para garantizar el derecho a la alimentación.
El estadio Sandino de Santa Clara se convirtió en el epicentro de una crisis social sin precedentes en los últimos días, cuando la micro, pequeña y mediana empresa (mipyme) «La pequeña isla» anunció la venta de cilindros de gas. Las imágenes viralizadas en redes sociales mostraban a una multitud hacinada, con cientos de familias durmiendo en la calle durante varios días con la esperanza de obtener uno de los escasos turnos disponibles. La entrega de un comprobante de compra, valorado en 30 dólares en efectivo, era el único requisito para mantener la expectativa de recibir el producto, conocido popularmente como «balita».
La extrema escasez de combustibles para cocinar, agravada por los apagones que superan las 20 horas diarias, ha empujado a la ciudadanía a límites insospechados. A pesar de que el precio de 30 dólares resulta prohibitivo para el salario promedio en la isla, las filas se extendieron por hasta dos cuadras. Testimonios como el de Iraida González, vecina del reparto Bengochea, confirman el colapso del orden: quienes no lograban un puesto legítimo se veían obligados a comprar turnos revendidos a 8.000 pesos o 15 dólares, una práctica delictiva que prospera en medio de la inoperancia estatal.
Ante la magnitud de las concentraciones y el riesgo de estampidas o estallidos sociales, las ventas físicas fueron suspendidas. La mipyme, ubicada en la calle 1.ª de la zona, a una cuadra de la Carretera Central, informó a través de su perfil de Facebook que habilitaría una plataforma en línea, aunque sujeta a la aprobación de métodos de pago que dependen de entidades estatales. Sin embargo, la solución intermedia adoptada por el régimen de La Habana ha sido canalizar las ventas a través de los centros de trabajo, creando un nuevo esquema de exclusión y control burocrático.
La dolarización forzada y el control laboral
Bajo la nueva modalidad, la posibilidad de adquirir gas está siendo asignada exclusivamente a trabajadores estatales de empresas que realicen la «gestión» ante la mipyme. Un trabajador de la Empresa Provincial de Transporte de Villa Clara, bajo condición de anonimato, detalló que los empleados son inscritos en listas mediante su carné de identidad, y los dirigentes sindicales o jefes de empresa se encargan de recaudar los 30 dólares. Las exigencias para el efectivo son rigurosas: no se aceptan billetes de cinco dólares ni aquellos en mal estado, reflejando una dolarización de facto que margina a quienes sobreviven con la moneda nacional.
El salario medio en el sector estatal cubano no supera los 5.000 pesos mensuales, una cifra irrisoria frente a un producto que cuesta el equivalente a varias veces ese monto. El trabajador transportista señaló que muchos de sus colegas simplemente no pueden pagar la cifra porque no tienen familiares en el extranjero que les envíen remesas. Esta realidad confirma la fractura social que la dictadura cubana ha generado al imponer un modelo económico donde el acceso a la supervivencia depende del acceso a divisas, no del trabajo asalariado ni del contrato social histórico.
Frente a la imposibilidad de cubrir el gasto, muchos ciudadanos han recurrido a la venta de objetos personales o al endeudamiento. Diana Águila, trabajadora del sector de la Salud Pública, relató que tuvo que vender una cadena de oro para poder acceder a la oferta. «Prefiero comprar ese gas cuando me toque que seguir cocinando con leña y carbón», afirmó, destacando además la incertidumbre sobre el futuro de la distribución subsidiada por la libreta de abastecimiento. En el mercado informal, los cilindros alcanzan los 100 dólares, un precio que atrapa a la ciudadanía entre la estafa y la inanición.
Exclusión, reventa y mercado negro
El nuevo mecanismo de distribución laboral ha despertado temores sobre la proliferación de la reventa y la corrupción interna. Anabel, una maestra primaria, especuló que muchos trabajadores con múltiples balitas vacías en sus hogares podrían aprovechar la asignación para revender el producto dentro del propio núcleo familiar. «Van a vender una para poder pagar la otra, porque 30 dólares no los tiene cualquiera», explicó, evidenciando cómo la escasez obliga a la ciudadanía a adoptar estrategias de supervivencia que distorsionan aún más el ya maltrecho tejido social.
Mientras tanto, los sectores más vulnerables quedan a la espera. Jubilados y trabajadores por cuenta propia (TCP) han sido marginados de los listados oficiales de las empresas estatales. En las redes sociales, usuarios como Mauricio Avilés han denunciado esta discriminación estructural: «¿Aquellos que como yo, jubilados, no tenemos derecho a cocinar con ese producto?», cuestionó. El futuro de estos grupos depende de la implementación de la anunciada página web, una alternativa tecnológica inalcanzable para una población que sufre además el déficit de conectividad y los constantes cortes eléctricos.
El caso de «La pequeña isla» no se limita al gas licuado. Según su perfil de Facebook, la entidad también comercializa gasolina a un precio de 4 dólares por litro, dirigido a otras mipymes, TCP, cooperativas no agropecuarias, proyectos de desarrollo local y productores agropecuarios. Estos precios, alineados con las tasas del mercado internacional pero inalcanzables para la economía local, demuestran cómo las reformas económicas del gobierno cubano han creado un mercado paralelo que beneficia a unos pocos y excluye a la mayoría.
Contexto: El colapso estructural del sistema energético y social
La escena en Santa Clara es un síntoma más de la profunda crisis estructural que atraviesa la isla. La incapacidad del régimen de La Habana para mantener la generación eléctrica y garantizar la distribución de combustibles responde a años de mala gestión, falta de inversión, corrupción institucional y dependencia de aliados geopolíticos cuyos envíos de petróleo han disminuido drásticamente. La obsolescencia de las termoeléctricas y la falta de liquidez para adquirir combustibles en el mercado internacional han convertido los apagones en una rutina asfixiante.
Este déficit energético tiene un impacto directo en la seguridad alimentaria. Al faltar el gas, millones de cubanos se ven obligados a cocinar con leña o carbón, lo que no solo acelera la deforestación en las periferias urbanas, sino que también genera problemas respiratorios agudos en los hogares. La desesperación por un cilindro de gas ha llevado a la población a sacrificar sus ahorros y bienes materiales, en un país donde la inflación ha devaluado el peso cubano a niveles históricos y la canasta básica supera ampliamente los ingresos estatales.
Antecedentes de esta crisis se remontan a la fallida «Tarea Ordenamiento» de 2021, una política económica que pretendía unificar la moneda pero que resultó en una hiperinflación no reconocida oficialmente y en el empobrecimiento generalizado. La posterior apertura a las mipymes fue presentada por el ejecutivo cubano como una solución para dinamizar la economía, pero en la práctica, ha funcionado como una válvula de escape para el fracaso del aparato estatal. Estas empresas, al importar bienes y venderlos en dólares, han creado una economía elitista que coexiste con la miseria de la mayoría.
La represión y el control social también juegan un papel en este escenario. Al delegar la venta del gas a los centros de trabajo, la dictadura cubana utiliza el aparato burocrático y sindical para administrar la escasez, convirtiendo a los directores de empresas en filtros de distribución. Esta táctica no solo divide a la población entre quienes tienen empleo estatal y quienes no, sino que refuerza la dependencia del individuo hacia el Estado, penalizando de facto al sector privado independiente y a los jubilados.
Consecuencias y panorama futuro
La dolarización de productos de primera necesidad, como el gas para cocinar, augura un futuro de mayor desigualdad y exclusión social en Cuba. Mientras las remesas y el acceso a divisas determinen quién puede comer alimentos cocinados y quién debe recurrir a métodos primitivos, la fractura social se profundizará. El éxodo migratorio masivo, que ha visto salir a cientos de miles de cubanos en los últimos años, encuentra en estas cotidianidades indignantes su principal motor, ante la imposibilidad de proyectar una vida digna bajo el actual modelo.
La comunidad internacional y las organizaciones de derechos humanos continúan documentando cómo la falta de libertades económicas y políticas en la isla se traduce en violaciones sistemáticas a los derechos básicos. La incapacidad del gobierno cubano para proveer servicios esenciales, sumada a la represión contra quienes protestan por estas condiciones, configura un escenario de crisis humanitaria silenciada. La venta de gas por 30 dólares en Santa Clara no es más que la punta del iceberg de un sistema que ha fracasado en su obligación de garantizar la supervivencia y el bienestar de su pueblo.
