La refinería Hermanos Díaz, en Santiago de Cuba, concluyó una nueva prueba de procesamiento de petróleo nacional con la obtención de 12.000 toneladas de derivados. El anuncio llega en medio de una profunda crisis eléctrica que mantiene a la isla con apagones prolongados y un déficit de generación que alcanza el 64% de la demanda total.
Las autoridades de la isla celebraron este viernes la tercera corrida de procesamiento de crudo cubano realizada este año en la instalación santiaguera. Según el diario oficial Granma, la operación resultó en la producción de aproximadamente 2.000 toneladas de nafta y 10.000 toneladas de fuel oil. El ejecutivo cubano ha intentado presentar estos resultados como una prueba de que el país puede incrementar su disponibilidad de combustibles aprovechando recursos propios, en un esfuerzo por maquillar la aguda escasez que paraliza al país.
Sin embargo, el volumen obtenido resulta insuficiente frente a las inmensas necesidades energéticas de la nación. La directora general de la refinería, Irene Barbado Lucio, reconoció que la experiencia sirvió para perfeccionar el procesamiento de un petróleo con características particularmente complejas. El crudo nacional presenta una elevada viscosidad, acidez y concentración de azufre, condiciones técnicas que dificultan tanto su descarga como su refinación. \»No se trata solo de cantidades, sino de consolidar una metodología que responda a las exigencias de nuestra materia prima\», argumentó Barbado Lucio, intentando desviar la atención de la escasa producción lograda.
La prensa oficialista ha calificado estas cifras como \»alentadoras\», llegando al extremo de describir a la refinería, con más de medio siglo de historia, como un \»bastión de la resistencia creativa\» y un paso hacia una supuesta \»mayor autonomía energética\». Este discurso contrasta de forma abrupta con la realidad que viven los cubanos a diario, donde la falta de combustible no solo afecta el transporte público y privado, sino que es el principal catalizador del colapso del Sistema Electroenergético Nacional (SEN).
La celebración institucional ocurre exactamente en el momento en que el sistema energético cubano atraviesa uno de sus peores momentos históricos. En su reporte más reciente, la estatal Unión Eléctrica informó que ocho unidades termoeléctricas permanecen fuera de servicio. La previsión para el horario de mayor demanda situó la necesidad nacional en unos 3.200 megavatios (MW), pero calculó una afectación de 2.055 MW. Esto significa que el déficit representa alrededor del 64% de la generación requerida, dejando a grandes sectores de la población sin servicio eléctrico durante gran parte del día y la noche.
Un sistema energético al borde del colapso total
Los apagones prolongados no son un fenómeno nuevo, sino la consecuencia de décadas de mala gestión, falta de mantenimiento e ineficiencia por parte del gobierno cubano. Aunque el régimen de La Habana insiste en atribuir la crisis a las sanciones económicas del gobierno de Estados Unidos, las propias autoridades han tenido que admitir problemas estructurales graves. El deterioro irreversible de las termoeléctricas, la frecuencia de averías y la incapacidad logística y financiera para ejecutar labores de mantenimiento preventivo o adquirir piezas de repuesto evidencian un fallo sistémico que trasciende cualquier política exterior.
Históricamente, Cuba ha dependido de acuerdos preferenciales, como el pacto con Venezuela para el suministro de petróleo a cambio de servicios médicos, para mantener a flote su frágil infraestructura. Con la crisis interna que atraviesa el aliado bolivariano, los envíos de combustible se han reducido drásticamente, exponiendo la vulnerabilidad del modelo económico cubano. La apuesta actual por el crudo nacional, extraído de yacimientos de baja calidad y alto costo de procesamiento, es más un síntoma de desesperación que una solución estratégica viable a corto o mediano plazo.
Impacto social y económico de la crisis estructural
La falta de energía eléctrica y de combustible actúa como un multiplicador de la crisis económica generalizada que sufre la isla. Los apagones afectan directamente la conservación de alimentos en los hogares, paralizan la ya mermada actividad productiva y comercial, e interrumpen servicios públicos esenciales como el bombeo y suministro de agua, así como la atención en centros de salud. Esta precariedad extrema ha sido uno de los principales motores del éxodo migratorio sin precedentes que ha visto Cuba en los últimos años, con cientos de miles de ciudadanos abandonando el país ante la falta de perspectivas de mejora.
Además del colapso energético, la población debe lidiar con una inflación galopante que ha destruido el poder adquisitivo de los salarios y una escasez crónica de productos de primera necesidad. En este contexto de descontento social creciente, la dictadura cubana ha optado por aumentar la vigilancia y la represión contra cualquier manifestación de protesta. La censura, las detenciones arbitrarias y el acoso a opositores, periodistas independientes y activistas de derechos humanos se mantienen como la principal herramienta del Estado para impedir que la frustración ciudadana se traduzca en movilizaciones masivas, como ocurrió durante las protestas del 11 de julio de 2021.
Perspectivas futuras y respuestas
La pretensión de las autoridades de presentar el procesamiento de 12.000 toneladas de crudo de baja calidad como un hito de \»resistencia creativa\» revela el grado de desconexión entre la narrativa oficial y la realidad material que padecen los cubanos. Mientras la infraestructura energética continúe deteriorándose sin una inversión capital real y sin una apertura que permita la participación del sector privado en la generación y distribución de energía, el déficit seguirá creciendo de manera exponencial.
De cara al futuro, la situación apunta a un agravamiento de las condiciones de vida en la isla, con apagones que podrían extenderse en duración y frecuencia, profundizando el deterioro de la economía nacional. La comunidad internacional y las organizaciones de derechos humanos mantienen su preocupación por el impacto de estas políticas en la población civil. La verdadera autonomía energética y la superación de la crisis no dependerán de pruebas aisladas en refinerías obsoletas, sino de un cambio fundamental en el modelo de gestión del régimen, algo que, hasta ahora, el gobierno cubano se ha negado sistemáticamente a abordar.
