La crisis estructural que atraviesa Cuba ha derivado en la privatización de facto de los servicios públicos esenciales. Ante la inoperancia del régimen de La Habana para garantizar el suministro de agua, electricidad, telecomunicaciones y atención médica, los ciudadanos se ven obligados a recurrir a un extenso mercado negro y a redes de corrupción dentro de las propias empresas estatales, pagando precios exorbitantes en pesos cubanos y dólares para acceder a derechos fundamentales.
El desabastecimiento hídrico en la capital ilustra la magnitud del abandono institucional. En municipios periféricos como Cotorro, Habana del Este, Guanabacoa y La Lisa, donde el líquido no llega por las tuberías desde hace meses, los residentes se han visto forzados a organizar colectas para comprar el contenido de una pipa de agua potable. El costo de este servicio, proporcionado de manera clandestina, oscila entre 10 mil y 30 mil pesos, una cifra que puede incrementarse aún más en las zonas más alejadas. Mientras las autoridades de la isla justifican la carencia por falta de recursos, continúan priorizando la construcción de conductoras para el sector turístico y empresas extranjeras, dejando a la población en un estado de indefensión y normalizando la indiferencia gubernamental.
El déficit energético ha generado un fenómeno similar de corrupción sistémica. En barrios de San Miguel del Padrón, 10 de Octubre, Arroyo Naranjo, Playa y Plaza, ha proliferado la venta ilegal de electricidad por parte de trabajadores de la Empresa Eléctrica. Mediante el uso de extensiones conectadas a los postes y cableados de las «zonas priorizadas» o «circuitos no apagables», estos funcionarios llevan el servicio a viviendas y negocios situados en circuitos afectados por los apagones. A cambio, los beneficiarios deben desembolsar entre 10 mil y 20 mil pesos mensuales, negociando directamente con los empleados estatales para evadir los cortes de luz que padecen el resto de los ciudadanos.
El control estatal sobre las telecomunicaciones también ha dado paso a un lucrativo mercado paralelo. Trabajadores de ETECSA comercializan a diario paquetes de voz y datos por debajo del precio oficial y fuera de los límites promocionales. Las transacciones, que se realizan literalmente «por debajo de la mesa» en las oficinas, incluyen el acceso a internet 24/7 por 20 dólares, evitando las restricciones de tiempo y las esperas nocturnas. Además, se vende saldo telefónico con sobreprecios que van de 800 a 900 pesos por 360 de saldo, líneas extras por entre 100 y 300 dólares, conexiones Nauta Hogar por 50 a 200 dólares, y servicios de cable por hasta 200 dólares mensuales.
La mercantilización de la salud y la supervivencia
El sistema nacional de Salud Pública, otrora presentado como un baluarte del modelo, cuenta desde hace décadas con una «tablilla de precios clandestina» que se ha normalizado y profundizado tras la pandemia de Covid-19. El pago en dinero o especie a médicos, enfermeros y técnicos es un secreto a voces para obtener una atención que teóricamente es gratuita. Omitir el «regalito» previo a una consulta o ingreso supone el riesgo de no ser debidamente diagnosticado o atendido, prolongando las esperas por intervenciones quirúrgicas o procedimientos básicos.
Cada procedimiento médico en la isla tiene un costo paralelo, preferiblemente en dólares. Desde una sutura hasta una cesárea, quimioterapia o rehabilitación física, los precios oscilan entre 50 y 1.000 dólares, dependiendo de la urgencia y la solvencia del paciente. La «voluntad de servicio» se ha transformado en un negocio donde pagar se convierte en la única garantía para acceder a la salud, o incluso para asegurar una muerte digna en un sistema donde ambos extremos se han vuelto lujos inalcanzables para la mayoría.
La corrupción se extiende a las farmacias, donde los ciudadanos deben pagar «salvavidas» de no menos de 500 pesos a los dependientes para ser avisados sobre la disponibilidad de medicamentos o para asegurar un turno en la cola. La venta ilegal de fármacos por encima del tarjetón, o sin él, alcanza los 2.000 pesos por medicamento. A esto se suma la compra de la libreta de abastecimiento en la Oficoda por unos 5.000 pesos, un trámite necesario más para acceder al gas licuado, cuyo precio en el mercado negro ha escalado a 30.000 pesos la balita de 25 libras.
El costo de los combustibles y la alimentación básica completa el panorama de asfixia económica. El litro de gasolina en el mercado informal fluctúa entre 4.000 y 7.000 pesos, según la región, mientras que un saco de carbón supera los 2.000 pesos. En el ámbito de la alimentación callejera, un simple pan con croqueta de harina pura frita en aceite requemado no baja de los 200 pesos, superando el costo de un refresco, que se ubica entre 250 y 300 pesos, equiparable al precio de una lata de cerveza.
Contexto: La crisis estructural y el bloqueo interno
Esta radiografía de la economía sumergida es la consecuencia directa de la crisis estructural que padece la isla. La inflación galopante, la devaluación del peso cubano y los salarios de hambre que perciben los trabajadores estatales han obligado a la población, e incluso a los funcionarios de base, a lucrar con las necesidades ajenas como único mecanismo de supervivencia. El gobierno cubano ha perdido el control de la distribución y la provisión de servicios, delegando de facto la responsabilidad en redes de corrupción que se nutren del desespero ciudadano.
Los antecedentes de este debacle se remontan a la crisis de los años 90, pero se han agravado de manera exponencial tras el fracaso de la llamada «Tarea Ordenamiento» en 2021. La eliminación del doble circulante monetario sin respaldo productivo disparó los precios y destruyó el poder adquisitivo. La pandemia aceleró el colapso del turismo, principal fuente de ingresos del régimen, evidenciando la fragilidad de un modelo económico centralizado e ineficiente que prioriza el control político sobre el desarrollo nacional.
Ante este escenario, la dictadura cubana mantiene un discurso oficial de «orden de combate» y resistencia, mientras que en la práctica opera la consigna del «sálvese el que pueda». La represión social y la persecución política se reservan para quienes critican abiertamente el sistema o intentan organizarse de forma independiente, mientras que la corrupción menor necesaria para la supervivencia es tolerada o ignorada por las altas instancias. Esta doble moral institucionalizada es la manifestación más clara del bloqueo interno: un sistema de disposiciones legales y controles que ahogan la iniciativa privada y benefician únicamente a la cúpula del poder.
Las implicaciones de este colapso de los servicios básicos apuntan a un deterioro irreversible de la calidad de vida en Cuba, que actúa como el principal motor del éxodo migratorio sin precedentes que vive la isla. La incapacidad del ejecutivo cubano para revertir la caída en picada de la economía, y su negativa a implementar reformas estructurales que incluyan libertades económicas y políticas, augura un impacto inminente y destructivo sobre la sociedad. La comunidad internacional observa cómo un país que otrora se jactó de su seguridad social se desmorona bajo el peso de su propia ineficiencia y autoritarismo, dejando a millones de ciudadanos a la deriva en un sistema donde incluso el derecho a la vida tiene un precio en el mercado negro.
