La Fiscalía del régimen de La Habana ha solicitado condenas de hasta 13 años de cárcel contra tres mujeres vinculadas a la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) por su participación en una protesta pacífica contra los apagones ocurrida en noviembre de 2024 en Palmarito de Cauto, provincia de Santiago de Cuba. Las acusadas enfrentan cargos de desórdenes públicos y daños, en medio de una creciente criminalización de la disidencia social en la isla.
Las requeridas son Mileidis Maceo Quiñones, a quien la Fiscalía pide 13 años de privación de libertad; Edilkis León Giraudis, con una solicitud de ocho años; y Oneida Quiñones, quien enfrenta una petición de cinco años. Maceo y León permanecen encarceladas desde el pasado 4 de diciembre en la prisión de mujeres de Santiago de Cuba, tras haber pasado 19 días en los calabozos de la unidad policial del municipio de Mella. Por su parte, Quiñones, quien presenta una discapacidad física, cumple prisión domiciliaria. Las autoridades judiciales han rechazado en dos ocasiones consecutivas las peticiones de los abogados defensores para que las acusadas aguarden el juicio en sus hogares.
La manifestación que motivó el proceso penal tuvo lugar el 15 de noviembre de 2024, cuando decenas de residentes salieron a las calles golpeando calderos para exigir el restablecimiento del servicio eléctrico tras prolongados cortes de energía. La represión no se hizo esperar; agentes de la Policía Nacional Revolucionaria y miembros de las Brigadas de Respuesta Rápida se desplegaron para sofocar el reclamo ciudadano mediante insultos y agresiones verbales. Durante los incidentes derivados de la represión policial, algunos manifestantes lanzaron piedras, una de las cuales impactó contra una patrulla. Un cuarto implicado, Rafael Borrero Torres, fue liberado de todos los cargos al comprobarse que era menor de edad al momento de los hechos.
Criminalización de la protesta social
El caso de estas tres integrantes de UNPACU ilustra una práctica sistemática de la dictadura cubana: el uso del aparato judicial para silenciar el descontento social. Ante la incapacidad del gobierno cubano para garantizar servicios básicos como el suministro eléctrico, el régimen ha optado por judicializar la indignación popular. Figuras penales como \»desórdenes públicos\» se aplican de manera arbitraria para castigar a quienes se atreven a exigir mejoras en las condiciones de vida, en un contexto marcado por la inflación, el desabastecimiento crónico y un éxodo migratorio sin precedentes.
Esta solicitud de condenas se suma a otros procesos judiciales recientes impulsados contra ciudadanos que han participado en protestas sociales en distintas provincias, como el encarcelamiento del adolescente Jonathan Muir tras las manifestaciones en Morón, Ciego de Ávila. La respuesta de las autoridades de la isla frente a la crisis estructural consolida un escenario de represión sostenida, enviando un mensaje disuasivo a la población civil. La comunidad internacional y las organizaciones de derechos humanos continúan monitoreando estos abusos, aunque la impunidad del ejecutivo cubano persiste ante la falta de mecanismos democráticos que protejan a la ciudadanía de la arbitrariedad estatal.
