Las autoridades penitenciarias de la isla revocaron este martes el régimen de mínima severidad del preso político Yasmany González Valdés, conocido como \»El Libre\», y lo devolvieron a la prisión del Combinado del Este. La medida represiva se produjo días después de que el activista publicara imágenes en redes sociales evidenciando el severo deterioro físico sufrido durante su encarcelamiento.
Según denunció el Observatorio de Derechos Culturales, la decisión de las autoridades de La Habana de enviar al activista de vuelta a la Compañía 2 del mencionado penal responde directamente a una publicación realizada el 4 de mayo en el muro de Facebook de su pareja, Ilsa Ramos. En la publicación, González Valdés compartió un collage de fotografías que contrastaba su apariencia física antes y después de su reclusión, acompañado del texto: \»Mi primer pase después de tres largos años con una sanción de cuatro\». En el mensaje, el opositor aclaró que no se encontraba en libertad, sino bajo el mencionado régimen de mínima severidad.
Antes de ser sometido a esta nueva arbitrariedad, González Valdés había advertido sobre posibles represalias por parte del régimen. \»Si me revocan por esta publicación, verán más evidente la represión sobre aquel que dice la verdad\», manifestó, solicitando a la comunidad internacional que monitoree su caso y el de otros reclusos que sufren violaciones físicas y psicológicas por oponerse al sistema político. El activista fue arrestado en abril de 2023 y condenado a cuatro años de prisión por el delito de \»propaganda contra el orden constitucional\», tras pasar por Villa Marista, el cuartel general de la Seguridad del Estado, según recoge el informe anual de 2023 de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH.
Patrón de represión sistemática
La revocación del beneficio penitenciario para \»El Libre\» no es un hecho aislado, sino que se enmarca en una escalada represiva más amplia de la dictadura cubana contra los activistas que participaron en las protestas del 11J de 2021. En la última semana, el régimen también devolvió a la prisión a Yoan de la Cruz, el joven que transmitió las imágenes de la protesta inicial en San Antonio de los Baños que desencadenó el estallido social. Este mismo patrón punitivo se ha repetido recientemente en los casos de los presos políticos Donaida Pérez, Félix Navarro, Jaime Alcide Firdó y Denis Hernández Ramírez, evidenciando una estrategia de castigo continuo y amedrentamiento hacia la disidencia.
El retorno de González Valdés a uno de los penales más críticos de la isla agrava la crisis de derechos humanos que enfrenta el país, donde el encarcelamiento por motivos políticos y la negación de la libertad de expresión son constantes. Estas acciones del gobierno cubano representan un nuevo desafío a la comunidad internacional y a los organismos defensores de los derechos humanos, quienes deberán intensificar su escrutinio sobre el sistema penal de la isla. Mientras tanto, los opositores y sus familias continúan soportando las consecuencias de un aparato estatal que penaliza cualquier intento de denuncia sobre las condiciones inhumanas del sistema carcelario.
