La profunda crisis del sector turístico en Cuba y el impago de 316 millones de euros a empresas españolas han encendido las alarmas sobre la continuidad de cadenas hoteleras como Meliá en la isla. Mientras el régimen de La Habana promueve un turismo nacional sin capacidad de consumo, la falta de liquidez y el desplome de la llegada de extranjeros amenazan con acelerar el éxodo de inversores extranjeros.
La reciente salida de la compañía canadiense Sherritt del sector minero en Cuba ha evidenciado la fragilidad de las inversiones extranjeras en la isla. Esta retirada, motivada por el deterioro productivo y las presiones internacionales, ha generado un clima de incertidumbre en los despachos de Madrid, donde se evalúa el futuro de la presencia hotelera española. Durante décadas, el gobierno cubano ha promocionado el turismo como su principal locomotora económica, atrayendo capital extranjero para construir infraestructuras gestionadas en gran parte por la corporación militar GAESA. Sin embargo, tres décadas después de aquellos planes iniciales, el sector atraviesa uno de sus peores momentos.
La temporada alta turística ha arrojado cifras desalentadoras que contrastan abiertamente con el repunte experimentado por otros destinos del Caribe como República Dominicana, Cancún o Costa Rica. A pesar de las multimillonarias inversiones del ejecutivo cubano en nuevas instalaciones hoteleras, la llegada de viajeros internacionales no muestra signos de recuperación. Ante este escenario, las autoridades de la isla han anunciado iniciativas para fomentar el turismo interno, una medida que resulta inviable dada la profunda crisis económica y la pérdida de poder adquisitivo de la población, la cual apenas puede cubrir sus necesidades básicas.
Deudas millonarias y desamparo empresarial
A la crisis de demanda se suma el bloqueo financiero del régimen de La Habana, que acumula una deuda de 316 millones de euros con cerca de 200 empresas españolas. Esta falta de pago ha llevado a la creación de una plataforma de empresas afectadas, en su mayoría originarias de Cataluña y el País Vasco, que exigen medidas urgentes. Recientemente, el Senado de España rechazó una moción que instaba al gobierno de Pedro Sánchez a facilitar la liquidación de los importes pendientes por parte de las empresas públicas cubanas. La abstención del Partido Socialista provocó el fracaso de la iniciativa, dejando en una posición de vulnerabilidad a los inversores que operan bajo las reglas impuestas por la dictadura cubana.
La situación de Meliá y otras cadenas hoteleras es un reflejo del colapso sistémico que atraviesa la isla. La falta de liquidez, la hiperinflación y el desabastecimiento crónico son síntomas de un modelo económico centralizado y agotado, donde las decisiones arbitrarias del poder sin control democrático ahuyentan la confianza inversionista. Si las empresas extranjeras deciden levantar sus operaciones, el impacto será devastador para una economía que depende casi en exclusiva del flujo de divisas foráneas. El futuro inmediato apunta a un agravamiento de la crisis, con un régimen incapaz de honrar sus compromisos financieros y una comunidad internacional que observa cómo el deterioro de las condiciones en Cuba hace insostenible cualquier proyecto de inversión a largo plazo.
