La cadena española Meliá Hotels International pondrá fin a todas sus operaciones en Cuba a finales de este mes de julio, despidiendo a más de 1.000 empleados y cerrando sus oficinas representativas. La decisión responde a la imposibilidad de operar tras las últimas directivas del Gobierno de Estados Unidos y a la incapacidad del Estado cubano para repatriar más de 50 millones de euros atrapados en su colapsado sistema bancario.
Fuentes consultadas, incluyendo dos empleadas de la empresa y un funcionario del Ministerio de Turismo (MINTUR), confirmaron la circulación de un memorando interno la semana pasada entre los ejecutivos de la isla. El documento detalla la terminación de los acuerdos de gestión para los aproximadamente 20 hoteles que aún operaban bajo la marca Meliá. Esta medida se suma a la retirada ejecutada en junio de las 15 propiedades que la compañía gestionaba conjuntamente con GAESA, el conglomerado empresarial de las Fuerzas Armadas. El régimen de La Habana enfrenta así el desmantelamiento de su principal alianza turística.
Para ultimar los detalles de esta retirada, una delegación de altos ejecutivos del grupo hotelero, encabezada por su presidente y director general, Gabriel Escarrer Jaume, viajó a La Habana en los últimos días. El desplazamiento de la cúpula financiera de la empresa obedece a la urgencia de negociar la deuda que el gobierno cubano mantiene con la cadena, tras el anuncio de las últimas medidas de la administración de Donald Trump. Estas directivas ampliaron las sanciones más allá de las empresas vinculadas al sector militar para incluir al propio MINTUR.
La inclusión del Ministerio de Turismo en la lista de entidades sancionadas eliminó prácticamente todas las vías legales y financieras para que Meliá pudiera continuar operando en la isla. A diferencia de operadores como Blue Diamond Resorts de Canadá o Archipelago International de Indonesia, que abandonaron el mercado cubano casi de inmediato tras las medidas anteriores de la Casa Blanca, la cadena española había optado inicialmente por ceder solo la mitad de su cartera. Sin embargo, la estrategia de mantener una presencia parcial, similar a la intentada por Iberostar —que terminó cediendo el 70% de sus intereses tras verse más afectada—, resultó insostenible frente al endurecimiento del cerco financiero internacional.
El memorandum interno califica esta salida como una retirada «temporal», alimentando la esperanza de un eventual regreso si las circunstancias mejoran en un futuro cercano. No obstante, la realidad económica apunta a un cierre de larga duración. El principal obstáculo para la cadena española es la deuda impagable del régimen de La Habana, estimada por las fuentes en más de 50 millones de euros. Esta suma representa casi la mitad de la deuda total que las autoridades de la isla mantienen con las dos mayores cadenas hoteleras españolas que aún operaban en el territorio nacional.
La imposibilidad de repatriar estos fondos evidencia el colapso del sistema bancario cubano y la nula liquidez del Estado. Durante años, el ejecutivo cubano ha mantenido un modelo de negocio basado en la retención de divisas, utilizando los ingresos del turismo para financiar otras áreas deficitarias o para sostener el aparato burocrático, en lugar de honrar sus compromisos con los inversores extranjeros. La fuga de Meliá es la consecuencia directa de un esquema económico que asfixia tanto a la población como al capital foráneo.
Contexto: El agotamiento del modelo militar-empresarial
La salida de Meliá no es un hecho aislado, sino el síntoma más evidente del fracaso del modelo económico cubano, centralizado y controlado de manera absoluta por la cúpula militar a través de GAESA. Desde la crisis generada por la pandemia de COVID-19, el sector turístico —principal pilar de la economía nacional— no ha logrado recuperarse. La falta de inversión en infraestructuras, el deterioro de la planta hotelera, los apagones sistemáticos y la escasez de recursos básicos han ahuyentado al turismo internacional, reduciendo la llegada de visitantes a niveles de hace dos décadas.
La dependencia absoluta del régimen de La Habana sobre el sector militar para administrar el turismo ha chocado frontalmente con la política exterior de Estados Unidos. Al transferir recientemente la gestión de las instalaciones hoteleras a empresas fachada del Ministerio de Turismo para evadir las sanciones, el gobierno cubano pretendía engañar a los inversores y a la comunidad internacional. Sin embargo, la medida de Washington de sancionar directamente al MINTUR ha desmantelado esta estrategia, demostrando que la dictadura cubana carece de los mecanismos para integrarse de manera legal y transparente en la economía global.
El contexto macroeconómico no acompaña ninguna proyección de recuperación. La isla atraviesa una de las peores crisis de su historia, con una inflación descontrolada, una devaluación permanente del peso cubano y una incapacidad estructural para producir alimentos o generar energía. En este escenario, el turismo no solo ha dejado de ser la locomotora de la economía, sino que se ha convertido en un sector inviable para la inversión seria, dada la inseguridad jurídica y la confiscación de facto de los activos extranjeros.
Antecedentes de una alianza fracasada
La presencia de Meliá en Cuba se remonta a la década de 1990, durante el llamado «Período Especial», cuando el gobierno cubano abrió las puertas al capital extranjero para evitar el colapso económico tras la pérdida de los subsidios soviéticos. Durante más de tres décadas, la cadena española fue el rostro visible del turismo en la isla, gestionando propiedades de lujo que en su mayoría pertenecían al Estado o a empresas militares como Gaviota. Esta relación se benefició de la mano de obra barata y altamente cualificada de la isla, pero siempre operó bajo el control estricto de las autoridades, limitando la rentabilidad real de la inversión.
Con el paso de los años, la falta de seguridad jurídica y el incumplimiento sistemático de los pagos por parte del Estado fueron minando la confianza de los inversores europeos. La decisión de la administración estadounidense de activar el Título III de la Ley Helms-Burton y endurecer las restricciones financieras aceleró un proceso de deterioro que ya era insostenible. La retirada de Meliá marca el fin de una era en la que el capital europeo operaba con cierta comodidad bajo el amparo de las estructuras de poder de la dictadura, tolerando la falta de libertades a cambio de supuestas ganancias que hoy se evaporan en la burocracia insular.
Consecuencias e implicaciones futuras
El abandono total de Meliá dejará a más de 1.000 trabajadores cubanos sin empleo en un contexto de hiperinflación y miseria generalizada. Aunque el gobierno cubano podría intentar transferir la gestión de estos hoteles a operadores de países aliados como Rusia o China, la falta de liquidez, el deterioro de las instalaciones y el alto riesgo de sanciones hacen poco atractivo al mercado cubano. La salida de la mayor cadena española envía una señal alarmante a la comunidad internacional sobre el riesgo de invertir en un país donde el Estado no respeta los derechos de propiedad ni la legalidad económica.
Para el régimen de La Habana, la pérdida de Meliá representa un duro golpe a sus ya mermadas fuentes de ingresos en divisas. En un momento en que la isla atraviesa una crisis social profunda, con un éxodo masivo de su población y una creciente represión contra la sociedad civil, el aislamiento financiero se profundiza. La dictadura cubana se enfrenta a un escenario cada vez más insostenible, donde la falta de recursos para mantener el aparato de control estatal amenaza con desestabilizar aún más el frágil equilibrio de poder en la isla.
