Transcurrido un año y ocho meses desde que la Asamblea Nacional del Poder Popular aprobara la nueva Ley de Salud Pública, el régimen de La Habana mantiene el texto inédito en la Gaceta Oficial, retrasando su entrada en vigor. La normativa, que introduce el derecho a una «muerte digna» o eutanasia, genera un profundo debate ético y médico en una isla donde el sistema sanitario carece de medicamentos básicos, como antibióticos y analgésicos, para garantizar la supervivencia y el alivio del dolor de los pacientes.
La aprobación de esta ley en diciembre de 2023 formó parte de un paquete de actualizaciones legislativas derivadas de la proclamación de la Constitución de 2019. Sin embargo, la opacidad governamental ha marcado el proceso. La abogada Laritza Diversent, directora del Centro de Información Legal Cubalex, ha señalado que el aplazamiento en la publicación de leyes en la Gaceta Oficial es un patrón recurrente en el aparato burocrático cubano, citando como precedente la Ley de Comunicación, que tardó más de un año en publicarse tras su aprobación. La experta advierte además sobre el riesgo de que el texto final difiera del anteproyecto conocido, debido a la nula transparencia en estos procesos por parte de las autoridades de la isla.
Uno de los aspectos más controvertidos de la nueva legislación es la inclusión del derecho a una «muerte digna», un eufemismo jurídico para referirse a la eutanasia. Aunque el término exacto no aparece en el documento, la frase se menciona en tres ocasiones. El artículo 16.1, inciso r, lo enumera entre los derechos de los ciudadanos, mientras que el artículo 159 regula las «determinaciones para el final de la vida». Este último reconoce el derecho de las personas a acceder a procedimientos que finalicen la vida en casos de enfermedades crónicas degenerativas e irreversibles, sufrimiento intratable o fases terminales.
De materializarse, Cuba se convertiría en el segundo país de América Latina y el Caribe, después de Colombia, en aceptar la eutanasia para pacientes en situación terminal y de agonía. No obstante, la norma establece que corresponde al Ministerio de Salud Pública (MINSAP) organizar estas prestaciones y aprobar los protocolos correspondientes, condicionando su aplicación a que «estén creadas las condiciones» en el país. Una premisa que, a la luz de la actual crisis estructural, resulta profundamente cuestionable para los profesionales del sector.
División y riesgos legales en el gremio médico
Dentro de la comunidad médica cubana, la introducción de la eutanasia ha generado posiciones encontradas y una marcada falta de consenso. Profesionales de seis centros de salud de la capital, que ofrecieron sus testimonios bajo condición de anonimato por miedo a represalias, detallan cómo los debates internos en sus instituciones han sido tensos. Una parte significativa de los especialistas se manifiesta en contra de aplicar la eutanasia, argumentando que contradice sus principios fundamentales y el Juramento Hipocrático, el cual establece que los médicos no deben administrar fármacos mortales.
Por el contrario, otros profesionales abogan por la medida como un acto de piedad. Un exdirector de un hospital en La Habana sostuvo que la eutanasia es una forma de aliviar a pacientes oncológicos en fase terminal, con metástasis y a los que la morfina ya no alivia, para quienes cada día representa una tortura. En la misma línea, una enfermera intensivista consideró que respetar el deseo de morir de personas con plenas capacidades psicológicas es una muestra de empatía y humanidad, siempre y cuando existan las herramientas para garantizar una muerte verdaderamente digna.
Sin embargo, la implementación de esta ley plantea un severo dilema legal para el personal sanitario. Aunque la Constitución de 2019 reconoce la «objeción de conciencia» en su artículo 54, la dictadura cubana limita este derecho al establecer que no puede invocarse para evadir el cumplimiento de la ley. Expertos consultados advierten que negarse a aplicar un procedimiento de eutanasia podría ser tipificado como «negligencia en el cumplimiento de sus deberes» según el artículo 44 del Código Penal. Esto expondría a los médicos a procesamientos judiciales, con sanciones que van desde la prohibición del ejercicio profesional hasta condenas de entre uno y cinco años de prisión.
El colapso del sistema sanitario y la crisis estructural
La mayor contradicción de esta nueva legislación se evidencia al contrastar sus aspiraciones con la cruda realidad del sistema de salud cubano. Como señalaron varios galenos, la aplicación de la eutanasia requiere medicamentos específicos, pero la isla atraviesa una escasez crítica de fármacos básicos. La paradoja es brutal: si los hospitales carecen de antibióticos para combatir infecciones y salvar vidas, resulta inverosímil que el gobierno cubano pueda garantizar los medicamentos para la muerte asistida. Reportajes recientes han documentado cómo pacientes fallecen en salas de urgencia por la falta de herramientas esenciales para tratarlos.
Este vacío farmacológico está profundamente vinculado a la crisis estructural que sufre el país. La economía cubana, asfixiada por la ineficiencia estatal, la inflación descontrolada y la falta de divisas, ha provocado el desabastecimiento sistemático de los almacenes de medicamentos. Incluso los cuidados paliativos, la opción más básica para el final de la vida, son inalcanzables. Médicos denuncian que no hay morfina para aliviar el dolor y que acceder a la poca disponible requiere superar un exceso de burocracia hospitalaria. En este contexto, hablar de protocolos de eutanasia suena a una ficción legislativa desconectada de la realidad.
El éxodo migratorio masivo, que ha incluido a miles de profesionales de la salud, ha agravado aún más la situación, dejando al sistema sanitario sin el personal suficiente para atender las emergencias cotidianas, mucho menos para implementar nuevos y complejos protocolos éticos. La infraestructura hospitalaria, marcada por el deterioro físico, los apagones y la falta de higiene, contrasta con la retórica oficial que insiste en presentar a Cuba como una potencia médica. Para los ciudadanos de a pie, la atención médica se ha convertido en un privilegio al que solo se accede mediante el mercado negro o remesas del exterior.
Una imposición desde el poder
Los profesionales de la salud coinciden en que la introducción de la eutanasia en la isla no respondió a un reclamo popular ni a una demanda del gremio médico, sino que fue un proceso unidireccional proyectado desde el poder. Esta dinámica es característica de la dictadura cubana, que suele legislar sobre la vida privada y la salud de los ciudadanos sin un debate público genuino ni consultas vinculantes.
La reflexión final de uno de los galenos entrevistados resume el sentimiento de impotencia ante la medida: en Cuba no hay garantías de una vida digna, por lo que resulta cínico hablar de una muerte digna. La falta de libertades, la pobreza extrema y la represión social configuran un panorama donde el Estado falla en su deber más elemental de proveer bienestar.
De cara al futuro, la eventual entrada en vigor de esta ley planteará serias implicaciones políticas y sociales. La comunidad internacional y las organizaciones de derechos humanos deberán vigilar de cerca cómo el ejecutivo cubano maneja esta normativa, evitando que se convierta en una herramienta de eugenesia encubierta o en una vía para acelerar la muerte ante la imposibilidad material del Estado para ofrecer tratamientos. La verdadera prueba de la voluntad gubernamental no estará en regular el final de la vida, sino en dotar al sistema de salud de los recursos mínimos para defenderla y dignificarla mientras sea posible.
