Héctor Castro Santana, nieto de Ramón Castro y sobrino-nieto de Fidel y Raúl Castro, figura como administrador mancomunado de dos sociedades españolas creadas por la petrolera australiana Melbana Energy Limited, encargada de la extracción y futura exportación de crudo en el Bloque 9 de Matanzas, Cuba. El hallazgo, verificado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil de España (BORME), evidencia cómo el régimen de La Habana asegura posiciones de poder y beneficios económicos en operaciones estratégicas de extracción de recursos mientras la isla se hunde en la miseria energética.
La vinculación del heredero de la familia Castro con el sector energético fue expuesta por la investigadora Salomé García en el blog Iconoclasias. Según los registros oficiales españoles publicados en junio de 2024, Castro Santana comparte la administración mancomunada de MAY Energía España SL y MAY Operaciones España SL con Gerard Purcell Andrew, directivo de la firma australiana. Ambas compañías, domiciliadas en Madrid desde abril de 2024, tienen como objeto social el desarrollo de actividades extractivas y comerciales referidas al petróleo y otros hidrocarburos, tanto en territorio ibérico como en el extranjero.
La creación de estas filiales europeas responde a los planes de Melbana Energy para consolidar su operación en Cuba como un negocio de exportación internacional. La petrolera, que retiene el 30% del contrato de producción compartida del Bloque 9 en Matanzas —mientras el 70% restante pertenece a la estatal angoleña Sonangol—, ha asegurado contar con las aprobaciones necesarias del gobierno cubano para comercializar el crudo en mercados exteriores. El plan logístico contempla el traslado de la producción por carretera hacia las instalaciones de almacenamiento del puerto de Matanzas, con el objetivo de exportar el 100% de los hidrocarburos extraídos.
Nepotismo y opacidad en medio de la crisis energética
El nombramiento de un miembro de la nomenclatura castrista en la cúpula directiva de las filiales europeas de Melbana no es un hecho aislado, sino un reflejo del control ejercido por la dictadura cubana sobre los sectores estratégicos de la economía. Mientras el país sufre apagones prolongados, escasez de combustible y un colapso generalizado de los servicios públicos, las autoridades de la isla facilitan la inserción de familiares de la cúpula gobernante en negocios multimillonarios. Esta dinámica de nepotismo institucionalizado garantiza que las élites del poder se beneficien directamente de la extracción de los recursos nacionales, operando desde estructuras jurídicas en el extranjero que eluden el escrutinio público al que están sometidos los ciudadanos comunes.
De cara al futuro, la inminente exportación del crudo de Alameda-2, del cual Melbana ya reporta un inventario superior a 22.000 barriles en espera de un primer envío de prueba, plantea serias interrogantes sobre el destino de los ingresos. La comercialización internacional de estos hidrocarburos podría convertirse en una nueva vía de financiamiento para el ejecutivo cubano, sin que existan garantías de que estas divisas se destinen a aliviar la profunda crisis estructural que sufre la población. La comunidad internacional y los mercados europeos deberán evaluar las implicaciones de interactuar con redes empresariales que legitiman y enriquecen a la familia que ha monopolizado el poder en la isla durante más de seis décadas.
