El asesinato de Yurelis Puente Naranjo a manos de su expareja en la localidad de Juraguá, Cienfuegos, eleva a 22 la cifra de feminicidios verificados por organizaciones independientes en Cuba durante este año. El caso, ocurrido en la vivienda de la víctima, reabre el debate sobre la inacción institucional y la falta de protección estatal ante la violencia machista en la isla.
De acuerdo con el Observatorio de Género de la revista Alas Tensas (OGAT), Puente Naranjo, de 44 años, fue atacada dentro de su propio hogar. Tras cometer el crimen, el agresor se entregó a las autoridades de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR). La organización civil, que logró verificar la información a través de fuentes comunitarias, transmitió sus condolencias a la hija menor de la víctima y solicitó la colaboración ciudadana para recopilar más detalles sobre posibles antecedentes de violencia en la relación.
Este nuevo feminicidio evidencia la persistencia de la violencia extrema contra las mujeres en el país, particularmente en el ámbito doméstico. El registro actualizado del OGAT contabiliza además 17 intentos de feminicidio en lo que va de año, mientras se investigan 12 casos similares y cinco intentos alertados en el periodo anterior. Las activistas advierten sobre el impacto traumático de estos crímenes en menores y comunidades, agravado por la precariedad institucional, el silencio oficial y la ausencia de mecanismos eficaces de protección para las víctimas.
Una crisis de género minimizada por el Estado
Los datos históricos confirman una tendencia alarmante. En el informe anual reciente, el OGAT y el observatorio de feminicidios de YoSíTeCreo en Cuba documentaron 48 crímenes machistas, de los cuales el 93,8% fue perpetrado por personas conocidas por la víctima y el 62,5% ocurrió en viviendas. Por su parte, las estadísticas del estatal Observatorio de Cuba sobre Igualdad de Género —que solo considera casos atendidos por tribunales en el último año con cifras disponibles— registraron 76 asesinatos de mujeres por razones de género, dejando a 70 menores sin amparo materno. Sin embargo, las organizaciones independientes advierten que sus cifras son un subregistro, dado el hermetismo del régimen de La Habana respecto a las estadísticas públicas.
A pesar de la gravedad de los números, el gobierno cubano se mantiene rezagado en materia legislativa. El Código Penal vigente no reconoce el feminicidio como un delito autónomo, limitándose a hacer referencias genéricas a la violencia familiar y de género, sin establecer una figura penal específica ni garantías reales de reparación. Esta omisión por parte de la dictadura cubana no solo invisibiliza la magnitud de la crisis, sino que deja en total desamparo a las mujeres frente a un sistema que prioriza el control político sobre la seguridad y la vida de sus ciudadanas.
