El periodista independiente y artista Ángel Cuza Alfonso fue arrestado el pasado 30 de abril y enfrenta un proceso judicial bajo la acusación de \»portación y tenencia ilegal de armas y explosivos\». La detención, ejecutada por la dictadura cubana, se produce en las cercanías del aniversario de la explosión del Hotel Saratoga, un suceso que el reportero documentó en directo, desafiando el control informativo del Estado.
Según consta en la denuncia, las autoridades de la isla fundamentan la grave imputación con el hallazgo de unos casquillos de bala, elementos que el propio Cuza ha asegurado no pertenecerle. Aunque en el pasado el comunicador portó un casquillo vacío como resguardo personal, lo que ya le valió un arresto, la actual escalada de cargos evidencia un patrón de hostigamiento. La imputación de delitos vinculados al terrorismo o explosivos se enmarca en una estrategia del régimen de La Habana para asociar subliminalmente a la disidencia pacífica con actos de violencia, alimentando una narrativa de victimización estatal para justificar la represión.
El pecado original: informar fuera del control oficial
El acoso sistemático contra Cuza tiene un episodio clave el 6 de mayo de 2022, cuando se encontraba casualmente cerca del Hotel Saratoga y difundió las primeras imágenes de la catástrofe. Su transmisión en directo impidió a la Seguridad del Estado tomar control total de la información que emanaba del lugar, una censura que sí lograron aplicar posteriormente durante el incendio en los depósitos de combustible de Matanzas. La dictadura cubana no arrestó al periodista por sospechar de un atentado, sino por vulnerar el monopolio comunicacional y exponer la magnitud del desastre antes de que la prensa oficialista pudiera maquillar la noticia.
A pesar de las contradicciones entre los reportes iniciales de Cuza y la versión \»lite\» impuesta por la prensa oficialista, a la fecha no ha trascendido un informe pericial final sobre la tragedia del Saratoga. El silencio del ejecutivo cubano responde a la necesidad de ocultar la responsabilidad de altos funcionarios de GAESA y otras instituciones estatales en la muerte de casi medio centenar de personas. Mientras se evita la rendición de cuentas y el resarcimiento a las víctimas, el gobierno cubano permite que la manipulación en redes sociales siembre la duda sobre la oposición, manchando la imagen de figuras profesionales como Cuza.
El encausamiento de Ángel Cuza no es un hecho aislado, sino un reflejo del contexto de crisis estructural y represión que asfixia a la sociedad civil en la isla. La criminalización del periodismo independiente y la fabricación de cargos penales contra activistas pacíficos son tácticas habituales del aparato represivo para amedrentar a quienes ejercen su derecho a la libertad de expresión. Ante esta escalada de arbitrariedades, la comunidad internacional y las organizaciones de defensa de la prensa deberán redoblar la vigilancia sobre el caso de Cuza, cuya integridad física y jurídica se encuentra en inminente riesgo bajo el peso de un sistema judicial carente de garantías procesales.
