El preso político Roilán Álvarez Rensoler, recluido en la prisión de El Yayal en Holguín, ha sido amenazado de muerte por las autoridades penitenciarias junto a otros opositores en caso de una intervención militar de Estados Unidos en la isla, según denunció su familia. El activista, miembro de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), atraviesa un severo deterioro de salud tras una prolongada huelga de hambre, en medio de un total abandono médico.
La hermana del opositor detalló a la prensa independiente que los reclusos fueron advertidos de que serían los primeros en ser ejecutados \»solo por pensar diferente\» si se produjera un escenario bélico o una acción militar externa. Esta grave amenaza se suma al estado crítico de Álvarez Rensoler, quien sufre complicaciones renales severas, fiebres constantes y fuertes dolores que le impiden descansar. Según el testimonio, el activista debe dormir sentado debido a la plaga de chinches en su celda, lo que está \»acabando con su vida lentamente\» bajo la indiferencia de los custodios.
El activista fue arrestado el pasado 30 de enero junto a otros tres opositores por protagonizar acciones de protesta en localidades de Holguín, incluyendo la pintada de carteles antigubernamentales y el daño a una valla con la imagen de Fidel Castro en Birán. Tras 49 días en huelga de hambre exigiendo su liberación, Álvarez Rensoler sufrió un paro cardiorrespiratorio que lo obligó a deponer la protesta. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a su favor el 24 de marzo, exigiendo al régimen de La Habana garantizar su integridad física y una valoración médica urgente, exigencias que hasta el momento han sido ignoradas. El organismo interamericano criticó especialmente que el opositor fuera trasladado a una prisión provisional apenas tres días después de su evento cardíaco.
Patrón sistemático de represión y tortura psicológica
Las amenazas contra Álvarez Rensoler no constituyen un hecho aislado, sino que reflejan el modus operandi de la dictadura cubana para aterrorizar a los disidentes encarcelados. Recientemente, Alieski Calderín Acosta, preso en la prisión Kilo 8 de Camagüey, denunció haber recibido amenazas de muerte directas por parte del director del penal, quien le advirtió que sería \»eliminado\» si cambiaba el panorama político internacional. Estos episodios evidencian cómo el aparato represivo utiliza la intimidación, el maltrato físico y la tortura psicológica como herramientas de control frente a la incapacidad del sistema para gestionar la creciente inconformidad social.
El desprecio del gobierno cubano por las resoluciones de organismos internacionales como la CIDH y su negativa a garantizar condiciones dignas de reclusión auguran un desenlace fatal para decenas de activistas que permanecen en las cárceles de la isla. La pasividad de la comunidad diplomática frente a estos abusos permite que el Estado actúe con total impunidad, profundizando una crisis de derechos humanos que sigue empujando al exilio a miles de cubanos y silenciando, mediante el terror carcelario, a quienes deciden resistir desde dentro.